(El País)
Después de detectar que varias de las personas que llegan a las policlínicas o son detenidas y tienen heridas de bala o de arma blanca que luego se infectan pero fueron curadas en un principio, la Policía realizó investigaciones.
“Tenemos información de que hay ciertas personas que, utilizando su acceso a la medicina, hacen curaciones de forma ilegal”, dijo a El País una fuente de investigación policial. Se trata de enfermeros o auxiliares que son vecinos de los integrantes de las bancas delictivas y, a raíz de ese contacto estrecho, los delincuentes los fuerzan a curarles las heridas que son más leves.
También se trata de enfermeros que son familiares de los integrantes de las bandas o conocidos de ellos y aceptan curar estas heridas porque es “plata fácil”, aunque en su mayoría lo hacen por miedo a que les puedan hacer algo a ellos o a su familia si se niegan a asistirlos.
La intención de esas bandas es evitar los centros de salud porque, por reglamento, cuando ingresa un herido o accidentado por heridas de arma de fuego, arma blanca o siniestro, deben dar aviso a la Policía. Y las autoridades en primer lugar buscan en su base de datos si la persona está requerida.
“Hemos parado gente que, al revisarlos, vemos que tienen heridas de arma de fuego de dos, tres semanas, que fueron atendidas aunque sin un tratamiento formal en hospitales y por eso las tienen supurando. Eso quiere decir que alguien le prestó un auxilio médico, pero al verificar el sistema constatamos que ese herido no está registrado en el sistema de salud. Eso se da muchísimo y justamente a través de los testimonios de los vecinos estamos intentando llegar a quiénes son esos funcionarios de salud y por qué ayudan a los delincuentes”, detalló la Policía.
Entre enero de 2019 y julio de 2022, a los centros de salud de Piedras Blancas, Hipódromo, Cerro y el Hospital Maciel ingresaron en total 4.661 personas por heridas con armas, lo cual representa un promedio de 110 ingresos por mes, según la respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecho por la diputada cabildante Elsa Capillera al Ministerio de Salud Pública (MSP).
En el detalle por año, se indicó que en 2019 ingresaron 1.198 baleados a esos centros de ASSE. En 2020 el número aumentó a 1.367 y en 2021 siguió la tendencia de incremento con 1.410 heridos.
Según los investigadores de la Policía, las bandas a gran escala, como lo fue la de Los Suárez, tienen un “enfermero propio” a quien le pagan regularmente por curaciones clandestinas. “Abogados, enfermeros, conexión con otras instituciones, todo eso tienen estas personas de gran nivel delictivo”, relató la misma fuente.
Cuando la banda de Los Chingas dominaban el barrio Borro tenían sus propios enfermeros y, al hacer allanamientos, la Policía encontró personas heridas que estaban siendo atendidas por expertos en enfermería. De todas formas aclaró que Uruguay está lejos de parecerse a Colombia o México, donde existen grandes hospitales clandestinos para atender a los miembros de clanes de narcotraficantes.
INTERIOR PRESENTÓ DENUNCIA PENAL POR CASO CARRERA
(LA DIARIA)
El Ministerio del Interior (MI) presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en la atención de la expareja del senador frenteamplista Charles Carrera en el Hospital Policial, entre 2010 y 2012, mientras Carrera se desempeñaba como director general de Secretaría en esa cartera. La Fiscalía será la que determine quiénes serían los implicados.
Esta nueva acción se enmarca en la investigación administrativa que inició la secretaría de Estado de Luis Alberto Heber en agosto del año pasado, luego de que se conoció que Carrera le brindó apoyo a un vecino que recibió un disparo que lo dejó parapléjico mientras transcurría una fiesta en la casa de quien entonces era subcomisario de La Paloma. El MI denunció a Carrera por abuso de funciones y anunció que iría contra el patrimonio del legislador por los gastos de atención de la víctima, que estimó en 260.000 dólares.
La investigación administrativa culminó y al entender de la cartera se constataron hechos “de apariencia delictiva” en el uso de los servicios del Hospital Policial por parte de la expareja de Carrera, que habría hecho uso de ellos en 42 oportunidades, pese a ser civil. El MI interpreta que al servicio Sanidad Policial le compete la atención exclusiva de funcionarios policiales en actividad y en retiro y familiares de estos, acorde a lo que establece el artículo 140 del Decreto Ley 14.416, de 1974. Por el contrario, la Ley 13.640, de 1967, propone un alcance más amplio, en tanto establece que “atenderá al personal dependiente del Ministerio del Interior y familiares a cargo del funcionario, así como también a los jubilados y pensionistas policiales y familiares a su cargo”.
RECIENTES HOMICIDIOS RELACIONADOS CON NARCOTRÁFICO
(LA RED 21)
Los últimos homicidios ocurridos en distintos puntos del país han generado gran preocupación en la sociedad. El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, sostuvo que muchos de estos casos están relacionados con el narcotráfico y el consumo de drogas.
El aumento de la violencia en el país ha llevado a las autoridades a tomar medidas más drásticas para enfrentar el problema. Sin embargo, según González, es necesario abordar la raíz del problema: el narcotráfico.
De acuerdo al jerarca, la mayoría de los últimos homicidios están relacionados con el tráfico de drogas. Sostiene que el narcotráfico ha generado un mercado negro en el país, que a su vez ha generado violencia y delitos relacionados con las drogas.
González señaló que los homicidios que tienen lugar en los barrios más pobres de Uruguay están relacionados con el narcotráfico. La solución al problema de la violencia en Uruguay pasa por abordar el problema estableciendo políticas que permitan la regulación del mercado de drogas, de manera que se reduzca la violencia y se controlen las actividades de las bandas criminales.