En su programa de gobierno, el entonces candidato a la Intendencia de Paysandú, Nicolás Olivera, reconocía el crecimiento descontrolado de los animales de compañía y la práctica del abandono en las calles que “ha llevado a un estado de emergencia que nos interpela como sociedad”.
En julio de 2020, mientras el planeta atravesaba por el panorama más duro de la pandemia sanitaria, el programa de gobierno no miraba para el costado en otros problemas sociales que hoy demuestran diversas complejidades. Allí, el actual intendente era enfático al señalar que “por eso debemos ir hacia una política pública clara y eficiente en materia de tenencia responsable y bienestar animal”.
Por aquellos días el Parlamento aprobaba –por mayoría– la Ley de Urgente Consideración (LUC) Nº 19.889. En su artículo 377 se creaba el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) que da relevancia a su tarea, en tanto desde 2015 solo existía la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba), donde tomaban decisiones específicamente las representaciones del gobierno. Es decir, las responsabilidades caían en manos de autoridades que ya tenían otras ocupaciones y las decisiones ocurrían en torno a la figura de un gerente. Este INBA es un organismo independiente y dentro de los recursos del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) se presupuestan los aspectos concernientes a su funcionamiento, conformado –además– por representantes de las protectoras y los productores.
Claro que el programa de gobierno del entonces candidato a intendente fue elaborado con anterioridad a la sanción de la LUC. Por lo tanto, refiere a una legislación preexistente como la Ley Nº18.471 o de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales, cuyas “soluciones han resultado insuficientes e ineficaces. Importantes vacíos legales y procedimentales han impedido su correcta aplicación, además de adolecer de problemas en el diseño institucional, el ejercicio de la autoridad y la gestión”.
Sin resultados en la aplicación de la ley, se cerraba un período de gobierno con animales sueltos en la calle, sanciones enfocadas a algunas personas y una comisión sin recursos humanos ni logísticos para recorrer profundamente el país e imponer la ley en toda su dimensión.
El actual intendente veía claramente ese panorama y sus consecuencias. Describía que una población canina controlada “reduce los problemas sociales tales como zoonosis, problemas ambientales, pérdidas productivas, accidentes de tránsito, mordeduras, animales sueltos, maltrato animal y mayores gastos de limpieza de la ciudad por parte de la Intendencia”. Proponía establecer “tres pilares fundamentales: educación, castración y adopción” como una forma de comenzar a solucionar una problemática de nivel nacional. Se comprometía a la “creación de un centro veterinario público municipal de acceso gratuito que atienda situaciones urgentes de animales en situación de calle que estén accidentados o enfermos y posterior derivación a refugios adaptados para tal fin, coordinando con oenegés dedicadas al tema”. Anunciaba “campañas de castraciones masivas y obligatorias, a nivel de todo el departamento para caninos y felinos” y una “política activa de adopción de mascotas en régimen de tenencia responsable”. Además de la “exoneración tributaria a refugios de animales” y el avance “en proyectos de sustitución de tracción a sangre (TAS) en el uso urbano por otros mecanismos al tiempo de atender la situación de quienes evidencian un elevado índice de precarización laboral”.
A dos años de ese programa municipal y de la legislación nacional, muy poco se ha avanzado. Paysandú fue pionero en comenzar con el control de la población canina en julio de 2021, pero a punto de cumplir un año la oenegé se bajó del convenio con la Intendencia ante la falta de recursos propios y la imposibilidad de cumplir con su parte.
En general, el voluntarismo pone esfuerzo y ganas, pero los recursos se limitan a los aportes de colaboradores que, en general, son irregulares. Incluso era imposible que se cumplieran con los cupos de 40 castraciones por jornada. Tanto porque existe desidia en algunas comunidades, así como no existe una campaña masiva de “información, educación y concientización” que insista sobre el problema que es todos.
Porque hay un estudio con datos viejos que es el único insumo para cotejar con esta realidad. En 2017 se calculaban 1,75 millones de perros con dueño en un país con casi 3,5 millones de habitantes. Hay una relación de un perro cada dos personas y esa es una cifra muy elevada. O para comparar con la región, donde es de un perro cada cinco humanos. Y ni que hablar en Europa que es de uno a 10, según el país.
En las áreas rurales, los productores han reflejado su malestar y ya no saben cómo solucionar el destrozo que queda después del ataque de jaurías. Las muertes de las majadas son una foto de la realidad que se complica con los decretos de caza, el abandono de camadas de cachorros en cajas que se crían a campo abierto y la conformación de un círculo vicioso donde parece que nadie fuera responsable.
Durante más de un año hubo una fuerte campaña que solo difundió 135 artículos de la LUC –tanto para su derogación como su confirmación– de un total de 476. Es decir que hay otros 341 que –también– rigen la vida de los uruguayos. Sin embargo, poco se conoce de ese extenso articulado.
Por ejemplo, el artículo 386 de la LUC, que determina la obligatoriedad “de practicar las esterilizaciones de las especies de animales domésticos, de perros y gatos, tanto hembras como machos”. Si se desconoce la ley 18.471 por los propios integrantes de la cadena de actores que deciden en el tema, no sería imposible pensar que la ley es desconocida en la población. Incluso, el código rural habilita al sacrificio del animal que destroza las majadas. Pero no hace falta llegar a eso.
Este pequeño país, tan dividido en chacras, ve cómo la pelota de la responsabilidad se pasa de una cancha a otra sin resolver el problema. Mientras tanto, la política del bienestar animal es diferente, según el territorio.
La intendencia frenteamplista de Canelones tiene la Unidad de Bienestar Animal dentro de su estructura municipal. Las nacionalistas de Colonia y de Rocha cuentan con una Oficina de Bienestar Animal. En uno de los casos, a cargo de un médico veterinario y en el otro, con un animalista y rescatista como referente. O en Río Negro, donde la comisión de Zoonosis trabaja en forma conjunta con las autoridades municipales. Es decir, no es una cuestión de color político sino de conciencia social.
Porque si se deja la solución del problema en manos de la población, solo podemos esperar a que el maltrato animal continúe y empeore todos los días, con consecuencias en el tránsito, la producción y la convivencia.
No es tan difícil de comprender que el tenedor irresponsable no se volverá responsable por generación espontánea, sino por acciones coercitivas y de control. Que aún están lejos de aplicarse.