Durante la pandemia, las autoridades sanitarias manifestaron su preocupación por un flagelo que se sostenía en el tiempo con cifras elevadas. El suicidio era un asunto constante en las estadísticas y al finalizar el año 2020, se comprobó esa realidad con la autoeliminación de 718 personas, en su mayoría hombres. Las cifras del año siguiente alcanzarían a 758 suicidios y las de 2022, aún peores, con 823 casos en Uruguay.
Entre octubre de 2022 y junio pasado, los servicios de salud atendieron a 2.896 personas que intentaron suicidarse. De ese total, justo la mitad eran menores de 29 años y el 71% eran mujeres.
Al comienzo de la contingencia sanitaria, los relevamientos oficiales alertaban que los usuarios de Salud Pública del Interior del país tenían en 2020 un espera de al menos cuatro meses para acceder a una consulta con el psiquiatra. Las consultas de urgencia se atendían, pero las autoridades remarcaban la existencia del problema del seguimiento de los casos.
Los datos, en ese entonces, eran corroborados por Pablo Fielitz, quien ocupaba el cargo de director de Salud Mental de ASSE. Por su parte, las mutualistas aseguraban que cumplían con los tiempos de espera, de acuerdo a la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica.
Este año, el prestador público anunció un incremento de especialistas para atender la salud mental, pero la demanda supera la oferta. Según el organismo, se han contratado más de 150 psiquiatras y la creación de unos 40 equipos multidisciplinarios.
Mientras tanto, en algunos foros se discute sobre la pertinencia de la contratación de una mayor cantidad de psiquiatras para atender la problemática de la salud mental en general y el enfoque del asistencialismo en la materia. Lo cierto es que ese enfoque requiere antes de un cambio cultural que no ha ocurrido en las últimas décadas y no solo para la salud mental. Porque los usuarios asisten a una consulta con la finalidad de encontrar una solución urgente. Tanto aquella que calme el dolor, como aquella que ayude a salir de una depresión profunda, aunque implique un aumento del consumo de medicación.
En las últimas semanas, ASSE encaró una campaña de difusión sobre la salud mental con personalidades públicas de la televisión o el deporte. Facundo Ponce de León, actual director de la Agencia del Cine y el Audiovisual, la comunicadora Lucía Brocal y la corredora de automovilismo, Patricia Pita, participaron en spots publicitarios, convocados por las autoridades para presentar mensajes orientados a esta problemática. Sin embargo, fue el último a cargo del humorista y profesor de Historia Diego Delgrossi, el que generó variadas reacciones, particularmente en las redes sociales.
Básicamente los mensajes de todas las personalidades apuntaban a la búsqueda de ayuda y diálogo con cercanos, o a la realización de actividades que impulsen a llenar ese vacío. Además de la consulta con profesionales.
Entre los usuarios, también se encontraban personas que padecen esta problemática y se sintieron afectadas por el contenido del video. Entre los comentarios, se destacaron aquellos que aseguraron que la atención en el prestador público se demora y otros apuntaron directamente contra el humorista.
El actual director de Salud Mental de ASSE, Eduardo Katz, reconoce la problemática y el incremento de las consultas a nivel pediátrico (60%) y en los adultos (40%). Por lo tanto, aumenta la oferta en menor medida que la demanda del servicio. Y esa era –y es– una consecuencia previsible de la pospandemia.
No obstante, los suicidios e intentos de autoeliminación crecían desde antes de la contingencia sanitaria y las campañas eran escasas. De hecho, hubo servicios que dejaron de prestarse por falta de recursos y tampoco se difundía el 0800 0767 o *0767, también denominada Línea Vida.
Luego de la aprobación en la Cámara de Diputados, los Senadores consideran en la Rendición de Cuentas un incremento de 23 millones de dólares para el Plan de Salud Mental. De allí se definirán recursos para ASSE, los ministerios de Salud y Desarrollo Social, la Junta Nacional de Drogas y el Hospital de Clínicas.
A riesgo de ser sinceros, los críticos deberán comprender que la salud mental no ha sido una política de Estado a lo largo de las décadas, aunque sí –y eso es evidente– un problema de salud pública.
Aunque no sea tan visible, el país recién comenzó un largo camino hacia el cambio cultural que indica la necesidad de hacer pública una problemática que era considerada en extremo privada. Y así como las crónicas no informaban y el tema se trataba puertas adentro, también crecían los mitos en torno a las personas.
Ahora, desmitificar todo eso es un enorme trabajo. Llevará bastante más tiempo bajar las estadísticas y acercar las soluciones a amplios sectores de la población y evitar que el asunto se aborde como un botín político.
Por el momento, hay distintos colectivos que se encargan de poner la salud mental en titulares. Pero ocurre con los sindicatos policiales, cuando se suicida un efectivo. O los clubes deportivos, cuando se autoelimina un futbolista, entre otros.
Por lo tanto, el foco debe estar puesto en los elevados índices de suicidios y no tanto en las palabras de los comunicadores. Ellos no son especialistas, pero son conscientes de que su mensaje puede llegar a más personas. Y entender que el mensajero somos todos. Porque tenemos la capacidad de estar alertas y dar una mano en el momento preciso. Eso hay que hacer, en vez de criticar al mensajero. Porque se nota mucho, cuando priman otros intereses. Y ante la gravedad de las estadísticas, es impostergable dejar de ser súper críticos en todos los temas. A menos que entendamos que, también como sociedad, tenemos que abogar por una mejor salud mental colectiva.
Y en eso, algunos comentaristas de las redes sociales no han aportado mucho. Más bien, han demostrado hasta ahora que tienen tiempo suficiente para estar frente a un dispositivo, listos para la opinión. En realidad, el tiempo es ahora y con el otro, en vez de con el sillón.
