El Instituto Nacional de Estadística (INE), midió por primera vez a través de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), una Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (o FIES, como se la conoce por sus siglas en inglés). La Escala FIES fue desarrollada por la FAO, Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, como el instrumento de referencia para la medida de la inseguridad alimentaria, y se emplea como parámetro para dar seguimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.
Antes de comentar los resultados cabe hacer una precisión respecto al concepto “seguridad alimentaria y nutricional”, que a efectos de este informe se define como la situación en la que “todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”. A su vez se entiende como inseguridad alimentaria la situación de una persona que carece de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para llevar una vida activa y saludable.
No necesariamente responde esta situación a una única causa: puede deberse a la falta de disponibilidad de alimentos y/o a la falta de recursos para obtenerlos y estas a su vez pueden obedecer a diferentes razones.
Por otra parte se distinguen diferentes grados de inseguridad alimentaria en función de niveles de dificultad de acceso a los alimentos. Los primeros grados se caracterizan como leves, “representan preocupación por no poder acceder a suficientes alimentos o dificultades de acceso a alimentos que se consideran nutritivos”. El nivel moderado es cuando “comienza a comprometerse la cantidad de alimentos consumidos” y en los niveles graves de inseguridad alimentaria “las personas se saltean comidas o pasan todo un día sin comer”.
Hay diversos problemas de salud asociados a la inseguridad alimentaria, en especial en la infancia y la adolescencia. “Las personas que viven en hogares con inseguridad alimentaria moderada o grave tienen mayor probabilidad de experimentar malnutrición, tanto por déficit como por exceso, así como enfermedades no transmisibles”, plantea la introducción al informe.
Si bien hasta la aparición de este informe el país no disponía de estadísticas oficiales sobre la prevalencia de inseguridad alimentaria, sí existían algunos estudios realizados en poblaciones específicas que demuestran la existencia de un problema y que este tiene un impacto importante en hogares con niños, niñas y adolescentes.
Uno de estos estudios, el más reciente, es el que llevó a cabo Unicef mediante una encuesta telefónica entre 1.504 madres, padres o tutores de niños, niñas y adolescentes entre setiembre y octubre de 2020. Los resultados de ese estudio mostraron “un bajo consumo de frutas y verduras en un elevado porcentaje de la población infantil y adolescente, así como un consumo frecuente de varias categorías de productos ultraprocesados, especialmente yogures bebibles o postres lácteos envasados, refrescos, jugos artificiales, aguas saborizadas, alfajores y galletas rellenas”. Pero en relación al dato de inseguridad alimentaria, el informe estimó que “afectaba al 17,4% de los hogares: el 12,9% había experimentado inseguridad alimentaria moderada y el 4,5% inseguridad alimentaria grave.
Claro, hay un detalle que es importante considerar, en octubre de 2020 el mundo estaba todavía patas arriba por la pandemia y nadie tenía muy claro qué iba a pasar. Todavía no había vacunas y si bien se había flexibilizado un poco la situación, rondábamos los 50 decesos y todavía no había llegado lo peor. La economía había sentido bastante el cimbronazo y nadie hablaba todavía de la recuperación.
Por eso estos datos de 2022 recolectados por el instituto oficial ofrecen un panorama no solamente más actual sino que también en un contexto de mayor normalidad, si es que se puede hablar de normalidad en algún caso, dado que, por ejemplo, hay factores climáticos que inciden en los precios de los alimentos y el mundo que sigue sufriendo las secuelas de la guerra en Ucrania.
Pero, ¿qué dijo esta medición? Se estimó que la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave es de un 15% de los hogares uruguayos. Quiere decir que de cada 1.000 hogares, 150 habían reducido la cantidad de alimentos que consumen por falta de dinero u otros recursos, alguna vez en los últimos 12 meses.
La estimación por personas da un número algo más alto, correspondió al 16,5%. “Esto implica que de cada 1.000 personas, 165 viven en hogares con inseguridad alimentaria moderada o grave”, abunda el informe.
Si la consideración es solamente de inseguridad alimentaria grave, por hogares se estimó en 2,6%, es decir que “26 de cada 1000 hogares se habían quedado sin alimentos por falta de dinero u otros recursos y que alguna persona del hogar no había comido en todo el día, al menos una vez en los últimos 12 meses”. La estimación por personas correspondió a 2,9%. De cada 1.000 personas en el país, 29 viven en hogares con inseguridad alimentaria grave.
Por supuesto estamos lejos de los valores de otras partes de Latinoamerica, donde por ejemplo la inseguridad alimentaria severa en Venezuela aumentó de 23,3% en 2019-2020 a 24,5% en 2021; 9 veces mayor que en Uruguay. O Argentina, donde la población que no come todos los días pasó de 5,8% entre 2014 y 2016 al 12,6% entre 2018 y 2020; 4 veces más que en nuestro país. Pero eso no significa que estemos bien, sino que sólo sirve para ponernos en contexto de cómo se encuentra la región y el mundo tras la inestabilidad económica y política pos COVID-19.
No hace tanto tiempo reflexionábamos desde esta misma página sobre los datos de pérdida y desperdicio de alimento en el país. Con todo el desarrollo tecnológico del que disponemos hoy, deberíamos ser capaces de encontrar la forma de que estos dos extremos se junten y que sea una bandera del país que no haya uruguayos con hambre. Esa debería ser una política de Estado en un país que se jacta de tener la capacidad de producir alimentos para 60 millones de personas, como decía el exministro de Ganadería Carlos María Uriarte.