(SUBRAYADO-El Observador)
El Poder Ejecutivo cambió de estrategia y resolvió no apelar la decisión de la Justicia, que hizo lugar a la demanda de amparo de la Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT), que suspendió la aplicación del nuevo decreto que introduce cambios a la presentación de los cigarrillos.
El gobierno resolvió no abrir una nueva instancia judicial en el asunto mediante la apelación y aguardará que el tema lo resuelva el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), dijeron fuentes del Poder Ejecutivo a Subrayado. La jueza María Elena Emmenengger Giambiassi dispuso esta semana hacer lugar “parcialmente a la demanda de amparo” que presentó la SUT, que alegó que el decreto de Presidencia viola el Código de la Niñez y la Adolescencia.
La suspensión quedó efectiva de forma inmediata y será “hasta que quede firme el acto administrativo o para el caso de tramitarse la vía anulatoria, hasta que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dicte sentencia ejecutoria”. Las fuentes del gobierno expresaron que en el Poder Ejecutivo se ve bien que sea el TCA el que decida si se mantiene o no el decreto.
El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, explicó que el gobierno decidió no apelar porque hay otros recursos que corren en paralelo, y no pareció correcto que se superpongan.
“Hay recursos que están corriendo en paralelo, presentados sobre este tema. Y para no sumar una nueva instancia judicial se va a esperar que se diluciden para tomar una definición”, expresó.
La decisión “tiene mucha oportunidad jurídica”, añadió Delgado. “Siempre las decisiones de un gobierno terminan siendo políticas, pero acá con un respaldo jurídico”, afirmó. Usualmente un proceso de nulidad ante el TCA, la justicia administrativa integrada por cinco ministros, lleva entre dos y tres años.
CAPTURA INTERNACIONAL PARA MARSET
(El Pais-Montevideo Portal)
La Justicia de Paraguay ordenó la captura internacional y su publicación en la web de Interpol del narco uruguayo Sebastián Marset y sus socios líderes de una megarred narco, Miguel Ángel Insfrán Galeano (alias Tío Rico) y Gilberto Esteban Sandoval Giménez, por los hechos de importación y exportación de sustancias, asociación criminal y lavado de dinero, según informó el diario paraguayo ABC. Los fiscales de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico de Paraguay formularon la imputación número 12 contra el narco uruguayo, buscado también por su identidad boliviana Gabriel de Souza Baumer.
La justicia incautó bienes valuados en U$S 249 millones, según un informe del Congreso de Paraguay de 875 páginas. Para los tres, investigados en el operativo “A Ultranza PY” y señalados como líderes de una megarred de narcotráfico, se piden entre 5 y 10 años de prisión por importación y exportación de sustancias estupefacientes, 5 a 15 años de cárcel por lavado de dinero y entre 5 a 15 años de privación de libertad por asociación para delinquir. Según ABC, la pena máxima aplicable en caso de que sean condenados sería de 22 años y seis meses de penitenciaría; el plazo de prescripción de estos delitos es de 15 años.
La nueva orden de captura para Marset –que se hacía llamar Gabriel de Souza Baumer, según documentos bolivianos falsos– y para sus socios se publicó en la sección “Wanted Persons” (Personas buscadas) en la web de la Interpol.
HASTA MARZO PRISIÓN PARA ASTESIANO
(Subrayado)
La Justicia hizo lugar al pedido de la fiscal Gabriela Fossati y extendió la medida cautelar de prisión preventiva para Alejandro Astesiano, imputado por asociación para delinquir, tráfico de influencias y suposición de estado civil (falsificación de documentos). Además, a un ciudadano ruso y un escribano, también imputados en la causa.
Durante la audiencia la fiscal Fossati hizo referencia a dos jerarcas del Ministerio del Interior que son sospechosos y dijo que tiene en carpeta mensajes entre Astesiano y un jerarca que comprueba el vínculo.
“Se ha identificado a dos jerarcas del Ministerio del Interior que ya han sido citados a la Fiscalía. Se les ha dado todas las garantías en su calidad de imputados. Han preferido no declarar y a su respecto se están pidiendo diligencias adicionales. Se pidió informes al Ministerio del Interior porque estas dos personas son policías”, dijo Fossati al finalizar la audiencia judicial.
Consultada acerca de la investigación sobre estos dos jerarcas policiales, la fiscal dijo que ha encontrado toda la colaboración necesaria: “He tenido una receptividad muy importante del Ministerio del Interior. Se está investigando a funcionarios públicos porque otros funcionarios públicos los están investigando. No me cerraron las puertas nunca”.
Fossati aclaró que la extensión de la prisión para Astesiano y sus cómplices, se enmarca en “una investigación en la que día a día llegamos a nuevos datos y es importantísimo resguardarlos. Correspondería la libertad si no hubiera riesgo de perder la información”, agregó.
En particular, sobre la responsabilidad penal del excustodio del presidente Lacalle Pou, la fiscal dijo que “la investigación sobre Astesiano podría exceder el tema pasaportes” y sostuvo que hay sospechas de otras organizaciones similares en funcionamiento actualmente en el interior del país, en referencia a la falsificación de documentos y la venta de pasaportes. Los abogados defensores del ciudadano ruso imputado y del escribano apelaron la decisión de la Justicia, no así el abogado de Astesiano. Consultado sobre cuál sería la pena mínima de prisión que podría recaer en el excustodio presidencial, dijo que es de 26 meses y las máximas se van a unos cuantos años.
