Tal como informáramos en la edición del pasado domingo 8, en la última sesión de la Junta Departamental, el edil por el Partido Colorado David Helguera denunció la situación de una niña de 5 años que la Justicia entregó a los abuelos paternos, “no tomando en cuenta el informe técnico del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU)”. Asimismo, expresó que la niña está “viviendo en peligro, insegura y alejada del entorno amoroso”, a la vez que contó que “fue arrancada de los brazos de su madre del jardín infantil al que concurría, al que mandaron un patrullero para una niña de 5 años, para quitársela a su madre”.
En tal sentido, los abogados Isabella Wolpert (quien asesora al padre de la menor) y los Dres. Marcos Levaggi Santos, y Juan José Lamas Eraso –quienes patrocinan a los abuelos paternos de la menor– indicaron a EL TELEGRAFO que “ante la publicidad que ha tomado el caso judicial respecto de una menor residente de la ciudad de Guichón de nuestro departamento, planteado en la Junta Departamental por el Edil David Helguera, nos vemos obligados de aclarar la situación”.
“No es verdad que hayan arrebatado de los brazos de la madre a la menor, mucho menos con violencia.
Muy por el contrario la abogada designada para la menor en expedientes judiciales, ante denuncias de abuso que resultaron ser falsas en primera instancia, y que de haber tenido eco en el Poder Judicial habría tenido consecuencias penales para el abuelo y padre de la menor, coartando artificialmente las posibilidades de visitas; con el fin de preservar la integridad de la menor se dispone que la tenencia provisoriamente la ostenten sus abuelos paternos, existiendo informes de profesionales y técnicos que así lo avalaron”, indicaron.
El padre de la menor, y sus abuelos por su lado, “han desplegado una incansable lucha por preservar el vínculo con su hija y nieta”. “Cuando la madre mudó su domicilio a Maldonado estos viajaron allí, muchas veces sin poder ver a la menor. Y cuando se obtuvo o estaba próximo a obtener un régimen de visitas, se mudó a Guichón y viceversa”.
La madre de la pequeña “cambió por lo menos 3 a 4 veces de abogado, intentando desatender esas visitas en todo momento que la juez interviniente con valentía resolvió”. Asimismo, “respecto de una niña de 5 años, existen más de una decena de expedientes judiciales formados, lo que habla a las claras de la excepcionalidad del caso en estudio”.
Por otra parte, indicaron que las resoluciones adoptadas “son provisorias y pueden ser revocadas por el tribunal de apelaciones, en marco del
artículo 117 del Código de la Niñez y la Adolescencia”.
“El padre de la menor –como corresponde– se encuentra abocado en la presentación de una denuncia por simulación de delito; ante los graves hechos suscitados y desbaratados por médicos de larga trayectoria y prestigio en la ciudad que atendieron a la menor y advirtieron la maniobra”, dijeron los letrados.-
“Es por ello que lamentamos que parte del espectro político invada la independencia del Poder Judicial cuestionando fallos, cuyos antecedentes técnicos y demás seguramente se desconocen, o se conocen parcialmente. Compartimos que la opinión de jueces y fiscales, así como la labor de los abogados está sujeta a opiniones, críticas y evaluaciones, pero no podemos dejar pasar un cuestionamiento que pretenda atribuir algún tipo de intencionalidad, cuando lo ventilado en el expediente resultó palmariamente claro y comprobado. Hubiéramos preferido no tener que recurrir a esta exposición, pues el delicado tema o situación debe dilucidarse en la vía correspondiente, no obstante, ante la presión de oenegés y parte del espectro político, nos vemos obligados a abordar esta vía, preservando la identidad de las personas. Y tal vez será justicia”, precisaron.
