La seguridad ciudadana es un tema clave en las campañas electorales. De hecho, el excandidato a la presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, admitió al finalizar la anterior contienda que en las elecciones pasadas “impactó mucho lo de la seguridad” en el resultado final y reconoció las dificultades existentes al momento de comunicar las propuestas.
Desde la “sensación” de inseguridad en la población, expuesta por el exministro del Interior, José Díaz, hasta nuestros días, las estadísticas demuestran un incremento en niveles de criminalidad y violencia. De hecho, fue uno de los ministros que terminó renunciando a su cargo, luego de algunas interpelaciones. Incluso, el entonces diputado del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, quien había convocado a Díaz al Parlamento para que brindara información, decía que “los gobiernos se evalúan por las gestiones y no por las personas”.
Asumía Daisy Tourné con la convicción de profundizar “la vinculación con la ciudadanía”, pero renunciaba dos años después, luego de ser filmada insultando a opositores y dirigentes de su propia fuerza política. En aquella alta exposición mediática, mostraba autocrítica hacia la interna frenteamplista que no respaldaba las acciones sobre seguridad ciudadana. En vez de eso, aseguraba que su gobierno enfatizaba en las políticas sociales o con el Plan Ceibal, y “lo demás no existió”.
Por un año estuvo Jorge Bruni y así fue como durante la primera administración frenteamplista hubo tres cambios de ministro. Con la asunción de José Mujica, el 1° de marzo de 2010 llegaba a la cartera de Interior, Eduardo Bonomi y allí se quedaría por una década.
Luego relataba en sucesivas entrevistas que, al menos tres veces, presentó su renuncia. Sin embargo, el expresidente Tabaré Vázquez lo reafirmaba en el cargo, sin aceptar su dimisión. Dejó la secretaría de Estado con un récord histórico de interpelaciones: a razón de una por año de gestión.
El exministro opinaba que “parece que en Uruguay los temas se solucionan con la renuncia de un ministro”. Por esos años, los senadores Lacalle Pou y Jorge Larrañaga reclamaban la responsabilidad de Bonomi ante una “situación grave” que “rompe los ojos”.
Hasta ahora, la seguridad es una de las áreas más calientes y los procesos de cambio no son siempre bien aceptados. Las transformaciones en la matriz delictiva se observan desde hace –al menos– dos décadas y la fuerte influencia del narcotráfico genera una alteración en los delitos. A lo largo de las distintas administraciones, las autoridades han mostrado dificultades para explicar las razones del incremento de los homicidios o las rapiñas, sin justificar que en el primer caso se constatan ajustes de cuentas y en el otro, para comprar droga en bocas de venta que reabren en otros lugares a pesar del seguimiento policial. Y lo reconoce el actual ministro, Luis Alberto Heber: “Los territorios vuelven a ser ocupados por bandas que ya están u otras que aparecen, y se generan guerras por territorios. Así como cerramos una boca, se abre otra”.
Al llegar a la presidencia, Lacalle Pou impuso en el cargo a Larrañaga. A pesar de su muerte prematura a poco más de un año del comienzo de su labor, mostraba operativos que redundaban en el incremento de personas encarceladas, así como una mayor presencia policial. Sin embargo, la “sensación” de mayor inseguridad aún seguía en las calles.
Por eso, será un tema clave en las próximas encuestas. La última compulsa de Equipos Consultores ubica a la seguridad junto a la economía como asuntos prioritarios en la población.
No es fácil innovar en este escenario y todo lo realizado, desde las administraciones anteriores hasta hoy, parece que no alcanzara para llevar seguridad en materia de políticas públicas. La oposición reconoce que fue una de las razones por las cuales perdió en las elecciones pasadas y hoy observa el horizonte aún más complejo con el despliegue de bandas en un territorio altamente disputado. Con el tiempo cada vez más ajustado, los candidatos del oficialismo no tienen figuras destacadas a ocupar el cargo en Interior, sino equipos con algunas referencias. Es el caso de Laura Raffo, que cuenta con el apoyo de Heber. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, o también llamado el “candidato oficialista”, no puede comunicar propuestas de campaña electoral desde su lugar. De lo contrario, no sería coherente que hablara de soluciones, cuando hoy existen dificultades para el abordaje de la seguridad ciudadana a la luz de algunos resultados.
Los candidatos de la oposición, Carolina Cosse y Yamandú Orsi, conforman sus equipos técnicos. Sin embargo, Gustavo Leal es una figura muy fuerte dentro de la coalición. Representa al Frente Amplio en las reuniones multipartidarias del seguridad del Ministerio del Interior y está a cargo del programa El Frente te Escucha.
Por el momento, impactan las bandas de narcotraficantes que irrumpieron hace bastante tiempo en el escenario uruguayo. Y las cosas que “nunca” iban a pasar en Uruguay, un país tranquilo, sí suceden. Tal es el caso de la fuga de Rocco Morabito, o también llamado “el rey de la cocaína de Milán”, quien salió caminando desde Cárcel Central y fue apresado en Brasil, a comienzos de la actual administración. O el de Sebastián Marset, arrestado en Emiratos Árabes por el uso de un pasaporte falso y liberado dos meses después por gestión de la diplomacia uruguaya. Una situación que hizo volar la cabeza de la subsecretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores, en hechos que aún se investigan. O el ingreso, a través de la frontera seca de Rivera, de bandas brasileñas a territorio uruguayo. Incluso las disputas por las ventas que generan un pico de inseguridad en el territorio riverense.
En marzo, el ministro Heber presentó un documento preliminar denominado “Estrategia de seguridad integral y preventiva”, con 15 propuestas a estudio de los partidos políticos, con el fin de lograr un consenso que permita instrumentar las medidas en esta segunda mitad del año.
Heber adelantó en la conferencia de prensa que es un trabajo a largo plazo. Sin embargo, también dijo que no está cuantificado el costo de cada medida. Su implementación dependerá enteramente de la voluntad política y si las propuestas son transformadoras de la actual realidad o no, se verá una vez que se pongan en práctica.
