(El País)
Cabildo Abierto negoció con la oposición y obtuvieron los votos –en contra de la voluntad del resto de sus socios– para forzar una prórroga en la actuación de la comisión especial que, en la Cámara de Diputados, analiza el proyecto de reforma del sistema previsional.
En la mañana, luego de una reunión de diputados de la coalición, hablaron de un compromiso: Cabildo Abierto solo apoyaría una prórroga si era planteada por otro partido del oficialismo. Algo que, estaba claro, no iba a suceder. Varios participantes en ese encuentro coincidieron en que los dirigidos por Guido Manini Ríos no irían a apoyar un planteo que efectuara la oposición en ese sentido. El acuerdo era que, más allá de las diferencias notorias sobre el proyecto, el tema se definiría este viernes, en el último día previsto de actuación de la comisión.
Blancos y colorados destacaron un cambio de actitud en sus colegas cabildantes en torno a ahondar los esfuerzos para permitir la aprobación del proyecto. El convencimiento era que la reunión entre el presidente Luis Lacalle Pou y Guido Manini Ríos se realizó para intentar una salida. A tal punto era así que un diputado nacionalista llegó a comentar que ya tenían “medio voto” de Cabildo.
Sin embargo, pocos minutos antes de que la Cámara de Representantes comenzara a sesionar para darle trámite al mensaje complementario con modificaciones al proyecto que envió el Poder Ejecutivo, el diputado Martín Sodano (Cabildo Abierto) envió un mensaje a través de WhatsApp a sus socios del oficialismo.
“Buenas tardes, es para confirmar que la decisión que se tomó a nivel del seno del partido es presentar una prórroga hasta el 30 de abril”, decía el aviso. A su vez se señalaba la voluntad de los cabildantes de “continuar de todas formas con el objetivo de lograr votar este 31 de marzo en comisión… pero todo dependerá”.
El mensaje cayó como una bomba el resto de la coalición y en la sesión, Sodano intentó dar las razones de esa decisión. Según explicó en sala, la intención de la moción era “generar un resguardo a los tiempos” y conseguir una prórroga por si se necesita más plazo para lograr los consensos para ratificar la ley. Un argumento que lejos estuvo de convencer al resto de la coalición, donde tienen asumido que la definición del tema ya quedó fuera del Parlamento y se maneja en otra órbita.
En los pasillos del Parlamento son varios los legisladores nacionalistas que afirman que Manini está “presionando” a Lacalle Pou para que, a cambio de votar la reforma jubilatoria, el presidente se comprometa a que estarán los votos para apoyar una vieja aspiración cabildante, que es la ley de prisión domiciliaria preceptiva para mayores de 65 años. Entre otros casos, beneficiaría a buena parte de los presos actualmente en la cárcel de Domingo Arena por delitos de lesa humanidad.
Los blancos afirman que Cabildo no explicó técnicamente la razón de por qué quieren bajar de 25 a 15 años el plazo para calcular la tasa de reemplazo en las futuras jubilaciones. Así como también, por qué se muestran inflexibles en que se retire la habilitación para que las AFAP inviertan sus fondos en el exterior. Más aún cuando en este último punto el gobierno envió una modificación al proyecto para dar “mayores garantías” a esas inversiones. La comisión tiene 21 integrantes. Cabildo Abierto, el Frente Amplio y el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) –que tampoco votará la reforma– suman 11 votos. Pese a que la sanción debe darse en la cámara, los blancos tienen decidido no llevar el proyecto a sala.
REPARACIÓN DE VÍCTIMAS
(Subrayado)
Se aprobó en comisión el proyecto de ley de Reparación de Víctimas de Grupos Armados Ilícitos entre 1962 y 1976. El Frente Amplio no acompañó la iniciativa, pero tuvo todos los votos de la coalición de gobierno y la iniciativa se considerará en el plenario después de turismo.
“La redacción cubre los vacíos que a nuestro juicio tenía el proyecto que venía del Senado y define el monto de las reparaciones que se pagarán como consecuencia de la ley”, indicó el diputado colorado Ope Pasquet.
El monto para las víctimas fatales es de 150.000 dólares. Pasquet explicó que el monto fue establecido en un proyecto original del gobierno de Tabaré Vázquez, en 2007. A aquellos que sufrieron una incapacitación permanente, el monto es de 100.000 dólares. “Aquella señora, Hilaria Quirino, limpiadora del bowling de Carrasco que quedó destrozada después de haber sufrido el impacto de la bomba y lo que se le cayó encima, a ese tipo de situaciones se les indemnizará con 100 mil dólares”, señaló el diputado. En aquellos casos que las personas hayan fallecido, la reparación va para sus causahabientes. Para quienes hayan sido secuestrados, será de 50.000 dólares.