Buenos Aires, 22 (EFE)
Un fiscal pidió este lunes que se condene a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, a 12 años de prisión al considerarla la “jefa” de una trama de “corrupción sistemática” en torno a la obra pública que causó un millonario perjuicio para el Estado.
“Se trata probablemente de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, afirmó el fiscal Diego Luciani en su alegato final en el juicio que se sigue desde mayo de 2019 por la denominada “causa Vialidad”.
Según el procurador, Fernández, que gobernó Argentina entre 2007 y 2015, fue la “jefa” de una asociación ilícita conformada por funcionarios públicos de “alta jerarquía” –para quienes el fiscal también solicitó diversas penas– y que actuó por los móviles del “ánimo de lucro y la codicia”.
Además de pedir que Cristina Fernández vaya a prisión por el presunto delito de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, Luciani solicitó que se la inhabilite a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
Pidió asimismo que se decomisen bienes de los acusados por valor de 5.231 millones de pesos (36,4 millones de dólares), cifra a la que, según la Fiscalía, llegó el fraude orquestado por esta “asociación ilícita”.
En este proceso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz.
“Se trató de actos de corrupción sistemáticos, promovidos y mantenidos por los máximos responsables políticos del país, que arrasaron con todos los principios de la contratación pública y que provocaron un gravísimo perjuicio a las arcas del Estado”, aseveró el fiscal.
Según Luciani, hubo por parte de la ahora vicepresidenta un “apartamiento de cualquier tipo de escrúpulo para alcanzar el móvil ambicionado” y un “desprecio hacia la ciudadanía en general al emplear fondos que debían haberse destinado a una utilidad social en provecho personal”.
Al concluir el alegato de Luciani, el abogado defensor de Cristina Fernández, Carlos Beraldi, solicitó al tribunal que se le otorgara a la vicepresidenta la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria, lo que fue rechazado por el tribunal por lo que las alegaciones de la defensa comenzarán el 5 de setiembre.
Por otro lado, las manifestaciones a favor y en contra de la expresidenta comenzaron apenas saberse el desarrollo del juicio frente a la casa de Fernández.