No fue satisfactorio el tenor de la reunión que mantuvo una delegación de la Unión de Transporte Turístico del Uruguay (UTTU), con autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a efectos de obtener una revisión de la decisión de reafirmar la vigencia del decreto –que no se aplicaba– por el que se acota la edad de los choferes de transporte de pasajeros entre 25 y 65 años, lo que afecta a las empresas de microtransporte turístico.
Integrantes de la gremial de microtransportistas indicaron a EL TELEGRAFO que las autoridades ministeriales reiteraron que este decreto rige desde hace muchos años y que se va a exigir su cumplimiento, aunque habrá cierta flexibilidad en un período de unos meses, para que las empresas vayan adoptando las medidas correspondientes a efectos de quedar enmarcadas en lo que establece la normativa legal para este transporte.
Dijeron los informantes que se les comunicó que esta flexibilidad implicará en principio y por ese período la posibilidad de que en lugar de aplicar desde el vamos una sanción a quienes estén fuera de la normativa, reciban primero un apercibimiento, en tanto de darse la infracción por segunda vez, se aplicarán las sanciones correspondientes.
A su vez, ya pasado este período de cierta flexibilidad, ya se aplicará en todo su rigor la normativa, sin la advertencia y con las correspondientes medidas sancionatorias.
Los dirigentes de la UTTU expresaron que en las próximas horas se reunirán los integrantes de la gremial, a efectos de dar cuenta en detalle sobre los alcances de la reunión, y acordar las eventuales acciones a emprender en caso de que así se estime pertinente.
Acotaron asimismo que se acordó con las autoridades ministeriales transmitir por escrito lo que se comunicó en la reunión de las últimas horas. Recordaron que los propietarios de más de 500 microempresas de transporte turístico se ven enfrentadas a una difícil situación al establecerse los límites de edad de entre 25 y 65 años y otros requisitos para choferes, teniendo en cuenta que se trata en su mayoría de empresas familiares que en algunos casos deberán reconvertirse desde el punto de vista laboral –lo que no es fácil–, para no quedar en infracción.
