El Fondo Monetario Internacional presentó una revisión negativa del crecimiento de América Latina en 2023 y la ubica en la antesala de una recesión, más allá de la esperada desaceleración, en consonancia con las economías de la región.
El pronóstico en 2022 presentaba un panorama lento, a raíz de la pandemia. Las consecuencias de altos niveles inflacionarios, así como el crecimiento de las tasas de interés como un signo predecible de protección, sumado a la incertidumbre internacional, forjaron el escenario de este año. Principalmente rondará sobre los países emergentes y en desarrollo, luego de la desaceleración de la economía china, que impactó en sus principales vendedores. El año pasado la revisión se hizo al alza porque hubo economías cercanas, como Chile o Brasil que sumadas a otras –el caso de Colombia y México– mostraron un panorama bastante más resiliente.
Sin embargo, el año terminó con elevada inflación y desaceleramiento de la economía mundial y abrió el 2023 con expectativas mesuradas. El caso latinoamericano, basado en la exportación de materias primas, puede sufrir los efectos adversos.
No obstante, en comparación a las cifras presentadas en el período anterior, ahora se prevé un crecimiento de 1,7 por ciento y es el ritmo más débil de los últimos treinta años, sin tomar en cuenta los años de pandemia o la crisis global de 2008.
Los países luchan contra los mismos dilemas: el aumento de los costos y de las tasas de interés que resuelven los bancos centrales para tratar de bajar la inflación. Como consecuencia, las empresas aumentan sus precios para compensar las subas de algunas materias primas.
Es decir, nada nuevo. Es la sensación –y la realidad– de que la plata cada vez alcanza menos. Por ahora, no es fácil de estimar el tiempo en que este incremento de las tasas de interés tendrán sobre el consumo, lo que se ve es el descenso del poder adquisitivo en los hogares. Porque si aumenta la tasa de los créditos, también se frena el consumo.
El impacto se da en el circuito comercial que, en esta región litoral, cae de lleno sobre una situación fronteriza no resuelta. Y tanto más cuando afecta a uno de los principales rubros que generan fuentes de empleo.
A nivel macro, el continente padecerá –de acuerdo a la definición del Banco Mundial– una “desaceleración brusca y duradera”. La situación se torna crítica en las economías que no han logrado una reducción de la pobreza ni han concentrado mayores inversiones. Estados Unidos, China y el continente europeo también atraviesan por debilidades y marcarán el rumbo de un menor crecimiento mundial.
La inflación estará por encima a los años previos a la pandemia y será 2023 un momento de comparación global. Las estimaciones también están acotadas en 2024 y por las mismas razones de inflación persistente y altas de interés. En ambos horizontes, está el incierto panorama de la invasión a Ucrania, así como un descenso en las inversiones.
En medio de este escenario, Uruguay acordó con el Banco Mundial una nueva alianza hasta el 2027, orientada a la adaptación al cambio climático y una mayor resiliencia fiscal. Los lineamientos de trabajo están centrados en la emisión de CO2 –que en el caso de Uruguay es el 0,05%–, el acceso al agua potable y la orientación a la denominada agricultura inteligente.
Mediante este acuerdo, el gobierno se comprometió a mejorar el acceso al agua potable. De ahí, el anuncio a fines de 2022 de un plan de saneamiento en 61 localidades por más de 284 millones de dólares de inversión, o la construcción de una nueva planta de agua en la zona de Arazatí (San José) que atenderá al 60 por ciento de la población. Ese acuerdo define las operaciones que estarán a cargo del sector privado y que aún se encuentran a estudio.
Sin embargo, los préstamos del Banco Mundial desde el comienzo de la pandemia y hasta el año pasado se ubicaron en torno a los U$S 272.000 millones de dólares, dirigidos a recomponer las pérdidas educativas, la matriz social y sanitaria, así como un impulso a la agenda de cambio climático.
En Argentina, el desembolso de unos 2.000 millones de dólares se destinará a la estabilidad de las condiciones macroeconómicas y financieras, pero también se deberá reconstruir el tejido social, sanitario y el acceso al saneamiento en zonas críticas.
A Brasil se le otorgaron 500 millones de dólares que irán a proyectos de bajas emisiones de carbono en el sector privado. Chile recibirá del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un total de 750 millones de dólares para proyectos de hidrógeno verde. Colombia obtendrá por la misma vía, 1.000 millones de dólares para acelerar la transición energética y reforzar la economía para adaptarse al cambio climático.
El Banco Mundial apoyará en Paraguay un paquete de medidas y reformas institucionales orientadas a la economía verde por 240 millones de dólares que, sumado a una cartera actual por más de 500 millones de dólares, apuntan al fomento del sector privado en proyectos de salud, desarrollo rural, transporte y apoyo a políticas públicas.
El mismo objetivo de reorientar las bases hacia una economía verde y resiliente tendrá el préstamo de 500 millones de dólares a Perú, que registró durante el año anterior uno de los mejores desempeños económicos en América Latina con reducción de los índices de pobreza, así como otros 500 millones de dólares a Ecuador para el desarrollo de economías con bajo nivel de carbono.
Es decir que la agenda de la entidad financiera asocia el crecimiento económico al manejo sustentable de los recursos naturales, con énfasis en el manejo del hidrógeno verde. Es la etapa pospandemia que establece una fuerte impronta de proyectos sociales, ajustada a las áreas de vulnerabilidad social y económica.
