Las sucesivas décadas en América Latina se han caracterizado por avatares de toda índole, tanto políticos como de carácter socioeconómico, y con matices entre zonas y países, la constante, ha sido de una significativa inestabilidad, porque a una crisis ha seguido una relativa bonanza, para recaer luego en otra crisis y así sucesivamente.
Es que el subcontinente, integrado por países en vías de desarrollo, resulta particularmente muy vulnerable a los altibajos en el mercado internacional, donde a precios buenos para las materias primas que se exportan desde la región, le siguen valores depreciados que dan lugar inmediatamente a impactos negativos en la economía, muchas veces dando lugar a crisis, al tratarse de países que venden muy poco valor agregado, en el mejor de los casos, y sí materias primas para que el trabajo y agregado de valor se dé fuera de fronteras.
Están vigentes, además, las consecuencias de que la región haya sufrido como ninguna otra parte del mundo el impacto de la pandemia de COVID-19, tanto en pérdida de vidas como en la caída de la economía, a la vez de contar con pocas herramientas para un despegue más o menos rápido.
Hace pocos meses, el Banco Mundial alertaba en un informe por los riesgos de una “nueva década perdida” en la región en términos de desarrollo, si no logra hacer reformas estructurales de largo plazo en términos de infraestructura, educación, política energética e innovación.
Indica que si bien la región latinoamericana está saliendo poco a poco de la crisis provocada por la pandemia, la recuperación económica “está siendo más débil de lo esperado”, tras un auspicioso rebote a fines del año pasado y principios de 2022, con una afectación significativa por el arrastre negativo de las consecuencias económicas de la invasión rusa a Ucrania, con impacto en la inflación, sobre todo.
Pero más allá del rebote económico esperado y el nivel del que se parte en la reactivación, la preocupación del organismo multilateral sobre la región latinoamericana y del Caribe tiene que ver con el mediano y largo plazo. Según sus estimaciones, tanto en 2022 como en 2023, el PBI regional se ubicará por debajo del 3%.
Entre las sugerencias para consolidar el crecimiento y desarrollo a largo plazo, el organismo internacional apuntó a que los países usen los recursos fiscales “más efectivamente”, destinar el gasto público a reformas estructurales, reasignar recursos a proyectos con más retorno social, aumentar los ingresos de los estados mediante la ampliación de la base impositiva y aprovechar el nuevo “boom de los commodities” –que ahora ha perdido algo de fuerza– para implementar la reformas.
Es decir sugerencias que son de recibo en una región donde lamentablemente a la dependencia excesiva de las materias primas, con presión sobre los recursos naturales, se le agrega la sucesión de gobiernos populistas en varios países, que en su momento incluso hicieron gala de que fueron gestores de supuestas décadas “ganadas” donde apenas se terminó la bonanza coyuntural se multiplicó la pobreza y la miseria en su población, dejando además deudas impagables y estructuras burocráticas pesadas, ineficientes e inoperantes que enterraron al país para las próximas décadas, al tiempo que la corrupción alcanzó niveles inimaginables.
Es decir, no hubo décadas ganadas, más allá del autobombo del gobierno populista de turno, porque solo se vivió el momento del carnaval del gasto para demostrar “lo buenos que somos”, sin preocuparse por llevar adelante políticas de Estado, de creación de infraestructura, de promoción de inversiones, de mantener reglas fiscales que eviten los descomunales déficits en las cuentas del Estado, que se pagan con inflación, endeudamiento, desempleo y pobreza.
Claro, ello no encaja en gobiernos y partidos que tienen su mirada puesta en el corto plazo, en los votos para la próxima elección, pero es lo que se debe hacer en un país en serio, cuando los políticos se “reciben” de estadistas para pasar del crecimiento ocasional y oportunista, a la recaída de crisis en crisis, a generar las bases para el crecimiento con desarrollo.
Y las bases de referencia son, entre otras prioridades, en el caso de nuestro país, una infraestructura adecuada que posibilite la inversión, promover cadenas de valor agregado, y equilibrio fiscal sustentado en la racionalización del gasto, para minimizar urgencias cuando los recursos escasean por los avatares de la economía.
Es decir, que desde el punto de vista del sistema político, ya sea en la oposición como en el poder, lo que ha faltado hasta ahora es elevar las miras por encima de coyunturas, por el bien del país, reafirmar objetivos de interés general y los instrumentos para lograrlos. Esto es, buscar acuerdos en temas básicos y esenciales en los que es imprescindible desarrollar políticas de Estado, porque hay escenarios que están por encima de lo que traiga en su programa como propio cada cinco años el partido al que le toque gobernar.
Y no hace falta mucha imaginación: temas estratégicos como energía, educación, desarrollo tecnológico y estímulos para la inversión en fuentes de trabajo, salud, vivienda, por mencionar algunos, son áreas que trascienden a un período de gobierno y requieren que se instrumenten políticas sostenidas en sus líneas esenciales, con los correctivos del caso cuando sea necesario, por lo menos para brindar certezas mínimas a la población, a los operadores, respecto a que más allá de la rotación de partidos en el poder, hay un rumbo claro en el país y que no habrá armado y desarmado de estructuras de carácter refundacional cada vez que llegue un nuevo gobierno.