De acuerdo al estudio sobre el mercado de transporte carretero de cargas en el Uruguay, del que son autores los consultores Pablo Rosselli, Florencia Carriquiry, Marcelo Pérez, Diego Varela, para la División de Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la informalidad laboral en el sector se presenta, principalmente, en empresas de menor tamaño y que emplean trabajadores con un menor nivel educativo. Este resultado sugiere que la informalidad está asociada a trabajos de menor productividad y a empresas de menor rentabilidad, consigna el estudio.
A su vez, teniendo en cuenta la problemática del sector, recomienda una serie de acciones de estímulo desde el Estado, que permitiría una modernización de la flota a través de medidas como líneas de crédito para la renovación de la flota e incremento progresivo de los estándares mínimos de las unidades, así como fortalecimiento de los controles relativos al cumplimiento de la regulación del sector y de las obligaciones tributarias.
Destaca que el mercado de transporte carretero está compuesto por aproximadamente 2.400 empresas, que dan empleo directo a más de 12.000 personas, con una facturación total anual superior a los 1.000 millones de dólares, y considera que en las empresas más grandes la rentabilidad en la industria está en línea con la observada para la economía en su conjunto.
Con base en la información disponible, de las algo más de 2.400 empresas, la estructura del sector se compone de poco más de 1.700 microempresas (70% del total), unas 500 empresas pequeñas (21%), unas 200 empresas medianas (9%) y unas 20 empresas grandes.
A juicio de los autores del informe, y sin que se adviertan fallas de mercado evidentes al interior del sector, la actuación de las políticas públicas podría enfocarse en dos líneas de acción: medidas de aliento a mayores niveles de productividad en las empresas de menor tamaño y medidas de mitigación de externalidades (seguridad en el tránsito y emisión de gases de efecto invernadero).
Unidades antiguas en empresas más pequeñas
En relación con el primer aspecto, las estimaciones indican que el sector opera con niveles de informalidad superiores a los que se observan en el conjunto de la economía y que esta informalidad se concentra en empresas de tamaño reducido, las cuales también operan con menores niveles de productividad. Aunque no se cuenta con información de antigüedad de la flota según el tamaño de las empresas, se indica que es muy probable que la flota más antigua esté concentrada, justamente, en las empresas más pequeñas.
En vistas de lo anterior, se estima que hay un espacio relevante de actuación de las políticas públicas para promover una modernización de las empresas del sector, con foco en las de menor tamaño. Esa modernización debería buscarse a través de la combinación de un conjunto de medidas, a saber: líneas de crédito para la renovación de la flota e incremento progresivo de los estándares mínimos de la flota, y fortalecimiento de los controles relativos al cumplimiento de la regulación del sector y de las obligaciones tributarias.
Créditos y leasing
Respecto a la oferta de crédito, el sector opera habitualmente con líneas de leasing para renovación de flota. Aunque el análisis de la oferta de financiamiento del sector estuvo fuera del alcance de este trabajo, a partir de las entrevistas realizadas y de un relevamiento de la oferta (en sitios web de instituciones bancarias y de otras empresas financieras) se puede observar que esas líneas están disponibles en dólares estadounidenses o en unidades indexadas, lo cual, probablemente, termine limitando la demanda de crédito. De hecho, el endeudamiento del sector resulta reducido y la antigüedad media de la flota supera los catorce años, con un 30% que excede los veinte años. Se trata de niveles de antigüedad de la flota que prácticamente duplican los que se observan en los países de la OCDE, analizan los economistas. En ese contexto, el desarrollo de líneas de crédito para renovación de la flota en pesos nominales y a plazos largos podría favorecer una mayor inversión en la flota. Hasta el momento, en Uruguay este tipo de oferta de crédito ha sido muy limitada; si bien, efectivamente, se han desarrollado líneas en unidades indexadas, las tasas de interés nominales implícitas también resultan ser altas (producto de niveles de inflación relativamente elevados y de las tasas reales involucradas), al tiempo que la variación mensual (y creciente) de las cuotas (medidas en pesos) también reduce el atractivo de esa modalidad de financiamiento.
El escaso desarrollo de la oferta de crédito de mediano y largo plazo en pesos está, lógicamente, asociada a la larga tradición de inflación en Uruguay y al escaso fondeo que las instituciones bancarias obtienen en pesos nominales. Sin embargo, en la medida que el Banco Central logre encauzar la inflación hacia niveles más bajos a nivel internacional, debería abrirse cierto espacio para desarrollar líneas de crédito a plazos más largos en pesos nominales, según evalúan.
El desarrollo de líneas de crédito más atractivas resultaría consistente con el objetivo de incrementar los estándares de calidad de la flota, lo cual conduciría a mitigar externalidades y a elevar la productividad del sector (mayor eficiencia en consumo de combustibles y reducción de costos de mantenimiento).
Indican a su vez que la modernización del sector debería venir acompañada de un mejor cumplimiento de la normativa vigente, tanto en lo relativo a las regulaciones como a las obligaciones tributarias. El establecimiento de sistemas electrónicos de contralor de la flota contribuiría a ese objetivo. Idealmente, esos sistemas deberían proporcionar (de un modo eficiente y en tiempo real) información relevante para las autoridades, pero también deberían ofrecer, a las empresas, diversos indicadores de gestión, con referencias de eficiencia para cada uno de ellos. Estos datos resultarían particularmente valiosos para las empresas de menor tamaño, que cuentan con escasos recursos para analizar de un modo sistemático los costos de sus operaciones, precisan.
Subrayan que es posible pensar en el desarrollo de una línea de actuación de política pública que procure simultáneamente reducir los niveles de informalidad, y elevar los niveles de productividad y eficiencia del sector. Aunque esas intervenciones tendrían un impacto mayor y más directo en las empresas más pequeñas (produciendo un aumento de la productividad y una reducción de la informalidad en esas empresas), probablemente también alentaría una mayor inversión en las empresas medianas y grandes.
