Nuevamente los debates político – ideológicos y el pase de facturas entre oficialismo y oposición signaron el debate en la sesión ordinaria de la Junta Departamental de Paysandú, donde el tema dominante fue el pedido de anuencia del ejecutivo departamental para la toma de préstamo con destino a la construcción del Campus Universitario, previo informe favorable del Tribunal de Cuentas de la República –luego modificado en la redacción ante planteo del Frente amplio– y el pedido de llamado a sala al intendente Nicolás Olivera por el déficit de la Rendición de cuentas 2021, que el Partido Nacional amplió al 2022 por entender que la Rendición no se puede evaluar sin el resultado de la anterior.
Si bien en ambos casos la votación fue favorable, se llegó a esta instancia tras un prolongado y acalorado debate en el curso del cual el Frente Amplio puso énfasis en las dudas y suspicacias que le merecen tanto la gestión de la Administración Olivera como la del gobierno nacional, destacando el ejercicio del rol de control de la oposición, en tanto desde el oficialismo se insistió en que la coalición de izquierdas sigue priorizando poner “el palo en la rueda” para que no se avance en iniciativas que son prioritarias y de interés general.
En el ida y vuelta de los debates, el eje central del Frente Amplio fue que al pedir la anuencia no se respetaba su rol de contralor y que se salteaban pasos, por cuanto sus ediles entienden que se habilitaba un cheque en blanco para la instrumentación del préstamo, puesto no se daban detalles por la Intendencia sobre el destino y manejo de los 6 millones de dólares solicitados para hacer realidad este proyecto, que además implica tomar endeudamiento por más de una administración de gobierno departamental.
Subrayaron que había “mucho apuro” para aprobarlo sin pasar por las instancias necesarias, en tanto a la vez expresaron sus fuertes reparos al gobierno nacional por entender que se asigna “cero recursos” a la Universidad de la República en el Presupuesto, y que el aporte de ésta es fundamental para el apoyo financiero al proyecto del Campus Universitario en Paysandú.
El nacionalismo a su vez reafirmó una y otra vez que las cosas se están haciendo “con transparencia” y que la actitud de la coalición de izquierdas es de una oposición sistemática a todo lo que se pretenda hacer, tanto en el gobierno departamental como en el nacional, anteponiendo posturas político – ideológicas a los intereses de la población y el país, buscando réditos electorales.
En esta tónica de ida y vuelta se desarrolló el debate, en el que las posiciones aparecían como inconmovibles, hasta que se ingresó en el último cuarto intermedio, pedido esta vez por el oficialismo, en el que los ediles de la bancada nacionalista propusieron otra redacción a efectos de contar con el voto de la oposición mayoritaria, en tanto el representante colorado, David Helguera, acompañó desde el principio la iniciativa por entender que se ha ido informando desde un primer momento sobre los pasos que se están dando y recordó que incluso integró la delegación que gestionó el préstamo ante el Banco de Desarrollo para América Latina (CAF).
Finalmente, por unanimidad, y con votación nominal, en la que los ediles reiteraron en sus respectivas argumentaciones, se aprobó la siguiente moción: “Visto lo solicitado por expediente N.° 2023-3962: Asunto Proyecto Nueva Sede Universitaria, corresponde previamente remitir estos obrados al informe preceptivo que sobre el particular deberá proveer el Tribunal de Cuentas de la República, conforme a lo establecido por el Artículo 301 de la Constitución de la República”.
“Considerando que para la hipótesis solicitada, se requiere del previo y especial pronunciamiento del Tribunal de Cuentas, por tratarse de un préstamo proyectado a contraerse con un organismo internacional de crédito (CAF – Banco de Desarrollo para América Latina)”.
“Atento a lo expresado, la Junta Departamental de Paysandú resuelve: 1.º- Remítase al Tribunal de Cuentas de la República el Expediente N.° 2023-3962, de la Intendencia Departamental para su consideración en atención a lo dispuesto por el Artículo 301 de la Constitución de la República.
2-°- Radíquese el Expediente N.° 2023-3962, de la Intendencia Departamental en la Comisión de Presupuesto”.
De esta forma, se reformuló la iniciativa inicial del oficialismo, habilitándose el envío al Tribunal de Cuentas de la República pero sin el pedido de anuencia, a la vez que el punto sea analizado por la Comisión de Presupuesto con el envío de la información correspondiente.
El déficit, motivo del llamado
En sus exposiciones los ediles del Frente Amplio cuestionaron una y otra vez cuál puede ser “la capacidad de pago” de la Intendencia sanducera, habida cuenta del “déficit de 11 millones de dólares del ejercicio 2021” y de que la amortización se trasladará asimismo a las siguientes administraciones.
Apoyándose en el informe del Tribunal de Cuentas de la República, acercándose al final de la sesión con hora extendida, la bancada del Frente Amplio presentó la moción de llamado a sala al intendente Nicolás Olivera a efectos de que exponga respecto al informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión del Ejecutivo Departamental en base a la Rendición de cuentas del año 2021.
El Partido Nacional a la vez pidió complementar la moción con el pedido de que el intendente también dé cuenta sobre la Rendición de Cuentas del año 2022, que es complementario al primer punto, a juicio del oficialismo, aspecto este que no aceptó el Frente Amplio, pero que fue votado positivamente.
