(Factum)
La intención de voto por partido durante los primeros dos meses de 2023 muestra al Frente Amplio (FA) como líder con un 41% de los votos. Le siguen el Partido Nacional (PN) con 26%, Cabildo Abierto (CA) con 9%, el Partido Colorado con 6% y el Partido Independiente con 4%, según la última encuesta de Factum. Así la coalición de gobierno (Partido Nacional, Colorado, Independiente y Cabildo Abierto) supera en votos a la oposición por 45% contra 41% de los votos de cara a las elecciones de 2024. Por otro lado, un 4% de los encuestados votaría a “otros partidos” (Partido de la Gente, PERI, Partido de Identidad Soberana y Unidad Popular) y un 3% votaría blanco o anulado. En tanto, un 7% está “indefinido”. Comparando los resultados con los resultados electorales, se aprecia que el Frente Amplio registra 2% por encima de lo que obtuvo en las Elecciones Nacionales de 2019, mientras que los movimientos netos se aprecian en los partidos que conforman la coalición de gobierno. En este sentido, el Partido Nacional se ubica 3% por debajo de la votación de 2019, Cabildo Abierto 2% por debajo y el Partido Colorado 6% por debajo, a su vez el Partido Independiente registra 3% por encima de lo que fue su votación. Estas pérdidas netas registradas en la encuesta se vuelcan al Partido Independiente, a Indefinidos o recoge el Frente Amplio. Considerando la composición social del electorado de los partidos que conforman la coalición, estos guarismos aparecen como movimientos esperables. Por un lado, Cabildo Abierto como partido nuevo no tiene una tradición de voto de pertenencia y el 11% alcanzado en 2019 se nutrió de electorado que había votado a otros partidos en elecciones anteriores, y también que por su composición social es un electorado más volátil. Por otro lado, en el caso del Partido Colorado, la salida de Ernesto Talvi de la escena política supuso que una parte del electorado que se vio atraído por su candidatura hoy no se vea reflejado en el Partido Colorado; adicionalmente en el Partido Colorado no aparece actualmente en escena una figura de liderazgo electoral consolidada y visualizada en la opinión pública como tal.
POLÉMICA POR REGLAMENTACIÓN DE ALCOHOL
(lA RED 21)
El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, se ha convertido en el defensor de la “libertad responsable” y ha arremetido contra el “prohibicionismo” del alcohol en las carreteras. Según él, con 0,3 gramos de alcohol en sangre, “los accidentes prácticamente no existen”.
A nivel nacional, Uruguay tiene una política de alcohol cero al volante, lo que significa que está terminantemente prohibir ingerir bebidas alcohólicas antes de ponerse al frente de cualquier vehículo motorizado. “Demostramos que era posible la diversión sin depredación. Diversión sin desbande. Sin necesidades fisiológicas en las puertas de las casas o sexo en los jardines. Esperemos que sea el comienzo de la revalorización del balneario”, dijo el intendente e histórico militante del Partido Nacional. Desde estas tiendas políticas, diversos líderes han manifestado sus posiciones en contra de la política de alcohol cero, y han asegurado que existe la posibilidad de conducir un vehículo sin problemas habiendo consumido cierta cantidad.
Umpiérrez agregó: “Yo voté el 0,3 en la cámara. Con 0,3 los accidentes prácticamente no existen. Creo que hay una demonización. El prohibicionismo atenta contra la libertad responsable. Pero la discusión ya está laudada”.
PARA MEF NO HAY CONFLICTO DE INTERESES EN RESOLUCIÓN DE ARBELECHE
(MONTEVIDEO PORTAL)
La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, firmó el 3 de agosto de 2022 una resolución que promovió una inversión de la empresa Lanafil SA. El documento, según dio cuenta el semanario Brecha, implica exoneraciones impositivas para obra civil y adquisición de equipamientos y vehículos por un monto de 7.049.465 Unidades Indexadas.
En la compañía, dedicada a la venta de productos fitosanitarios y fertilizantes, el gerente general es el esposo de Arbeleche, Juan Alzugaray. En la nota del citado medio, el expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) Ricardo Gil Iribarne plantea que el proceder de la secretaria de Estado “sin duda viola el artículo 31 de la Ley 19.823, que rige el Código de Ética de la Función Pública”.
En ese sentido, el exjerarca plantea que la relación de Arbeleche con Alzugaray y la posterior firma de la resolución puede implicar un posible conflicto de intereses personal y público.
En contraposición a los dichos de Gil Iribarne, una fuente del Ministerio de Economía afirmó que la “decisión es ajustada a derecho”, por lo que no existió “conflicto de interés, ni uso indebido de la función pública, ni se otorgó un beneficio ilegal a la empresa solicitante”.
En ese sentido, la fuente argumentó que la resolución es el resultado de un procedimiento reglado, por lo que una vez que la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) –compuesta por representantes de diferentes ministerios– emite su informe favorable a otorgar la exoneración, “el ministro no puede apartarse de dicho informe vinculante”.
“Por ser vinculante, no le deja margen de decisión al ministro y al no incidir en dicha decisión, no se produce conflicto de interés posible. Es por ello que no resulta aplicable el artículo 31 de la Ley 19.823”, agregó.