Avances necesarios

Con la ampliación al gran público de diversas aplicaciones de inteligencia artificial y el despliegue de la utilización de Internet en la vida cotidiana y la actividad empresarial, ya nadie duda que la digitalización es un componente importante de las relaciones de consumo y el contexto económico del mundo.
En esta revolución digital –quizá muy pronto tenga otro nombre– que sigue a lo que hasta hace algún tiempo fue la denominada Sociedad de la Información y el Conocimiento, resulta claro que la inclusión de tecnologías en los procesos productivos es una tarea impostergable porque, en primer lugar, genera un impacto positivo en las empresas mejorando su productividad y, por otra parte, porque está transformándose en una exigencia del mundo actual para ser competitivos y conservar y ampliar nichos de mercados a escala local, nacional o internacional.

No obstante, la mayoría de las economías de América Latina y el Caribe, que no se han sumado o se están sumando lentamente a la revolución de las TIC y de Internet, están perdiendo una oportunidad única de realizar grandes avances en materia de innovación y presentan distintos grados de retraso respecto a indicadores referidos a aspectos básicos como el acceso a banda ancha y la cantidad de computadoras entre la población. Los bajos niveles de conectividad en comparación con otras regiones del mundo y también la falta de conocimientos para la interacción digital, dificultan el proceso de transformación digital de las empresas, especialmente las de tamaño micro, pequeñas y mediano.

En América Latina, este tipo de empresas representa un porcentaje significativo del total de empresas en la región, siendo responsables de un 60% del empleo; sin embargo, su participación en el Producto Bruto Interno (PBI) es solo del 25%. En contraste, en países de la Unión Europea la participación de este segmento empresarial en el PBI alcanza en promedio un 56%, lo cual evidencia el gran potencial que aún queda por explorar en nuestra región, según explica la publicación del BID “Panorama Digital de las mipymes de América Latina en 2021”.
En tanto, la pandemia tuvo un doble efecto: por un lado puso en evidencia la vulnerabilidad de las mipymes –aunado a la fragilidad de las cadenas de valor, la falta de proveedores alternativos, la dependencia provocada por una mayor concentración del mercado– en relación a la falta de herramientas digitales para modernizar y agilizar procesos. Por otro, aceleró la digitalización en todas las áreas por lo cual se impone como urgente la adaptación rápida de las tecnologías digitales y el desarrollo de una cultura empresarial ágil e innovadora de las micro, pequeñas y medianas empresas.

En este sentido, el informe señala que “en la situación actual en la que nos encontramos, donde la mayoría de la población y sus organizaciones ya han asimilado completamente que las consecuencias y nuevas tendencias que la pandemia ha traído consigo, han venido para quedarse, por lo que es necesario más que nunca actualizar estos datos para encontrar el estado de madurez digital real de las mipymes latinoamericanas, y cómo sus instituciones las están ayudando a afrontar los mayores desafíos que se les presenta en adoptar una transformación digital resiliente”.
El camino hacia ese objetivo no es sencillo y requiere del desarrollo de políticas públicas nacionales, es decir, apoyo del Estado que permita a las pequeñas empresas y emprendedores –que son el 93% del las mipymes de América Latina– contar con las herramientas y conocimientos necesarios para crear valor utilizando la tecnología y poseer también la posibilidad de innovar.

Por otra parte, resulta fundamental el avance del propio Estado en la digitalización de trámites así como contar con información centralizada e interoperable entre los diferentes organismos estatales relacionados con este tipo de empresas de forma que no haya atrasos en lo que respecta a las demandas de las que son formalizadas y las que están comenzando a operar. “Para eso, es importante avanzar lo más pronto posible en la desburocratización y acceso digital a los trámites, promoviendo la formalización, tanto desde la firma hasta la emisión digital de facturas y boletas electrónicas por parte de las empresas. Esto debería tener un doble impacto, mejorando el impacto del Estado (al igual que sus recursos permanentes) y permitiendo focalizar el tiempo de las empresas en mejorar su productividad y la creación de valor de sus actividades”, señala el informe en sus recomendaciones.

Otro asunto importante es el acceso al financiamiento para poder introducir tecnología digital y desarrollos innovadores en la actividad relacionada con procesos y productos de forma de disminuir costos y hacer más efectivo el vínculo con clientes que tienen una vida digital. Se trata de un tema complejo para las empresas unipersonales y las informales, por lo que soluciones de políticas públicas deberían ocuparse de ir cerrando la brecha de acceso al financiamiento para la innovación.
Las mejoras en la ciberseguridad y gestión de riesgos ante la posibilidad de pérdida o captura de información sensible y, fundamentalmente, aumentar las competencias en la gestión digital de los negocios y la alfabetización digital educando en el uso de tecnologías que pueden generar un impacto positivo, resultan etapas que no pueden saltearse si se desean avances efectivos.

En Uruguay las micro, pequeñas y medianas empresas son el 99,5% de las empresas existentes y generan el 65% del empleo, según datos de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), siendo además las que más problemas han tenido para encarrilarse en la denominada transformación digital.
Teniendo en cuenta su peso tan importante en la actividad económica y el empleo, se ha iniciado un recorrido interesante hacia el cambio a la transformación digital, lo cual involucra desde la adquisición de equipamiento y software a cuestiones mucho más complejas como modelos de negocios totalmente nuevos y diferentes, basados en la economía compartida, la desintermediación y la innovación abierta que quizá demanden nuevas regulaciones y políticas públicas.

Contamos con ciertas ventajas, como una posición consolidada en cuanto al gobierno digital con numerosos trámites que se pueden realizar o iniciar a distancia, con una política digital y agendas concretas que incluyen la transformación digital a nivel empresarial y, por otra parte organismos como Agesic que han realizado también importantes avances en materia de desarrollo digital, ciberseguridad e interoperabilidad a nivel del Estado. Asimismo, desde antes de la pandemia ANDE viene realizando talleres para emprendedores y cuenta con apoyo internacional para el Programa de Transformación Digital de mipymes, con el objetivo de acompañar a las micro, pequeñas y medianas empresas en el proceso de digitalización. Son avances necesarios en los que podemos decir que estamos caminado bien, aunque quede mucho por recorrer todavía.