En todo el país, la problemática de los caballos sueltos provoca reacciones y enojos en las comunidades. Lo que ocurre en Paysandú y genera intercambios diversos en las redes sociales, se repite en Montevideo, la zona metropolitana y en localidades alejadas.
Las demandas por una solución se reiteran en nuestras ediciones con el aporte de registros fotográficos, que destacan el momento preciso y el lugar en el que pastan los animales. Generalmente, son espacios públicos concurridos, plazas, avenidas, o la zona costera, sin cuidadores ni responsables a la vista.
En los últimos días se retomó la tarea suspendida el año pasado, de captura de equinos y su posterior traslado a la espera de un destino que, de acuerdo al reglamento firmado por el presidente Luis Lacalle Pou el año pasado, está claramente definido.
El operativo anunciado en agosto de 2022, se interrumpió unos tres meses después porque no era posible cumplir con los plazos fijados en la normativa. Allí se establece que una vez capturado, deben transcurrir 72 horas a la espera del reclamo de su dueño, quien deberá pagar una multa y presentar la documentación que acredite su propiedad. En esta condición, en realidad, se encuentran muy pocos, porque son caballos sin marcas ni señales y, seguramente, sin dosificar.
Transcurridos tres días, se activa la logística de traslado a un predio, donde aguardará por el remate, la donación o faena, según su condición sanitaria. El año pasado, el piquete no cumplía con las condiciones mínimas para la permanencia de los animales capturados en Paysandú y, al final, movilizó a la comunidad guichonense que entendía que la ciudad capital se sacaba un problema de encima, pero lo trasladaba a 90 kilómetros. A raíz de la protesta ciudadana, se realizaron contactos con una oenegé y aquellos equinos marcharon a un santuario.
Con la suspensión de la medida, el problema se visibilizó nuevamente y la búsqueda de una solución se demoró unos tres meses. Los caballos volvieron a las calles, las protestas a las redes sociales y las fotografías a nuestras páginas.
La semana anterior se retomó la requisa, luego de la articulación de esfuerzos y la propuesta para el traslado a un nuevo predio que, a pesar de sufrir los embates de la sequía, puede contener a los caballos capturados y evitar sus robos porque se encuentra cercano a un destacamento policial. Hasta aquí, la crónica ligera de un problema de larga data.
Sin embargo, con la puesta en marcha de la medida, también se retoman los cuestionamientos a las decisiones ministeriales. Entonces, por un lado se manifiesta el público que reclama una solución con la requisa urgente de los espacios públicos, ante los peligros que implica para el tránsito. De hecho, un siniestro grave ocurrió hace pocos días a raíz del cruce de un caballo en una avenida, con las consecuencias de un conductor grave, internado en CTI, que fueron asumidas por nadie. Porque el caballo no es culpable, sino quien supuestamente lo dejó a la deriva con el argumento de amarrarlo a una cuerda de la que –claramente– se desatan.
Y aunque sea una obviedad, conviene aclarar a quienes no tienen la voluntad de comprender, que los caballos son animales con la complexión y fuerza suficiente para cortar una piola y seguir su camino. Porque su instinto los lleva a comer.
Ahora el rechazo es a la medida de levantar a los caballos que se encuentren atados, porque también serán considerados animales sueltos. Es que la evidencia rompe los ojos todos los días, cuando transitan sobre las banquinas. Y tampoco es tan difícil de comprender que este operativo debe realizarse –precisamente– porque no existen tenedores responsables de animales. De lo contrario, no habría requisas, ni operativos de traslado, ni discusiones sobre la pertinencia del bienestar animal.
Porque son aspectos ya legislados y algunos que restan reglamentar para continuar, seguidamente, con los perros en las calles. Es decir, en sociedades que supuestamente han evolucionado en diversos aspectos, aún hay que crear leyes y decretos que definan a la tenencia responsable y la necesidad de concientizar a través de pautas publicitarias.
En realidad el mensaje es mucho más claro: si no tiene las condiciones ambientales o económicas para tener una mascota, es mejor que no lo haga. Porque las campañas de control de la población canina se encuentran ahora mismo en un “cuello de botella”, tal como lo definen las autoridades. El tenedor responsable cumplió y asistió a las jornadas de castración y chipeo. Todo lo que queda a la vera de los caminos, corresponde al núcleo duro compuesto por quienes se desentienden del problema o reiteran mitos ya profusamente rechazados por la medicina veterinaria.
La última reglamentación del Plan Nacional de Control de la Población Canina brinda un respaldo legal para ejecutar acciones y lo que antes eran recomendaciones o exhortos, hoy es una obligación con sanciones de 10 a 500 Unidades Reajustables. Y el Estado, a través del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) –también– está obligado a controlar y capturar. Sin embargo, aún no están definidas las delegaciones departamentales, ni los lugares hacia dónde se llevarán a los animales capturados. Por lo tanto, en este último aspecto, queda mucho más por resolver que en el caso de los equinos.
Como sea, si hubiese concientización sobre la tenencia responsable y bienestar animal –amparados en la Ley 18.471 y ampliada con la Ley 19.889 que creó el INBA– nada de esto se discutiría en ningún lado. Y, por cierto, las oenegés están conformadas por personas voluntarias que “donan” su tiempo y recursos en una labor poco visibilizada por aquellos que reclaman su responsabilidad en este tema. Nada más lejos de la realidad. Este ha sido, y será por bastante tiempo, un problema creado por la propia sociedad que le reclama a otros lo que no es capaz de solucionar por sí misma.
