El exlegislador nacionalista Juan Raúl Ferreira –hijo del líder blanco Wilson Ferreira Aldunate– asumió en el año 2000 como vicepresidente de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, designado por el entonces presidente de la República, Jorge Batlle.
Ferreira milita en el Espacio 609 en el Frente Amplio desde 2018, luego de abandonar las filas nacionalistas y en el marco de las giras por el interior del país, señaló que el 3 de octubre el Frente Amplio interpelará a los ministros Francisco Bustillo y Azucena Arbeleche, a raíz de las últimas designaciones de cargos y asignaciones de presupuesto, que motivaron la renuncia del expresidente de la delegación uruguaya, Carlos Albisu.
“Es un buen punto de partida para hincarle el diente al tema. No podemos quedarnos con que las denuncias sean ciertas, sino que hay que tratar de sacar algo positivo”, señaló a EL TELEGRAFO.
Ferreira comenzó por los cargos dentro de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). “Fue en este departamento donde le oí decir –varias veces– al doctor Jorge Larrañaga que se llama comisión administradora, pero solamente administra un pedazo. Porque no hay que olvidar que el río Uruguay es algo más que la frontera entre Uruguay y Argentina. Hay una cuenca en Brasil muy importante. Y este es un momento muy favorable para acuerdos a raíz de la nueva presidencia de Lula da Silva, quien se quiere reinsertar internacionalmente de otra manera e incorporarse a la administración del río”.
Explicó que “Salto Grande puede hacer algunas cosas con su represa y otras no. Dependiendo de lo que haga Brasil con la cuenca más al norte”.
LAS COMISIONES
Ferreira recorrió las conformaciones de la CARU, la Comisión Administradora del Río de la Plata y la CTM de Salto Grande. “Todas fueron creadas más o menos en la misma época. Las tres comisiones, en un lapso no mayor a tres meses. Mientras que las comisiones del río Uruguay y del Río de la Plata son comisiones binacionales, Salto Grande tiene el estatuto jurídico de un organismo internacional, como las Naciones Unidas, la FAO, la Organización Internacional del Comercio o la Organización Internacional del Trabajo. Es el único organismo internacional que se conoce con dos estados miembros. Nada más. Y eso de tener un estatuto de organismo internacional, hace que las leyes de los países no sean aplicables”.
Según Ferreira, “en Salto Grande hay un tribunal arbitral porque la justicia no puede meter mano. A los funcionarios de Salto Grande, no se les aporta al BPS y no se pueden jubilar cuando se retiran. No son empleados públicos”.
Los trabajadores del organismo, “han creado –porque se les dio la gana y si un día lo quieren quitar, lo quitan– un fondo mutuo. Allí aportan los que están activos y los que se retiran cobran una jubilación inventada para ellos. No hay obligación de aportar y no hay obligación de pagar despidos”.
TRES SEDES
Ferreira aclaró que “como si todo esto fuera poco, Salto Grande –por el tratado que lo crea, firmado entre Juan María Bordaberry y Juan Domingo Perón– tiene tres sedes”. Ejemplificó que “las Naciones Unidas tienen dos sedes, en Nueva York y Ginebra pero para distintos organismos especializados. Salto Grande tiene sede en Montevideo, Buenos Aires y Salto. Y se repite toda la estructura tres veces”.
Es decir, “el presidente de Salto Grande tiene una secretaria en Buenos Aires, otro en Salto y otra en Montevideo y así sucesivamente todos los delegados de los dos países. Ahora se bajó de cinco a tres miembros. La pregunta es por qué hay que multiplicar todos los gastos por tres. Lamentablemente eso es lo de menos”.
El dirigente puso “como ejemplo el caso mío. Yo me terminé yendo, pero si me hubiera quedado fijaba domicilio en Montevideo. Cuando iba a las oficinas que estaban en el centro, fungía como presidente de la delegación uruguaya. Pero cuando viajaba a Salto, cobraba viáticos como si estuviera de viaje en el exterior o cuando iba a Buenos Aires. Esa es la razón por la cual hay tres sedes”.
Opinó que “hay muchos problemas que se han multiplicado, como la falta de intervención del Estado en temas que son muy importantes”.
En este sentido, resaltó que “hay zonas con casos de cáncer por las emanaciones de la generación de electricidad y el Banco de Seguros no puede intervenir, porque ni siquiera es el asegurador. Y no lo es de las cuatro turbinas y media que le pertenecen a Uruguay. Se contrata directamente al seguro en el mercado internacional, y ni siquiera emite la póliza el Banco de Seguros o la Caja Nacional”.
Explicó que “otro detalle que se conoce poco es que la CTM es en sí misma una violación al Tratado de Salto Grande. Porque el tratado dice que la comisión se crea para la construcción de la represa. Después se creará una comisión administradora, que nunca se creó y la represa genera electricidad desde 1979”.
Ferreira auguró que “por eso, después de la interpelación que tendrá legisladores muy bien preparados y asesorados, haya modificaciones y evitemos echarnos las culpas”.
