El mero anuncio de que este 2 de marzo el presidente Luis Lacalle Pou habrá de anunciar una rebaja –aún no especificada– del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social (IASS), ha desatado fuertes cruces y acusaciones mutuas entre el oficialismo y el Frente Amplio, a propósito de intenciones, oportunidad y entidad de la reducción del tributo, con una evaluación que como suele acontecer en política, depende del color del cristal con que se mire y a la vez cambia según el lado del mostrador del que se esté o se ha estado.
Como es sabido, el IRPF es un impuesto anual, de carácter personal y directo que grava las rentas de fuente uruguaya así como los rendimientos de capital mobiliario provenientes del exterior, que obtengan las personas físicas consideradas residentes en el país. Es un impuesto que obliga a cada persona a contribuir en el sostenimiento de Estado en función de sus ingresos y de su situación personal. En la Renta, los ciudadanos pagan por lo que han ganado en un ejercicio (un año). Esas ganancias no solo provienen del trabajo realizado, según su definición.
Cualquier ingreso obtenido (subvenciones, ayudas, rendimientos de productos financieros) debe declararse. Pero no solo cuentan los ingresos sino la situación personal. Las circunstancias que influyen en la Renta y hacen que uno pague menos son muchas: familia a cargo, minusvalía, mayor de 65 años, en tanto también existen deducciones que parten de gastos efectuados que reducen la cantidad que resulta a pagar: donaciones, aportaciones a planes de pensiones, entre otros.
El IRPF es un impuesto progresivo: cuando más se gana, más se paga, de acuerdo a franjas. A lo largo del año, las personas adelantan a la DGI pagos del Impuesto. Los trabajadores asalariados son objeto de una retención en su nómina, por lo que el empleador es el agente de retención para volcarlo a la DGI, en lo que se nomina como un pago a cuenta.
A su vez el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) es un impuesto anual de carácter personal y directo, creado por la Ley 18.314, que grava ingresos correspondientes a jubilaciones, pensiones y prestaciones de pasividad uruguayas, independientemente de su naturaleza contributiva o no, servidas por instituciones públicas y privadas. Cada organismo realiza la liquidación del IASS sobre sus propias pasividades.
El IASS fue aprobado en 2008 (luego del fallo por inconstitucionalidad del IRPF a jubilaciones) y en la práctica sustituye al IRP (impuesto a las retribuciones personales) que gravaba también pasividades, con alícuotas que no se aplicaban en forma marginal a los ingresos comprendidos en las respectivas franjas, sino que se aplicaban a la totalidad del ingreso. De esta manera, se configuraba un impuesto de carácter proporcional.
Es decir que el IASS, creado en uno de los gobiernos del Frente Amplio, es sustitutivo del anterior impuesto IRPF que comprendía también las pasividades, pero fue declarado inconstitucional, por lo que se le buscó la vuelta para transformarlo en IASS, que se aplica a las pasividades más altas, a partir de determinada franja de las prestaciones.
Bueno, esta es la problemática que ha generado la discusión ya días antes de conocerse el tenor de la decisión del presidente Lacalle. El ministro Mieres sostuvo por su cuenta de Twitter que “no hay nada que les venga bien. Cuando el Frente Amplio gobernó, no pararon de aumentar impuestos a los sectores medios”.
A su vez el senador blanco Sebastián Da Silva cuestionó declaraciones al respecto del expresidente José Mujica. El dirigente frenteamplista afirmó en una rueda de prensa que le parece “fenómeno” la rebaja de IRPF e IASS, pero señaló como “tacaño” el hecho de que no se destine “unas chirolas” a los salarios más sumergidos, para lo que planteó aplicar un IVA diferencial enfocado en “los más pobres”.
“Siguen pensando que los que ganan 40 mil pesos son ricos. Siguen pensando que la gente no recuerda que estas genialidades no fueron aplicadas en gobiernos de mayorías absolutas”, afirmó Da Silva.
El senador frenteamplista Mario Bergara también había cuestionado al gobierno por este asunto. “Si se decide una rebaja tributaria, hacerlo después de años de aumentos de impuestos tiene claramente un tinte electoral, demagógico. De todas maneras, a la hora de discutir un diseño, pensaríamos que sería más justo ir por la rebaja del IVA. Eso sería más justo porque abarcaría a toda la población”, sostuvo el economista, según declaraciones que consignó Telemundo de Canal 12.
Pero además, la propuesta del gobierno también generó críticas de algunos economistas por su posible impacto en las cuentas fiscales. El Consejo Fiscal Asesor (CFA), un órgano técnico e independiente conformado por los economistas Alfonso Capurro, Ana Fostel y Aldo Lema, advirtió en un informe sobre el posible impacto fiscal de las proyectadas rebajas.
“El CFA advierte sobre riesgos de posible reversión del proceso de consolidación fiscal en términos estructurales dado los anuncios públicos de rebajas impositivas permanentes del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social por parte del equipo económico y el presidente de la República, así como por la dinámica de algunas partidas del gasto del GC-BPS en 2022 en relación a lo proyectado en la Rendición de Cuentas del ejercicio 2021”, sostuvo el resumen ejecutivo del “Informe sobre el cálculo del Resultado Fiscal Estructural al cierre del año fiscal 2022”.
Sin embargo, el equipo económico advierte que las proyecciones económicas presentadas el 15 de febrero ya incluían la situación que se generará a partir de la rebaja tributaria de referencia.
En realidad, del mismo modo que a nadie le gusta pagar impuestos, ser objeto de una reducción tributaria –posiblemente no mayormente significativa– debería caer bien a los beneficiarios, pero sí debe tenerse presente que los impuestos no se crean porque sí, aunque lo recaudado no siempre se emplea criteriosamente, y que por regla general, de acuerdo a la experiencia, lo que se saca por un lado debe compensarse por otro.
Poner más dinero en los bolsillos de la gente siempre es algo muy positivo, y por cierto, que cuando se hace una promesa de campaña electoral da lugar a suspicacias que ésta se cumpla precisamente en momentos en que se aproxima la campaña electoral. En descargo del gobierno, debe tenerse en cuenta que en los primeros dos años y medio se debió hacer frente a la erogación con recursos extraordinarios por la pandemia y luego en la búsqueda de paliar los efectos de la creciente inflación como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania, y que por lo tanto no había espacio para intentar ni por asomo una reducción tributaria.
Pasado este período y con un déficit fiscal que todavía orilla el 3 por ciento, hay pocos elementos que den como para pensar que pueda haber espacio para reducir impuestos, aunque pueda manejarse con visión en extremo positiva que más dinero en los bolsillos de la gente pueda aumentar el consumo y de esta forma recuperar por esta vía lo que se va por otro.
Pero sí puede asumirse sin lugar a equívocos, que en este duelo de acusaciones y reproches no hay buenos ni malos, ni dueños absolutos de la verdad, porque desde el gobierno o desde la oposición todos han hecho lo mismo, sin fórmulas mágicas ni genialidades, llamándolo de una manera o de otra. Todo lo que se diga o haga en este momento debe descifrarse en código político – electoral, desde que cada uno procura quedar mejor posicionado de cara a la opinión pública.
