La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores recibió esta semana a una delegación integrada por dos miembros del Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales, acompañados en esta oportunidad por el alcalde de esa ciudad, Martín Alvarez, cuya presencia los ambientalistas valoraron.
El grupo, tras el encuentro, reconoció que los datos que se conocieron sobre los productos químicos empleados en el vivero, de los que solo 2 de 17 reconocidos por la empresa, salieron a la luz a raíz de la resolución del Ministerio de Ambiente, que intimó a UPM a declararlos ante el Ministerio de Ganadería. Inicialmente el grupo había calificado de “blanda” y de “romántica” la actuación de la cartera que conduce Adrián Peña. “Esa resolución intimaba a corregir toda esa situación, si no la empresa sería pasible de multas. Pero también en la resolución intima a la empresa que declare los productos que utiliza. Fruto de esa resolución accedimos a los informes que nos sorprendieron a nosotros como a muchas autoridades”, manifestó Marcelo Fagúndez tras el encuentro.
El guichonense reprochó que la empresa “en varias oportunidades ha dicho públicamente a través de su director de comunicación Matías Martínez que cumple con toda la norma vigente en Uruguay. Las pruebas y los documentos señalan que no es así”, agregó. Fagúndez enfatizó en que estas constataciones echan por tierra los argumentos de la empresa que “ha dicho que nuestras afirmaciones no tienen sustento, no tienen rigor científico; ahora están cayendo con el correr del tiempo, con la llegada de la documentación y los hechos”.
En su declaración el grupo dice esperar “expectantes a lo que pueda expresar el intendente, seguramente en los próximos días ya tengamos las nuevas resoluciones del Ministerio de Ganadería y del Ministerio de Ambiente, que extraoficialmente ya nos han señalado que se va a sancionar fuertemente a la empresa”.
De hecho el intendente Nicolás Olivera tuiteó ayer el comentario “Hablando de la responsabilidad de los poderosos para con el país…” acompañando una captura de una nota del diario El Observador en la que se da cuenta de la reunión. El jefe comunal ya había tenido expresiones de reproche anteriormente hacia las empresas forestales en ocasión de denunciar la destrucción de caminos rurales al transitar inmediatamente después de un período de lluvias con importantes cargas, con calificaciones como “terroristas de los caminos”. En la nota que replicó Olivera se da cuenta de lo publicado por EL TELEGRAFO el 4 de octubre: la empresa utiliza en el vivero Santa Ana agroquímicos en usos para los que no están autorizados.
El grupo guichonense agrega que han tenido ofrecimientos de parte de integrantes de la Universidad de la República para cuantificar los daños sufridos por el ecosistema, “y en base a eso empezar a hacer algún planteo que puede ser a nivel legislativo o a través del Municipio o la Junta Departamental, para empezar a buscar mecanismos para que estas empresas trasnacionales, que ocasionan problemas en los territorios, reparen los daños ocasionados”.
A la vez adelantaron su intención de promover a través del Ministerio de Salud Pública una investigación en busca de detectar la presencia de algunos de estos químicos en el organismo de los trabajadores dependientes de la empresa.
Por otra parte la comisión parlamentaria resolvió invitar a concurrir a la primera sesión de noviembre al Ministerio de Ambiente, a efectos de informar sobre el proyecto de ley de Delitos Ambientales.
La comisión está presidida por Amanda Della Ventura, y la integran además Daniel Caggiani (FA), Germán Coutinho (PC), Sandra Lazo (FA), Eduardo Lust (CA, en condición de suplente), Gloria Rodríguez (PN) y Juan José Sartori (PN).
