La crisis de abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana es por cierto consecuencia de una persistente sequía que ha azotado en mayor o menor medida todo el subcontinente sudamericano como consecuencia del fenómeno de La Niña, el que debería estar en estos meses en proceso de revertirse, pero ha servido entre otros aspectos para dejar al desnudo imprevisiones en la implementación de proyectos –léase inversiones– para contemplar el abastecimiento en situaciones como las que estamos atravesando, y no solo en el suministro de agua potable.
El caso de Montevideo es potenciado por el hecho de que la alta concentración de población se da en un entorno de bajo caudal de los abastecedores naturales para la potabilización, como es el caso de los ríos y otros cursos de agua, pero en el caso de una sequía de esta magnitud es notorio que han sufrido las consecuencias en mayor o menor medida todas las pobladores del país, sobre todo en las áreas rurales, más allá de la afectación en las producciones como la ganadería, la agricultura, la granja, entre otras.
Pero como es lógico, la gran vidriera en este momento es Montevideo y parte de Canelones, porque los embalses para las potabilizadoras han perdido caudal sistemáticamente sobre todo en los últimos meses, y no se cuenta con reservas suficientes para asegurar el abastecimiento para más allá de dos o tres semanas, pese a que se han adoptado medidas como permitir una mayor salinidad en el agua para utilizar parcialmente agua de mar, y a la vez restringir en lo posible el uso para otros fines que no sean los esenciales para el ser humano.
Además, como la mayoría de las cosas que ocurren en este país, todo problema tiende a situarse en código político – electoral, al pase de facturas, tratando cada uno de llevar agua hacia su molino, de situar en el campo del adversario político la culpa o la responsabilidad de que se esté hoy ante una crisis de abastecimiento del vital elemento para la población capitalina.
Pero claro, en estos cruces hay que tratar de discernir ente la sustancia y la espuma, los eslóganes de ocasión para confundir y entreverar las cartas, y también sobre los orígenes, consecuencias y las medidas paliativas para hacer frente a la situación.
Por ejemplo, en la últimas horas se ha incorporado un factor distorsivo por el presidente de la federación que nuclea a los funcionarios de OSE, Federico Kreimermann, luego que el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, hizo un anuncio público acerca de la crisis de suministro de agua que atraviesa Montevideo y el país. En su alocución, el jerarca pidió a la ciudadanía “no regar con agua de OSE, no lavar autos, tratar de cerrar la canilla en aquellos momentos innecesarios” y evitar el acopio del agua embotellada, con el fin de que haya disponibilidad para toda la población necesitada. Asimismo, repasó las medidas ya adoptadas por el gobierno en aras de afrontar la presente crisis, e hizo anuncios complementarios. Por ejemplo, la adquisición de una planta desalinizadora a la UTEC, que “estaría operativa la otra semana”, el uso de una planta de ósmosis invertida que es propiedad de UTE, y el envasado de agua en bolsas, procedente de plantas como las de Kiyú, La Floresta o Pan de Azúcar, instalaciones que –remarcó– fueron creadas en la actual administración.
En cuanto al agua embotellada, aseguro que “se monitoreará la situación” del mercado, en lo que respecta a disponibilidad y precios, y no descartó la importación del producto en caso de que fuera necesario.
Federico Kreimerman, en cuanto a la puesta en funcionamiento de las plantas desalinizadoras, consideró por su parte que se trata de una decisión que transmite la señal equivocada, consistente en “el agronegocio y que las pasteras se sigan llevando el agua dulce” mientras “para la gente traemos desalinizadora. De rodillas ante el capital, como siempre, clase contra clase, no queda otra”, utilizando así una emergencia histórica provocada por el cambio climático para seguir haciendo lo que mejor sabe hacer el gremialismo de OSE: política.
“Falso, Arazatí es agua del Río de la Plata, con sal, y un tercio de lo que hoy consume el área metropolitana. No hay plan para la sequía y se dan el lujo de anunciar falsedades que son para el futuro lejano además”, subrayó.
Sobre el tema del agua envasada, tal como podría esperarse de un dirigente ultra izquierdista exigió la intervención estatal en el mercado: “fijar precios y penalizar el acopio”, refrendando su perspectiva de lucha de clases.
Pero si entramos en el meollo del asunto, y más allá de que se trate de una sequía extraordinaria, el origen del problema radica en obras que no se hicieron en tiempo y forma, y naturalmente, ello no es responsabilidad del actual gobierno, por cuanto la identificación, elaboración de proyectos, las licitaciones y puesta en marcha de las obras exigen entre dos a tres años en nuestro país, por lo que en el mejor de los casos recién podrían estarse iniciando los trabajos para emprendimientos de gran magnitud, que podrían tener resultados en el mediano plazo, por lo que es lo mismo que pedir las tortas fritas antes de comprar la harina.
La explicación pasa por otro lado, y algunos elementos explicativos surgen de la entrevista que el periodista Leonardo Haberkorn le hiciera a la intendente de Montevideo y expresidente de Antel, Carolina Cosse, en el programa Desayunos Informales, de Canal 12. Allí el periodista le recordó una entrevista realizada al por entonces ministro de Economía Danilo Astori, en 2015, cuando señalaba que se debía “posponer” la construcción del Antel Arena para atender otras prioridades.
“Astori decía ‘bueno, lo vamos a hacer pero hay que posponerlo hasta tanto tengamos un programa racional de obra pública y fijadas las prioridades’. Una de las prioridades era el agua, y hablaba de posponer el Antel Arena. Finalmente, hicimos el Antel Arena y no se cumplió con esa prioridad que marcaba Astori. ¿Usted hace una autocrítica al respecto?”, le preguntó Haberkorn.
Cosse señaló que la discusión le parecía “bastante bizantina” y que la construcción del estadio “se pospuso”. “No tanto como para hacer las represas”, apuntó el profesional de los medios de comunicación.
“Se pospuso todo lo que el presidente de la República decidió que había que posponerlo. Tabaré tenía una fuerte preocupación y una fuerte impronta por el tema del agua y la cuenca del Santa Lucía”, respondió la jerarca, tratando de explicar la decisión.
El tema, precisamente, es cómo se fijan las prioridades, cómo se distribuyen los recursos que se tienen y determinadas decisiones políticas que no siempre tienen en cuenta el interés general, y en este caso el del abastecimiento de agua a la población montevideana que tenía bajo su responsabilidad entonces el gobierno de izquierda, con el presidente Tabaré Vázquez y el ministro Danilo Astori a la cabeza.
Y en ese aspecto, es claro que las prioridades de los últimos 15 años –en pleno auge de la soja, que produjo una inyección de riqueza al país como nunca en la historia– estaban por otro lado: Pluna, la regasificadora –que nunca se hizo–, el tercer horno de la planta de portland de Ancap –que se dejó tirado en Paysandú hasta estropearse–, ampliación de la refinería de La Teja para procesar petróleo pesado de Venezuela –con sobreprecios–, subsidiar empresas fundidas a través del Fondes, ALUR, entre un sinnúmero de etcéteras.
Lo demás es solo sólo política carroñera tratando de sacar rédito de una crisis ya instalada –como se quiso hacer con la pandemia de COVID-19–, por no haberse hecho en su momento lo que se tenía que hacer.