La mesa de diálogo de productores rurales y vecinos –que integran además autoridades de gobierno y empresas forestales– para prevenir incendios forestales realizó en el Centro Universitario un balance de lo actuado y presentó el proyecto de ley que se entregó a legisladores, en tanto se gestiona que ingrese al Parlamento en carácter de “Iniciativa Ciudadana”. El 23 de mayo las comisiones de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados recibieron de manos de una delegación de la Mesa de Diálogo este proyecto “para actualizar y perfeccionar la normativa vigente de prevención de incendios forestales”.
Esta instancia, de la que participaron dirigentes políticos, productores, empresas forestales, y representantes de algunas iglesias, fue “de evaluación y síntesis de lo que fueron estos meses de trabajo a partir de los incendios de comienzo de año”.
“Fueron muchos meses de aprendizaje; nos dedicamos mucho a estudiar, a establecer contactos, a buscar referentes en el tema”, explicó Javier Dalmás a EL TELEGRAFO junto a Santiago Schneider y Darío Dalmás, de la Sociedad de Fomento Rural Puntas de Arroyo Negro, y Rogelio Texeira, del Grupo de Estudios Territoriales del Cenur.
“Presentamos un proyecto de ley que recoge nuestro aprendizaje y las propuestas que entendemos necesario de instrumentarse para prepararnos mejor para el próximo incendio. Los incendios son parte de cualquier sistema productivo y del sistema de producción forestal ni que hablar, entonces incendios va a haber, el tema es cómo nos preparamos como sociedad para enfrentarlos”, puntualizó.
Respecto al contenido de este proyecto, especificó que “tiene 3 ejes principales de propuesta. El primero es en cuanto a la prevención y el control de la prevención que se hace en los incendios”, que actualmente corresponde a la “Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Esta Dirección mostró alguna ineficacia, por llamarlo de alguna manera, al momento de prevenir los incendios”, y según fue “reconocido por la propia Dirección Forestal no hubo casi inspecciones; hubo alrededor de 30 inspecciones anuales para más de un millón de hectáreas de forestación”. Por ello, “proponemos que esa función inspectiva del estado de situación de los montes pase a la Dirección de Bomberos”.
La iniciativa fija también el establecimiento de las distancias entre los bosques y los centros poblados. En ese sentido, Schneider indicó que “a partir de todo este evento tan traumático, se establecieron distancias, un poco aleatorias porque en realidad son voluntarias, de los bosques de los centros poblados; se ha establecido 200 metros en un acuerdo entre las forestales y el Estado”. En tanto, a través de este proyecto “se pretende ampliar a 500 metros, que es lo que está como normativa en otros países”.
El proyecto “está por entrar en estos días como ‘Iniciativa Ciudadana’ al Parlamento. Estamos en ese trámite para ingresarlo de esa manera”, señaló Dalmás.
Respecto a los pasos a seguir, Darío Dalmas señaló que se apunta a “planificar, hacerle un seguimiento a toda esta serie de iniciativas en vistas de que el próximo verano es posible y es probable que en algún lugar del país pueda haber otro incendio, esperemos no de las dimensiones de este, pero justamente aprender de los errores, de la falta de experiencia y desde muchos puntos de vista. La idea es que esto no se diluya, sino que trate de mantenerse un cierto seguimiento que en parte está impulsado por el seguimiento del proyecto de ley”.
EVALUACIÓN GLOBAL DEL DAÑO
“Nos parece que hay una serie de aprendizajes fundamentalmente que ha tenido la gente que vivió el incendio, que esperemos sean aprovechados” y que “sirvan para evitar otras instancias como éstas” y en el caso de ocurrir “nos puedan ayudar a minimizar los daños, los riesgos”, dijo de su lado Texeira.
Admitió que “hay algunas cosas que vemos con cierto nivel de preocupación que no se están tomando en cuenta, que están muy lentas de avanzar, que tienen que ver con una evaluación global del daño”, pues “las que hizo fundamentalmente el Ministerio de Ambiente son parciales”, en tanto “faltan algunas vinculadas a los aspectos sociales, a los aspectos económicos y a los aspectos productivos”, que permitirían “establecer planes de trabajo para evitar en las circunstancias próximas o para poder ayudar y extrapolar fuera de esta región las experiencias que se recogen acá”.
“La evaluación nos parece que es imprescindible para poder construir nuevas políticas públicas”, observó.
“En este caso los productores y la Mesa de Paysandú están en una cosa mínima que es decir cómo cambiamos las reglas de juego para controlar los incendios; en eso se ha avanzado y hay una propuesta”, sostuvo.
Sin embargo, “no tenemos propuesta y acá una cosa nos parece importante: la falta de participación del Sinae, el Sistema Nacional de Emergencias, que había construido un plan de riesgo de incendios forestales para Paysandú y ese plan quedó escrito y nunca se aplicó; habría que ponerlo en práctica con las revisiones que sean necesarias”.
Asimismo, “no hemos visto que desde la Intendencia de Paysandú, que es quien tiene competencia en esto, se haya empezado a trabajar en los planes de Ordenamiento Territorial de cada una de esas localidades que fueron afectadas por los incendios para, entre otras cosas, generar retiros de los bosques forestales sobre el centro poblado y definir cuáles son los usos que pueden tener esos espacios”, reclamó.
“Estamos teniendo un retiro porque es un acuerdo que llegaron las empresas forestales con el gobierno nacional, pero no estamos reglamentando y ha pasado de algún productor forestal que no quiere retirarse”, observó.
En definitiva, “a los que estamos desde la Universidad nos preocupan un poco esas cuestiones que terminan siendo muy lentas y que tenemos en pocos meses un nuevo verano, que es cuando tenemos más posibilidades de incendios y que por eso es que estamos reunidos y tratando de avanzar en ese camino”, concluyó.
