(Por Horacio R. Brum)
Viajar con frecuencia entre Chile y Argentina, como lo hace este corresponsal, es ir de un planeta a otro en términos de estabilidad económica, solidez institucional y respeto por las normas y las reglas del juego de la democracia. Es también explicarse por qué al oeste de los Andes hay un país abierto a las corrientes de la globalización y al Este hay una nación atada a mitos sobre la autosuficiencia y que tiende a culpar al mundo de sus propios males y errores; una nación que pesa en el desarrollo del Mercosur como la bola de hierro que los presos arrastran en las caricaturas.
A mediados de este mes estuvo en Santiago la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, que visitó también Argentina, Brasil y México. No es ningún secreto que la Unión Europea (UE) está aprovechando su imagen más positiva que la de los Estados Unidos en la región, para intentar que América Latina se una al cerco de Rusia impuesto por el ataque a Ucrania. No obstante, los europeos tienen otros dos objetivos más cercanos a sus intereses económicos: contener la penetración comercial de China –que ya es el principal comprador de las exportaciones e inversionista en muchos países latinoamericanos–, y asegurarse el suministro de litio, un mineral esencial para la transición al transporte libre de petróleo, cuyas mayores reservas están en Chile, Bolivia y Argentina.
Von der Leyen ofreció a Brasil y Argentina sus buenos oficios para acelerar la concreción de un tratado de libre comercio con la UE, pendiente desde hace muchos años, y una vez más se encontró con reticencias proteccionistas. En el caso brasileño, también hay reservas por los temas ambientales, debido a que las organizaciones ambientalistas europeas ejercen una presión permanente para la protección de la Amazonia. Chile, en cambio, tiene un tratado con Europa desde 2003, el cual fue actualizado el año pasado y le da ventajas arancelarias para casi el 100% de sus exportaciones a la Unión. Esa actualización incluyó aspectos ambientales y de protección de los derechos de los trabajadores, negociados a satisfacción por ambas partes.
Ahora, la UE anunció que invertirá 225 millones de euros en un proyecto para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Chile. Este combustible, de usos múltiples, también permitirá reducir la dependencia de los derivados del petróleo; para producirlo en un ciclo limpio se suele emplear la electricidad obtenida de la energía eólica, que en este país se explota desde hace muchos años mediante la cooperación del sector público y el privado. En la actualidad, la energía eólica forma parte del 53% del total de la capacidad instalada en el Sistema Eléctrico Nacional que corresponde a la generación basada en recursos renovables (fuentes hidroeléctricas, solar fotovoltaicas, de biomasa y geotermia). Según lo prometió Von der Leyen, la Unión Europea se convertirá en el principal cliente para las exportaciones chilenas de hidrógeno verde, además del litio: “Por eso hemos acordado desarrollar una asociación estratégica para materia prima sostenible y la cadena de suministros asociadas”. Por otra parte, el presidente Boric presentó en abril la Estrategia Nacional del Litio, que da al Estado una presencia en toda la cadena de producción, pero incluye alianzas con las empresas privadas.
Al otro lado de los Andes, donde la visita de la presidenta de la Comisión Europea despertó más recelos que entusiasmos, se sigue discutiendo cómo repartir la torta de las hipotéticas ganancias del litio entre el gobierno nacional y las provincias, y la participación privada es poco menos que una mala palabra. En cuanto a la producción de hidrógeno verde, la Casa Rosada solamente firmó un memorándum de entendimiento al respecto. Significativamente, poco después de la visita de Von der Leyen una noticia periodística dio cuenta de que en la Patagonia hay proyectos importantes de producción de energía eólica, pero no existe la infraestructura para transportarla hacia los centros de mayor demanda. Por esos mismos días, el diario oficialista Página12 y la agencia oficial de noticias Telam informaron con gran despliegue que en la universidad de La Plata se construyó el primer ómnibus eléctrico de transporte urbano.
En realidad, este es un vehículo convencional, que fue vaciado de su motor gasolero para instalarle uno eléctrico y si bien hay planes para construir las baterías de litio en Argentina, las de este “colectivo” fueron compradas en China. En Santiago de Chile, entretanto, circulan casi 2.000 ómnibus eléctricos y crece rápidamente la flota de taxis movidos por electricidad. Gracias a los tratados de libre comercio, estos equipos pueden importarse desde China y otros países con impuestos muy bajos o no existentes, al igual que lo que sucede con las computadoras y otros equipos electrónicos, que los argentinos vienen en masa a comprar. La razón de esto último es que en su país tales artículos cuestan 30 a 50% más que en Chile, porque hace varias décadas que los gobiernos argentinos impusieron la fabricación nacional de esos productos en Tierra del Fuego, por razones geopolíticas y justamente para prevenir una imaginaria expansión de los pobladores chilenos en ese territorio. Algunos meses atrás, se aumentó el gravamen a las computadoras importadas, cuya llegada sufre todas las trabas a las importaciones que han creado las autoridades de Buenos Aires por su carencia de dólares. Vale la pena anotar que la subvención a la industria electrónica de Tierra del Fuego superó el año pasado los 1.000 millones de la divisa estadounidense.
Según un experto chileno en comercio internacional, la costosa política de subsidios hace que la industria argentina permanezca atrasada y poco competitiva en muchos aspectos, lo que se intenta compensar con medidas proteccionistas de todo tipo, en detrimento de la apertura del Mercosur al mundo. Chile, en cambio, cuenta con 33 acuerdos comerciales que lo vinculan a 65 economías y dan a su producción acceso, en condiciones preferenciales, a unos 4.300 millones de habitantes del planeta. Más allá de los cambios de gobierno, en Santiago se mantiene como una política de Estado sin ataduras ideológicas la búsqueda de tratados de libre comercio. Aún cuando algunas industrias nacionales, como la textil y la del calzado, han sufrido consecuencias negativas, el gran acceso a los mercados del mundo estimula permanentemente la actividad de las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de productos de “nicho”, para públicos sectorizados nacionales y extranjeros. Un ejemplo interesante es el de NotCo, una empresa de tres jóvenes que creó una línea de sustitutos de los lácteos, a partir de plantas. Desde símiles de leche y mayonesa, hasta dulce de leche, NotCo se está convirtiendo en una marca internacional, preferida no solamente por las personas que no tienen tolerancia a la lactosa, sino también por los consumidores vegetarianos, veganos o que simplemente tratan de evitar las grasas.
En 2019, los chilenos salieron a las calles en un verdadero alzamiento popular, para exigir cambios al modelo de desarrollo vigente bajo la Constitución de la dictadura pinochetista. Un año más tarde, rechazaron la nueva Carta Magna elaborada por una Convención que fue dominada por los sectores radicales, varios de los cuales se inspiraban en el kirchnerismo. Actualmente está en marcha la elaboración de otra Constitución, que probablemente será más cercana a los anhelos de la ciudadanía de progresar en condiciones de igualdad y equidad, sin anular la iniciativa privada ni encerrarse en nacionalismos económicos. Sin “argentinizarse”, como se define en el habla chilena a la corrupción generalizada, la intervención sofocante del Estado y una economía que niega las tendencias mundiales.
