En Santa Fe comenzaron a cobrarle a familias de alumnos por falsas amenazas en escuelas

El gobierno de la provincia de Santa Fe avanzó este fin de semana con una serie de notificaciones dirigidas a familiares de estudiantes identificados como responsables de amenazas en centros educativos, exigiendo el pago de los costos generados por los operativos de seguridad desplegados tras cada episodio.

Entre viernes y sábado fueron entregadas 11 intimaciones en seis departamentos de la provincia --San Lorenzo, La Capital, General Obligado, San Javier, Las Colonias y San Martín-- por un monto total superior a los 36 millones de pesos argentinos, equivalentes a aproximadamente 1.030.000 pesos uruguayos.

La medida forma parte de una acción patrimonial y administrativa impulsada por el gobierno santafesino con el objetivo de recuperar el dinero invertido en cada operativo policial y de emergencia.

El ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, remarcó que “no es broma; es un delito”, al insistir en que los pagos reclamados “corresponden a una indemnización civil por el daño ocasionado al Estado”.

Uno de los casos ocurrió cuando efectivos policiales llegaron a un domicilio para notificar a la familia de un adolescente. Según trascendió, la abuela del joven reaccionó indignada y le reprochó: “¿Qué hiciste, no te da vergüenza?”, al enterarse de que debían abonar 5.802.007 pesos argentinos —unos 166.000 pesos uruguayos— por los costos del operativo. Las autoridades explicaron que las notificaciones detallan el monto exacto adeudado y los medios de pago habilitados. Los responsables cuentan con un plazo de cinco días para abonar; de lo contrario, los antecedentes son remitidos a la Fiscalía de Estado. Cococcioni aclaró además que no se trata de una multa penal, sino de una deuda civil basada en el resarcimiento económico de los gastos ocasionados. En ese marco, la legislación provincial permite avanzar incluso con embargos de sueldo o inhibiciones de bienes. Los montos reclamados varían según el despliegue realizado en cada procedimiento e incluyen combustible, utilización de vehículos oficiales, brigadas especializadas --como explosivos-- y horas de servicio policial.