El acceso a la cultura es un derecho humano fundamental consagrado por la Declaración de Derechos Humanos. No obstante, por diferentes motivos, como puede ser la distancia geográfica o la situación social, económica, sanitaria, entre otros, la práctica de este derecho no siempre es posible. Por eso, el Estado a través de sus gobiernos nacionales, departamentales y locales tiene la obligación de generar instrumentos para facilitarlo.
Lo que comúnmente se denomina “sector cultural” –y que engloba a una muy diversa gama de instituciones públicas y privadas así como a los creadores y artistas y sus respectivas actividades– posee también una dimensión económica, tanto por los recursos que moviliza como en lo que refiere a la generación de empleo.
En este sentido es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 señalan el aporte de las actividades culturales económicas a través de la generación de ingresos y empleo mediante la generación de bienes y servicios por emprendimientos, empresas o iniciativas del sector artístico, cultural o creativo.
Por otra parte, el conocimiento de la realidad en este tema es un debe importante en este tema en los diferentes países de Latinoamérica ya que son muy pocos los instrumentos que existen al respecto a pesar que la evaluación del financiamiento público para el fomento de la cultura y la economía creativa ha sido destacada por la Unesco como uno de los 22 indicadores relevantes que deben considerarse para identificar la contribución de la cultura a la generación de modelos de economías más inclusivas y sostenibles.
En este sentido, un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado “Financiamiento público a la cultura y la creatividad en América Latina y el Caribe”, concluye que independientemente de las necesidades y demandas surgidas durante la pandemia, “el presupuesto en cultura es escaso ante las múltiples necesidades que tiene el sector, asociadas no solo a la ejecución de actividades, sino también, por ejemplo, a la formación de capacidades y a la inversión en infraestructura”.
El estudio mapea la institucionalidad y los recursos asociados a la implementación de políticas culturales y de economía creativa en América Latina y el Caribe a través de un análisis presupuestario, un análisis de los instrumentos de fomento y un análisis de las percepciones que distintos encargados de las decisiones, tanto funcionarios públicos como autoridades políticas, tienen sobre la gestión y la aplicación de dichas políticas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, Jamaica, República Dominicana y Trinidad y Tobago.
“Entre los principales hallazgos de la investigación se encuentra la extendida percepción de que el presupuesto asociado al fomento de la cultura y la economía creativa sería escaso ante las múltiples necesidades que tiene el sector. En efecto, estas no solo estarían asociadas a la ejecución de actividades artísticas y culturales, sino también, por ejemplo, a la formación de capacidades y a la inversión en infraestructura”, señala el documento.
En este sentido, es un dato revelador que en promedio para Latinoamérica y el Caribe “la participación del presupuesto de la institucionalidad cultural en el presupuesto del gobierno central equivalente a un promedio de 0,34% en 2018”. Los países que contemplan un mayor porcentaje de participación en el presupuesto total gubernamental son Costa Rica, con 0,79%; Trinidad y Tobago, con 0,69%, y Uruguay, con 0,56%.
También surge de la investigación que de los países analizados, sólo cuatro (Argentina, Chile, Colombia y México) cuentan con información disponible asociada a los recursos destinados desde otras instituciones públicas a programas de cultura, y solo en Argentina y Chile se publica de forma periódica. A su vez, la información que poseen los gobiernos locales sobre el financiamiento a la cultura es, en general, muy limitada y sólo Brasil cuenta con una publicación donde se presenta el presupuesto a nivel desagregado de municipios y estados para el año 2018.
Se indica también que “el principal desafío” que enfrentan los responsables de las decisiones es el bajo presupuesto que se les asigna para implementar las iniciativas, considerándola “una de las áreas con menor presupuesto respecto del resto de los campos de acción gubernamental”.
Los fondos concursables constituyen la tendencia más clara en cuanto a políticas de fomento con destino a diversos sectores culturales, artísticos y ámbitos de la cadena de valor cultural. En Uruguay se inscriben en esta línea los Fondos Concursables para la Cultura así como la modalidad de vouchers de innovación para empresas de las industrias creativas.
Ahora bien, unido al aumento de la oferta cultural necesariamente habrá que considerar la demanda, es decir, el consumo cultural de la población y la creación de públicos como elemento sumamente necesario de la ecuación a largo plazo. A nivel latinoamericano, se identifican dos experiencias asociadas al fomento de la demanda, a través de consumo intermedio y final, que se han implementado en Paraguay y Uruguay apoyadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En nuestro país se trata del Programa de Innovación en las Industrias Creativas es una iniciativa implementada a través de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), que consiste en cinco instrumentos en el programa, de los cuales dos están asociados al fomento de la demanda de servicios creativos por parte de empresas pertenecientes a otros sectores económicos.
“Por un lado está Exploración creativa, que busca promover que las empresas de sectores tradicionales se vinculen con empresas de las industrias creativas para explorar el desarrollo de acciones disruptivas que puedan agregar innovación y valor diferencial a productos, servicios, procesos o formas de comercialización de las empresas tradicionales, otorgando hasta 160.000 pesos uruguayos no reembolsables” y por otro “un programa de vouchers de innovación para contratar empresas de las industrias creativas”, que opera a través de financiamiento directo para contratar empresas creativas, que entre 2017 y 2020 fortaleció a un total de 385 empresas nacionales.
El acceso y disfrute cultural es un derecho cuya práctica no sucede espontáneamente sino que requiere de su consideración activa en los presupuestos públicos y el desarrollo de políticas estatales, además de un adecuado financiamiento. Continuar avanzando en estas cuestiones implicará la disminución de brechas aún profundas que necesario abordar desde una mirada de diversidad territorial y cultural y con la generación de instrumentos que permitan conocer mejor las realidades para asignar con más coherencia recursos aún escasos.
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