(EL OBSERVADOR)
El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, defendió la contratación de la empresa marítima ITHG Proveedores Marítimos S.A.S, por $534.779.424, para que realizara traslados de emergencia móvil del SAME 105 durante la emergencia sanitaria. “El ahorro que esto ha generado es millonario y se descongestionaban los hospitales para que no se generaran las colas de espera. Esta modalidad de trabajo es un cambio de paradigma”, dijo en rueda de prensa a la salida del Parlamento.
El semanario Búsqueda informó que el SAME 105 contrató a la empresa mencionada por $534.779.424 por 39.246 traslados médicos entre junio de 2021 y octubre de 2022. En conferencia de prensa realizada ese día, señaló que, durante la pandemia, la demanda de ambulancias en los prestadores privados de salud estaba “saturada” por lo que se decidió realizar un “breve llamado a precios” para conseguir ambulancias para que fueran operadas por el SAME. “Fue un llamado a precios muy breve presentado para conseguir los insumos para operar nosotros. Se presentaron cuatro empresas, de las cuales una se consideró más oportuna por el precio y el servicio”, afirmó.
Consultado sobre si no debía investigar los antecedentes de la empresa, el director del SAME, José Antonio Rodríguez, respondió negativamente. “A qué se dedica el que me alquila ambulancia, qué razón social tiene, o cómo está estructurada no es metier de la unidad ejecutora. Si la empresa me ofrece condiciones que yo necesito y el precio es razonable no hay ningún problema. Yo puedo alquilar una ambulancia a cualquier empresa si es que tiene y no necesitamos la autorización del Ministerio de Salud Pública”, aseguró.
Cipriani explicó que el procedimiento de contratación, “permitió que SAME 105 pudiera cumplir con el momento de la emergencia sanitaria. Cuando llegamos a ASSE, el servicio de SAME contaba con solamente 19 ambulancias y trabajan 7 o 8 de esas ambulancias. Y contratabas al resto de prestadores y al resto de ambulancias para que cubran el servicio”, relató.
“Lo que ocurrió a nivel de la pandemia fue incorporar móviles nuestros y pasar de 19 a 36 ambulancias y contratamos ambulancias a la orden. Ambulancias que estén a disposición y que sean gestionadas por SAME. Para eso se hizo un procedimiento de llamado a precios. Dos instituciones se presentaron, y después respondían que no podían cubrir los servicios. Así que esta empresa ITHG empieza a arrendar insumos, no a brindar los servicios. De ambulancias y de personal y todas a disposición de SAME”, aseveró. “Eso permitió que SAME pudiera crecer de 5 a 6 veces más. Hizo un servicio eficiente y evitó muchas muertes. Es un buen modelo para que continúe”, señaló.
“Acá se contratan insumos, no servicios. Hay un punto que consideramos importante aclarar, se habla de $530 millones pero los valores en salud esos son normales, de hecho en 2015 se gastaron $514 millones en modalidad de compra directa también en SAME y no había pandemia. Esta empresa realizó 47.000 procedimientos en ASSE entre traslados e internaciones a domicilio, y también ahí ahorramos días de internación porque permitió que hubiera más traslados”, aseguró.
La diputada del Frente Amplio, Lucía Etcheverry, señaló que durante la comparecencia de Cipriani no se mostró documentación que permita saber que no estaba alejado de “toda norma”. “Innovar no aplica ignorar las leyes. Estamos hablando de un organismo público. Si se quiere innovar hay que modificar. La verdad que tenemos más dudas. Sobre todo porque cuando preguntamos cómo se llegó a esa empresa, te dicen que no saben. Hay que dedicarle muchísima seriedad porque es el dinero de todos los uruguayos y la salud de todos los uruguayos”, afirmó. “¿Se puede innovar? Por supuesto, pero no es a mi antojo. Nos preocupa que ese volumen de dinero haya ido a una sola empresa que no es una empresa vinculada a la salud”, agregó el diputado Luis Gallo.
NEGOCIAN DESIGNACIÓN
(EL PAIS)
En un mes comenzarán a negociar en el Parlamento el nombre de la persona que sustituirá al fiscal de Corte, Juan Gómez, y la integración de la Corte Electoral.
En 2011 y 2012, los entonces senadores Gustavo Penadés del Partido Nacional, y Lucía Topolansky del Frente Amplio, tuvieron un mayor protagonismo en las negociaciones para la designación del abogado y exjuez, Jorge Díaz, como fiscal de Corte. El 5 de octubre de 2021, Díaz renunció a su cargo y dejó al frente de la Fiscalía al fiscal adjunto, Juan Gómez. Durante esta administración, las negociaciones para nombrar a un nuevo fiscal de Corte fueron tirantes entre la coalición de gobierno y el Frente Amplio. Al punto tal que hasta este momento no se alcanzaron las mayorías especiales que son necesarias para su designación en el Parlamento.
Días atrás, de manera informal, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, transmitió a algunos coordinadores de los partidos de la coalición de gobierno que los invitará, después del 1° de marzo cuando termine el receso legislativo, a una reunión para analizar las prioridades parlamentarias de este año. Según supo El País, en el encuentro el senador blanco Gustavo Penadés planteará la necesidad de buscar acuerdos dentro de la coalición sobre un posible nombre para ocupar la titularidad de la Fiscalía de Corte para luego negociar con los representantes del Frente Amplio, Liliam Kechichian y Charles Carrera. Penadés dijo que, en este período de gobierno, no habrá renovación de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia ni del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) porque no hubo acuerdos entre la coalición y el Frente Amplio. Las vacantes de ambos organismos se ocuparon por antigüedad. Tampoco habrá cambios en la integración del Tribunal de Cuentas de la República (TCR). En junio del año pasado, en la Rendición de Cuentas se estableció que, en caso de que Gómez solicitara licencia, su cargo será ocupado por los fiscales Mónica Ferrero y Enrique Rodríguez, con mayor antigüedad en sus cargos. Por el momento, Gómez no salió de licencia.
Según Penadés, si no hay acuerdo entre la coalición de gobierno y el Frente Amplio, Ferrero y Rodríguez quedarán al frente de la Fiscalía. Una fuente del Partido Nacional dijo a El País que el nombramiento de nuevas autoridades en la Fiscalía se transformó en un tema que ganó importancia en los últimos meses porque ello estabiliza al organismo. Además, sostuvo que Gómez generó mucha expectativa cuando quedó al frente de la Fiscalía de Corte luego de su destacada trayectoria como fiscal de Homicidios donde debió investigar casos que sacudieron a la opinión pública. “Pero después su figura cayó en la consideración pública. Cabildo Abierto lo cuestiona”, dijo la fuente nacionalista.
El senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, afirmó a El País que Gómez cometió errores por decir que no hubo un allanamiento a la Radio Azul FM y luego un jerarca de la Policía lo desmintió.
