Paros por industria cementera “estatal y pública”

La coordinadora de sindicatos de Ancap, en defensa de la industria cementera estatal y pública, resolvió movilizaciones con paros que comenzaron el lunes en Bella Unión, continuaron ayer en Paysandú y se extenderán durante junio. A nivel local, se concentraron en la mañana en la planta del organismo, desde donde partió una caravana hasta el centro y efectuaron un acto en la plaza Constitución.

“No hubo cambios en la planificación del directorio de Ancap y el Poder Ejecutivo en el proceso de asociación del ente. Hasta ahora, ocho empresas privadas visitaron las plantas”, dijo a EL TELEGRAFO el presidente de Fancap Paysandú, Horacio Depratti. Según el dirigente, “tampoco hay una respuesta a los trabajadores sobre la duda principal que es saber lo que ocurrirá con los puestos de trabajo. Porque, públicamente, dicen que están asegurados pero cuando preguntamos de qué forma, no nos dicen”.

Las movilizaciones continuarán el 14 de junio en Treinta y Tres, el 15 en Minas y finalizarán el 21 en Montevideo, “defendiendo las tres líneas que lleva adelante la coordinadora en defensa de la industria cementera estatal y pública”.

Depratti enumeró que rechazan “la reprivatización del gas por cañería. Hace años que se privatiza y ya han pasado tres empresas, principalmente en Montevideo. La última fue Petrobras, que tomó la decisión de irse del país. Pero antes de eso, hubo una cantidad de problemas con Montevideo Gas por las reestructuras. Al final se va, y lo que hace el Estado es absorber a la empresa con la gestión de Ancap. Es decir, permanece en el ámbito privado pero con gestión pública”.
Explicó que “se hacen cambios que ya habían sido propuestos por los trabajadores para que funcione mejor. Hace unos meses, Ancap publicó un informe donde dice que con el suministro de gas natural a la población tiene un flujo positivo de caja”. Sin embargo, “recomienda al Ministerio de Industria, volver a privatizarlo. O sea, se quiere desprender de un negocio que da beneficios y privatizarlo por 30 años cuando las empresas anteriores han fracasado”.

Fuentes laborales

La coordinadora está integrada por las extractivas del Sunca, “ante la incertidumbre de que el privado los contrate. Y en el caso de los públicos, no pierden la fuente de empleo pero pueden ser trasladados a otros departamentos. Incluso, dicen que pueden derivarlos a diferentes empresas públicas. Nosotros decimos que si el Estado puede ubicarlos en otras empresas públicas, entonces es que faltan trabajadores en esos puestos”.
Depratti reconoció que “hay privados que trabajan en esa industria con menor cantidad de personas. En Paysandú somos 240 trabajadores –entre funcionarios genuinos de Ancap y las extractivas del Sunca– y Cielo Azul trabaja con 150 personas. Pero, en ese caso, serían cien fuentes laborales menos para el departamento”.
Dentro de las extractivas del Sunca, “los afectados son unos 300. Estimamos menos de un centenar en Paysandú, también menos de cien en Minas y los restantes están repartidos entre Treinta y Tres y Manga. Los funcionarios genuinos de Ancap en las plantas de Paysandú, Minas y Manga somos 250. Es decir, hablamos de unos 550 trabajadores en total”.

Biodiesel

En la Rendición de Cuentas del año pasado, se establece la eliminación de la obligación de la mezcla de combustibles con biodiesel. La Ley Nº 18.195 de Agrocombustibles aprobada en 2007 –en acuerdo de todos los partidos políticos– establecía un mínimo de mezcla de biodiesel de 5% en los tanques de gasoil 50 S.
En la versión taquigráfica de la comparecencia del ministro de Industria, Omar Paganini, a la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, explicaba que “un costo importante que estamos sobrellevando es la mezcla de biocombustibles que, como tal, fue una herramienta interesante para disminuir las emisiones y dinamizar ciertos sectores de la actividad en algunos lugares, pero después de años de análisis es bastante evidente que tiene sus costos”.
En la comisión reconoció que esta decisión afectará “a una unidad productiva restringida o reducida dentro de Ancap, a ALUR, que tiene una plantilla bien reducida y cuenta con un proveedor que le da un servicio y que para él es una de las tantas cosas que forman su cartera de facturación, pero como toda empresa privada también tiene dinamismo para reubicarse y manejarse en otra dirección”. Depratti recordó que “son unos 40 trabajadores en Montevideo que tienen la incertidumbre de lo que ocurrirá con ellos”.