El domingo, temprano en la tarde, se realizó el acto de descubrimiento de la placa que identifica al Paso Salsipuedes como Sitio de Memoria, según lo declaró la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, ante la solicitud de varias organizaciones de descendientes indígenas: el consejo de la Nación Charrúa, Conacha; Clan Choñic; Hum Pampa y la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa, Adench.
Claudia Kuzma, integrante del equipo de referencia temático étnico racial especializado de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) que trabaja con los pueblos originarios, al hacer uso de la palabra junto al memorial preexistente, señaló que se trata de un día muy simbólico.
Indicó que este reconocimiento “tiene que ver con el derecho a ser de las que han sido llamadas minorías étnicas en nuestro país. Uruguay es un país mestizo, un país que en el cual se sufrieron violaciones por parte del Estado hacia estas comunidades, hacia estos grupos étnicos. Y significa también el derecho a la identidad cultural”, expresó.
Kuzma agregó que “tener memoria significa no solo reconocer y reparar lo que hizo el Estado, que hoy la Comisión Honoraria Sitio de Memoria está haciendo con esta placa, sino también de proyectarse hacia el futuro. Por eso también animamos a las organizaciones a que puedan continuar trabajando independientemente de las direcciones o de las personas que estemos” y en ese sentido afirmó que “hay mucho más por hacer, pero este es un mojón importante en el reconocimiento y en la reparación de esa violencia sufrida por parte del Estado uruguayo”.
La ubicación de la placa junto al memorial es provisoria, ya que la resolución dispone además que se continúe con las investigaciones para determinar el lugar preciso donde ocurrieron los hechos históricos de 1831. Por su parte, Rosario Caticha, quien representó a la Comisión de Sitios de Memoria, explicó que entendieron que “se trató de una petición sólidamente fundamentada, avalada por los posteriores informes de la Universidad de la República, y que se encuentra del dentro del marco de previsión legal, en tanto que la masacre contra la nación charrúa provocada por agentes del Estado constituyó una violación a los derechos humanos, incluso de acuerdo a los criterios de la época”. Esto en función de que “en 1830 la República Oriental contaba ya con un marco legal que aseguraba derechos para sus habitantes y estos no fueron respetados”. Agregó que los hechos de Salsipuedes “son evidencia histórica de un proceso continuo de violación que se perpetúa hasta nuestros días, la solicitud es parte del trabajo que han desarrollado las organizaciones indígenas para que el Estado reconozca su responsabilidad en la masacre y para sensibilizar a la sociedad toda sobre su cultura y su patrimonio”.
Los lugares de memoria, señaló, “registran el terror y la afrenta a la dignidad humana a través de la actuación ilegítima del Estado, pero también, y más importante aún, ejemplifica la resistencia a la opresión, la defensa de los derechos humanos y subraya la honorabilidad y dignidad de las víctimas”.
A continuación tomaron la palabra las diferentes instituciones de descendientes con mensajes que fueron desde una puesta en conocimiento de sus actividades el reproche al desconocimiento del Estado a sus orígenes, algunos incluso personificados en figuras como la del expresidente de la República Julio María Sanguinetti, y el aliento a la unidad de las organizaciones indigenistas de toda América. También hubo lecturas de poesías y declaraciones en lenguas indígenas.
En particular el Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales, como organización local, refirió a la reciente designación “en tiempo récord” como Monumento Histórico Nacional del Castillo Morató, ubicado cerca del lugar del memorial (20 kilómetros en línea recta), al que señalan como un “vestigio de la oligarquía criolla”. A la vez anunciaron que procurarán que se reconozca a la zona de Salsipuedes como sitio de memoria al plan de ordenamiento de Guichón.
