La pérdida de salario real de los trabajadores en los últimos dos años es un hecho incontrastable, tanto desde el punto de vista de la percepción del ciudadano común, que ha sufrido como los precios se han reajustado sostenidamente por encima de lo que han evolucionado sus ingresos, pero igualmente ante los números fríos –reflejo de la situación social consecuente de esta asimetría– también estamos ante un escenario muy complejo, que ha tenido sobre todo una influencia decisiva de factores que no se pueden prever ni manejar –caso de la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania–, conjugado con precarias situaciones internas y falencias estructurales que datan desde hace muchas décadas.
Los datos que periódicamente divulga el Instituto Nacional de Estadística (INE) son a la vez una fuente que no se cuestiona desde el punto de vista técnico, porque pulsa estadísticamente la realidad socioeconómica del país desde hace muchos años, durante todos los gobiernos, y los datos precisamente indican que con los salarios y prestaciones retrasados respecto a la inflación, la resultante es una erosión del poder adquisitivo de los sectores involucrados, aunque no afecta a todos por igual y por lo tanto de lo que se trata es de promedios que marcan un contexto general, pero que en los hechos afecta a unos más y a otros menos.
A propósito de la pérdida de salario real, el Instituto Cuesta Duarte –dependiente de la central sindical Pit Cnt– dio a conocer recientemente un informe en el que indica que además de la pérdida de salario real hoy la economía uruguaya es capaz de generar mayor riqueza que en 2019. Pero la masa salarial real no solamente no ha crecido en igual proporción, sino que se ha reducido en términos absolutos provocando un empeoramiento sustancial en la distribución entre trabajo y capital, agrega.
A su vez, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) emitió un comunicado y, además, brindó una conferencia de prensa a propósito de la situación del salario real a julio de este año 2022. En ese reporte se destacó que de cada 10 trabajadores del sector privado, 5 no perdieron poder adquisitivo del salario o tuvieron una pérdida inferior al 1% comparando julio 2022 con julio de 2020. La mirada general da la sensación de que todos los trabajadores perdieron poder adquisitivo y eso no es así, sostuvo precisamente el ministro del área, Dr. Pablo Mieres, en concordancia con el relato de la “carestía” que se pretende instalar.
Respecto al estudio del instituto de la central sindical, el jerarca dijo que algo que “es frecuente” es que, “tanto en el Pit Cnt, como en el Frente Amplio”, se habla “de estas cosas como si uno viviera en una burbuja, como si viviéramos adentro de un táper, como si no fuéramos parte del mundo”.
“El mundo se encuentra con que las tasas de inflación se dispararon en todas partes. Y el problema del salario es un problema en todas partes, porque, por ejemplo, España, país del mundo europeo, desarrollado, con gobierno socialista, en lo que va del 2022 tiene una pérdida de 5% de salario real”, dijo.
“Los salarios en el mundo cayeron entre 2020 y 2021. (Según) informes de la OCDE (Organización para la Coooperación y el Desarrollo Económico), en el orden del 6%. Uruguay no puede ser la excepción. Ni hablemos de la región, que tiene problemas de caída del salario real muy importantes”, agregó.
Bueno, ni tanto ni tan poco, porque efectivamente, por más estudio “técnico” que sea, las evaluaciones que hace el Instituto Cuesta Cuarte siempre están cargadas de subjetividad en base a la ideología que profesa la central sindical, enfrascada además en una oposición frontal contra el actual gobierno. La evaluación que hace sobre la creación de más riqueza que en 2019 que no se traduce en mayor masa salarial es una teoría voluntarista que no se asienta sobre las bases reales de la economía, ni en Uruguay ni en ningún otro país del mundo.
A su vez Mieres fue cuestionado sobre el compromiso asumido por el Gobierno al inicio del período respecto a la recuperación salarial y acerca de si deberían haber sido más cautos a la hora de tomar ese desafío, lo que es muy cierto, porque asumir compromisos antes de iniciar un gobierno también implica evaluar, digamos ingenuamente, que nunca va a haber variables que queden fuera de control, aunque no es frecuente que sean como en este caso, de la magnitud que han implicado el azote de una pandemia que paralizó e hizo retroceder la economía en todo el mundo, y cuando las cosas recién volvían a su cauce, sufrir el impacto de una guerra que hizo disparar los precios de los alimentos y la energía a nivel global.
Mieres dijo que “vivimos en un mundo que es distinto, totalmente distinto. Nadie imaginaba que iba a haber una invasión, ni las potencias europeas imaginaban que Rusia se iba a animar a invadir Ucrania”, aunque también sostuvo que “el compromiso de alcanzar la recuperación salarial está en pie”.
En estas visiones contrapuestas de la realidad es pertinente tener en cuenta que la pérdida de salario real, más allá de la brecha entre precios y salarios, es mucho mayor en los hogares de menores recursos, donde el componente de los alimentos y la energía tiene mucho mayor incidencia que en los sectores que perciben mayores ingresos en general, por lo que el impacto social es mucho más significativo que el de los números que manejan las estadísticas.
Tampoco se debe caer en el simplismo del Instituto Cuesta Duarte y del Pit Cnt de que hay falta de voluntad política del gobierno en cuanto a promover una mayor distribución de la riqueza, de generar aumentos de salarios y atenuar el alza de la inflación y los precios en general, porque aún en el supuesto de que no tenga disposición política como le atribuye la izquierda por su carácter opositor, no hace falta tener más de dos dedos de frente para inferir que de no hacerlo, su derrota electoral será inevitable, y ningún dirigente es tan tonto como para tener vocación de suicidio político.
De lo que se trata –y no es nada fácil, mucho menos en esta coyuntura global– es conciliar la intención de subir el salario real y a la vez reducir el desempleo en el sector privado –el único motor de la economía, por supuesto– cuando además el Uruguay tiene altísimos costos internos respecto a la región y también en el comparativo global, además de que la situación de las empresas distinta de ser saludable, por decir lo menos.
La respuesta para este formidable desafío en un mundo todavía convulsionado y problematizado es muy compleja, y mucho más en el corto plazo, porque no es nada fácil generar transferencia de recursos entre diversos sectores para nivelar la balanza, cuando cada uno defiende sus legítimos intereses y demás las inversiones se retraen cuando se plantea inestabilidad, ante el riesgo. Eso sin considerar casos particulares, como el del litoral uruguayo y puntualmente Paysandú, donde la economía general está al borde de la crisis por el “bagayo” con Argentina –país que está fundido gracias a políticas asistencialistas y corrupción– y difícilmente se pueda siquiera mantener los salarios actuales.
Esperamos que el gobierno tenga la capacidad de poder atar estas moscas por el rabo, y que no se atraviesen nuevamente factores distorsionantes a nivel internacional que den por tierra con la legítima aspiración de que los uruguayos podamos mejorar nuestra calidad de vida sobre bases sustentables, sin volver a la clásica “bicicleta” de gastar hoy lo que no se tiene, esperando que mañana la divina providencia proveerá.
