(El País)
Los funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) podrán cobrar una partida de dinero extra durante este año si evitan que haya más homicidios, suicidios y hospitalizaciones en las cárceles. De acuerdo con un compromiso de gestión entre el Ministerio del Interior y el INR, aprobado en un decreto firmado por el presidente Lacalle Pou el 15 de setiembre, los funcionarios tendrán 15 metas para cumplir y cuyos objetivos son mejorar los registros actuales para cada una de ellas.
En el decreto, de 25 páginas, se indica que los objetivos del compromiso de gestión son: “propender a la utilización de instrumentos de planificación”, “promover la seguridad integral de las personas privadas de libertad (PPL)” y “promover la rehabilitación a través de actividades educativas y/o laborales”.
La primera meta tiene como objetivo “propender a la utilización de instrumentos de planificación” y para alcanzarla los funcionarios deben elaborar y presentar dos informes y un plan operativo anual para 2023. La segunda meta es reducir la cantidad de presos “hospitalizados por lesiones autoinfligidas o producidas en incidentes violentos dentro de cada unidad”. La tercera apunta a que baje la cantidad de reclusos fallecidos “por homicidio dentro de cada unidad”.
Entre las demás metas también se pide como contrapartida para el ingreso extra que se reduzcan los suicidios. Otro criterio que podrá generar que los funcionarios accedan al cobro del compromiso de gestión es aumentar “el promedio semanal de PPL que desarrollan alguna actividad educativa formal dentro de cada unidad” así como de las actividades no formales y horas destinadas a tareas laborales.
En el decreto se agrega, además, que este tipo de compromisos de gestión han “contribuido a un cambio en la cultura organizacional desde el desarrollo de capacidades humanas para la profesionalización de las funciones, como el desarrollo de tecnologías de la comunicación y la información que propenden a protocolizar procedimientos internos y servicios a la ciudadanía”.
Y por último se sostiene que con su aplicación “se busca generar un nuevo modelo de gestión basado en resultados, donde el personal sea evaluado por su capacidad y compromiso con el servicio público”.
Otra de las metas que estipula el compromiso de gestión indica que los encargados de unidades que registren un 10% de sus presos participando en proyectos educativos y laborales en cada semestre accederán al premio económico.
Además se contemplan situaciones vinculadas a la gestión de los recursos materiales, como el mantenimiento de los vehículos que tiene asignados cada unidad. Siguiendo el objetivo de “promover el cuidado” de las unidades, se exige para obtener el beneficio que al menos un 50% de la flota permanezca en servicio por más de 20 días mensuales.
También se marca como otra meta el “mantener actualizada la información en el Sistema de Gestión Carcelario con los hechos relevantes” que ocurran en las unidades. Se especifica que los “incidentes” que serán tenidos en cuenta son las fugas y los intentos de fuga, los intentos de autoeliminación, los fallecidos y la incautación de sustancias.
Por último, se pide como una meta a cumplir que los encargados ingresen de forma mensual el 100% de casos en prisión domiciliaria y arrestos. Y que se lleve un control actualizado de los “incumplimientos generados en el uso de tobilleras electrónicas”, un registro que a enero de este año fue del 0%.
FENAPES RECHAZA DOCUMENTO DEL CODICEN
(FENAPES)
El Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) emitió un comunicado donde rechaza el documento preliminar presentado por el Codicen el pasado jueves. “Constituye una clara falta de seriedad institucional que se haya optado difundirlo mediante la prensa antes que por las vías y mecanismos oficiales”, dice el documento. “Evidencia la estrategia de marketing que siguen las autoridades así como el desconocimiento del cuerpo docente, sus organizaciones representativas y los ámbitos de negociación colectiva”, continúa.
También que “es una falta de seriedad académica que se haya presentado una propuesta a ser implementada en 2023, sin los programas respectivos y sin el Reglamento de Evaluación de Pasaje de Grado”. Más a fondo, Fenapes opina que “en el marco de un relato que dice querer escuchar y dialogar con los actores del sistema educativo, se promueve la incertidumbre y el miedo, modificándose condiciones laborales que son materia de Negociación Colectiva”.
Fenapes culmina el comunicado diciendo que solicita una reunión urgente con el Codicen, para acceder oficialmente al documento aprobado por la mayoría.
POBREZA ESTÁ EN EL 7,4%
(Ine)
Para el Primer semestre del 2022, en el total del país la proporción de hogares bajo la línea de indigencia (LI) se estimó en 0,3%. Esto significa que cada 1.000 hogares, 3 no superan el ingreso necesario para cubrir las necesidades básicas alimentarias. La incidencia de la pobreza se estimó en 7,4%, implicando que de cada 1.000 hogares, 74 se encuentran por debajo de la línea de pobreza (LP). La estimación de la indigencia a nivel de personas para el total del país señala que de cada 1.000 personas, 4 no alcanzan el ingreso mínimo previsto para cubrir las necesidades alimentarias básicas.
Por su parte, el valor que toma la proporción de personas pobres para el primer semestre del 2022 implica que de cada 1.000 personas, 107 no superan el ingreso mínimo para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias consideradas por esta metodología.
