Aunque aparentemente sin trascendencia para el ciudadano común, no deja de ser una buena noticia que en el año 2022 siguiera cayendo el déficit fiscal, en el orden de los 0,8 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) respecto a 2021.
Ello significa que este parámetro ha quedado en 3,2 por ciento del PBI el año pasado, y felizmente significativamente lejos del más del 5 por ciento del PBI en que se encontraba al final del gobierno anterior.
Es que déficit fiscal significa en buen romance que el Estado gasta más de lo que recauda, y por lo tanto ello debe ser absorbido con emisión o deuda que se va acumulando y por lo tanto comprometiendo la salud económico – financiera del país, lo que a su vez se traduce en inestabilidad, inflación y deterioro flagrante de los demás parámetros de la economía.
De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Economía y Finanzas, ese déficit es el resultado del gobierno central – Banco de Previsión Social (BPS) y equivale a casi dos mil millones de dólares, más precisamente a U$S 1.997,8 millones, aunque debe tenerse en cuenta que el déficit incluye el ingreso de fondos del fideicomiso de la Seguridad Social, que era del 0,2 por ciento del PBI a fin de 2022.
Se trata por lo tanto de ingresos extraordinarios que son destinados al futuro pago de de jubilaciones de los “cincuentones” que salieron de las AFAP, y que resultaban perjudicados por la normativa correspondiente al sistema previsional mixto, lo que fue corregido mediante este instrumento.
Ergo, excluyendo estos ingresos, el déficit fiscal del sector público consolidado fue del 3,2 por ciento, mientras que en 2021 había sido del 4,2 del PBI. Es significativo que en la rendición de cuentas el Ministerio de Economía había proyectado un déficit fiscal de 3,1 el año pasado, por lo que al fin de cuentas el parámetro estuvo dentro de lo estimado, en tanto para este año la estimación es del 2,6 por ciento del PBI.
Es decir, que ha sido un avance que se haya podido ingresar en un reordenamiento de las cuentas, y especialmente que ello se haya podido hacer en medio de una crisis socioeconómica global como consecuencia de la pandemia, y con el condicionamiento que implica la distorsión generada por la guerra en Ucrania.
Con todo, estamos ante un parámetro que no puede tomarse aislado, sino en el contexto general de la economía, para que se pueda decir a esta altura que ésta se encuentra saneada. Lamentablemente no lo está, porque hay otros elementos en juego que implican factores condicionantes para que se pueda ir ingresando en un circuito virtuoso, como sería de desear.
Empero, considerándolo desde otro ángulo, pero no menos importante, puede decirse que es impensable llegar a una economía sana si no se logra contener el déficit fiscal a límites razonables, porque lo contrario sería seguir pateando la pelota hacia adelante en forma descontrolada y estar sujetos a que cualquier avatar interno, regional o global, nos deje altamente vulnerables y expuestos a sufrir duras consecuencias en la economía.
En realidad, el situar en términos razonables el déficit fiscal no debería ser un objetivo en sí sino un medio para generar confianza en los operadores, mediante la racionalización del gasto estatal superfluo y consecuentemente alentar inversiones sobre reglas de juego claras, de forma de que el país no caiga en arenas movedizas.
Ocurre que mientras esto se da, paralelamente se mantienen señales negativas en otros parámetros, como el atinente a la competitividad del país, por cuanto nuevamente ésta sigue cayendo, como consecuencia de un dólar planchado desde hace mucho tiempo, mientras a su vez la inflación anual del 8 o 9 por ciento hace que los costos se sigan incrementando en dólares y los exportadores deban trasladarlos a los valores de venta en los mercados internacionales.
Es así que en diciembre la competitividad externa de productos uruguayos medidos en dólares cayó 0,47 por ciento respecto a noviembre, según los datos aportados por el Banco Central del Uruguay (BCU). A su vez durante 2022 el índice de tipo de cambio real bajó en 10 de los 12 meses, y solamente en enero y julio tuvo un repunte sobre el mes anterior.
Pero en el período interanual, el índice del tipo de cambio registró una reducción del 13,7 por ciento, y a la vez ello conlleva una baja del tipo de cambio real frente a los países de la región y las naciones europeas fundamentalmente, situándose en el orden del 20 por ciento.
Es que sigue primando en nuestro país, gobierno tras gobierno, el uso del dólar como un ancla para los precios internos, con el objetivo de contener la inflación, aunque este valor implique a la vez encarecer nuestros productos de exportación y a la vez hacer que los productos importados compitan favorablemente en las góndolas de nuestros comercios en desmedro de los similares de origen nacional.
En una economía sana, no sería necesaria la manipulación del valor del dólar para que la inflación no llegue a las dos cifras, pero en Uruguay la distorsión ya histórica por los altos costos internos actúa como un disparador que no ha podido ser desmantelado, ni siquiera cuando la corriente comercial global estuvo a nuestro favor durante más de una década en la que el país gozó de elevados precios para nuestros commodities, a la vez de operarse mundialmente con bajas tasas de interés.
Es de valorar sí que pese a la pandemia y a la inflación global derivada de la guerra en Ucrania la economía uruguaya no haya acusado el deterioro que podía esperarse de estas condiciones adversas por sus vulnerabilidades, y que se haya podido revertir el sostenido proceso de aumento del déficit fiscal de la última década.
Es un paso imprescindible que debe valorarse en cuanto al manejo de las cuentas públicas, y lo que ello conlleva en cuanto a aliviar la mochila para el sector privado que es el motor de la economía, pero todavía con mucho pendiente en materia de correctivos.
