Hace poco más de un año, en una reunión a la que asistieron los intendentes Nicolás Olivera, Andrés Lima y Omar Lafluf, los centros comerciales de Paysandú, Salto y Río Negro habían transmitido su preocupación ante la inminente reapertura de los puentes internacionales que unen a nuestro país con Argentina y advertido por las serias consecuencias que podrían afrontar las economías domésticas de las tres ciudades en el breve plazo.
En realidad, las gestiones de las gremiales de comerciantes habían comenzado incluso antes, durante el mismo 2020 que los puentes se cerraron. Cuando aquella reunión con los intendentes ocurrió ya existía, por supuesto, una notoria diferencia cambiaria, que en los últimos meses se ha pronunciado enormemente, lo que ha ocasionado que la diferencia entre abastecerse de un lado u otro de la frontera sea muy amplia, demasiado amplia como para dejarlo al libre criterio de cada jefe de hogar. Es que por más “hincha” que se sea de apoyar el comercio y la industria local, la realidad se impone. Dicho esto sin ánimo de justificar ningún tipo de conducta, pero sí con la intención de hacer un encuadre justo respecto a lo que está pasando, es decir, sin apuntar con el dedo a aquel que puede hacer rendir hasta cuatro veces más el salario.
En ese entonces, los directivos de las gremiales empresariales habían transmitido algunas medidas para comenzar a aplicar en las zonas fronterizas, con la idea de que los jefes comunales las elevaran al gobierno nacional para desarrollar las normas que fueran oportunas para hacer una especie de colchón.
Transcurrió el tiempo y la realidad es la que es. Los comerciantes sanduceros están advirtiendo que se perderán entre 5.000 y 7.000 puestos de trabajo y que una medida del estilo “cero kilo” en los puentes, si bien puede redundar en un impacto positivo en el corto plazo, a lo largo del tiempo es difícil de sostener, como comentaba días atrás a EL TELEGRAFO el encargado de política fronteriza del Centro Comercial e Industrial de Paysandú, Juan Martín Della Corte. El directivo además señaló que una acción de este tipo “se tropieza con la falta de personal en la Dirección Nacional de Aduanas, como ocurre incluso ahora con la de cinco kilos por persona y el sistema de registro”. Della Corte abogó por una solución de fondo, pero que se pueda implementar realmente, como la franquicia de 5 kilos si tuviese la Aduana la infraestructura y el presupuesto para llevar adelante.
Claro, son muchas las puntas a atender, porque no solamente el comercio litoraleño se ha perjudicado con esta situación de la diferencia de precios. La “barrera cambiaria” está complicando las perspectivas de la próxima zafra turística en el Este del país. Esto no solamente se está viendo de lejos, sino que el gobierno ha anunciado una serie de medidas, con beneficios para los turistas extranjeros que lleguen al país, de forma de contrarrestar este efecto. “Los visitantes extranjeros no residentes gozarán de la devolución total de Impuesto al Valor Agregado (IVA) en gastronomía, servicios de catering para eventos y alquiler de vehículos, como también la devolución del crédito del 10,5% del importe bruto del precio pactado por concepto de alquileres de viviendas de uso turístico” publicó elentrerios.com, haciéndose eco de las disposiciones orientales. A ellas se suma la devolución del 10,5% por alquileres y al descuento del 30% en combustibles para aquellos visitantes que ingresan a Uruguay en autos particulares.
El propio ministro Tabaré Viera calificó como una “novedad” esta batería de medidas, “dado que los beneficios que suelen establecerse para la temporada de verano esta vez fueron adelantados al mes de setiembre, con la brecha cambiaria latente con Argentina y la masiva llegada de uruguayos a Entre Ríos como telón de fondo”, agrega la nota. En efecto, las medidas para alentar el turismo comenzarán a regir el 1º de setiembre y se extenderán hasta el 30 de abril de 2023 inclusive.
También se anticipó que se está trabajando en la eliminación de la solicitud de una declaración jurada en línea como condición de ingreso al territorio nacional, una de las medidas implementadas durante la pandemia de COVID-19.
En la vecina orilla estas medidas han tenido una rápida reacción favorable entre quienes planifican pasar al menos parte de sus vacaciones de este lado del río, aunque así y todo no va a ser fácil convencer a la gente.
Iprofesional, medio digital de Buenos Aires, publicó un artículo acerca del impacto que tendrían hoy estos beneficios. “Por ejemplo, un litro de nafta en Uruguay tiene un valor aproximado de $ 80 (uruguayos), equivalente a u$s 2. Tomando el cierre del ‘dólar tarjeta’, esto implica $ 504 (argentinos) por cada litro de nafta. El descuento del 30% que aplicará Uruguay lo reduce a unos $ 350, el doble de lo que cuesta en los surtidores nacionales. Por consiguiente llenar un tanque de 50 litros demandará alrededor de $ 17.500 contra los $ 25.000 que hubiera demandado la misma carga sin el beneficio estatal uruguayo”. Lo mismo con los alojamientos, los alquileres de automóviles (que bajan de 21.900 a 17.000 pesos argentinos por día, los gastos de alimentación, etcétera. Es cuestión de ir sumando. La diferencia entre ambos precios es la resignación de ingresos a las arcas del estado que suponen estas medidas.
Tal vez no terminen de convencer, o de alcanzar, a todos los potenciales visitantes que está en veremos entre cruzar o no el próximo verano, pero hay un gesto, una señal y no es de descartar que aparezca alguna otra, faltando tantos meses como faltan para la próxima temporada estival.
Atendido este tema, tal vez ahora haya espacio para diagramar qué se va a hacer con el comercio del litoral, no sea cosa que haya que esperar que la Argentina se encarezca ella sola para que haya una corrección. Y en ese caso ver cuáles y cuántos son los comercios que sobreviven hasta entonces.
