En muchas ocasiones algunos uruguayos suelen decir, en tono de broma, que una de las consecuencias de vivir en Uruguay es que todo llega veinte años más tarde. Eso incluye las modas y las tendencias del arte o la cultura, así como el surgimiento o la caída de corrientes filosóficas, religiosas o políticas e incluye un largo etcétera en el cual se encuentran también las modalidades delictivas. Es bueno reparar en que la frase no expresa que las cosas no llegan a Uruguay, sino se refiere a su demora en hacerlo. O sea: tardan, pero llegan.
En el año 2007 el entonces Fiscal de Corte, Jorge Díaz, advertía sobre los avances del narcotráfico y expresaba que en Uruguay no había sicariato porque no se habían juntado la oferta y la demanda. En el año 2020 Díaz dijo que en ese momento se los trató de “alarmistas”, de que “querían sembrar alarma” y que querían la “autoprofecía cumplida”. “La realidad es que poco tiempo después apareció el sicariato en Uruguay”, indicó.
Los años pasaron y el narcotráfico, que parecía tan lejano como extraño a esta “penillanura levemente ondulada”, terminó llegando con toda su tormenta de corrupción, sangre y violencia. El sistema político hizo poco o nada para prevenir o detener este terrible fenómeno, que lo consideraba “un problema entre bandas” de microtráfico. Las tareas de los partidos que entonces estaban en la oposición (Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente) la ola “los pasó por arriba” y se limitaron a interpelar a los ministros del interior de los gobiernos frenteamplistas en interminables sesiones parlamentaria de nula efectividad donde se imponen la mayoría de los “yesos” que votan a favor del jerarca interpelado sin tratar las causas y eventuales soluciones para un problema que se agrava día tras día. Los pedidos de renuncia del ex ministro del Interior Eduardo Bonomi se reemplazan hoy por idénticos pedidos hacia el ministro Luis Alberto Heber, pero los problemas son cada vez mayores y más graves sin que nadie “tome el toro por las astas”.
Todas estas omisiones de los políticos uruguayos se traducen no sólo los actos de sangre que se repiten diariamente en todo el territorio nacional, sino también en las falencias de las cuales adolece la actual política para prevenir y combatir el lavado de activos. Hace algunas semanas el Dr. Alejandro Montes de Oca, quien realizó una evaluación nacional sobre los riesgos de lavado de activos para Presidencia de la República dijo que en Uruguay “el principal problema para enfrentar el lavado de activos es claramente la falta de presupuesto. Según el portal de noticias M24 Montes de Oca advirtió que “No hay recursos, no hay estructura y no hay la suficiente capacitación”, algo que a su juicio es admitido por todos los actores que participaron de ese trabajo. (…) El especialista señaló que no se toma en cuenta que Uruguay “forma parte de la triple frontera” (Argentina, Brasil, Paraguay) ya que es parte de la hidrovía Paraguay-Paraná. “Uruguay no tiene las herramientas necesarias para afrontar este fenómeno con las características y las dimensiones que tiene en estos tiempos”, añadió. Consultado respecto al motivo por el que en Uruguay no se persiguen los delitos de lavado de activos, Montes de Oca consideró que “no se está persiguiendo”, ya que existe una “inconsistencia” entre las investigaciones y las sentencias de condenas por delitos precedentes más relevantes”. En este sentido el especialista uruguayo destacaba que “la Fiscalía General de la Nación no cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir su rol en el sistema acusatorio en materia de lavado de activos.
No se han producido investigaciones financieras paralelas acordes al perfil de riesgo del país. Asimismo, las sucesivas modificaciones operadas a través de los años en materia de asignación de competencias para las investigaciones por lavado de activos han impactado en la efectividad del sistema”. Similares conclusiones se aplican a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), una Unidad especializada en el Banco Central del Uruguay (BCU) creada en el año 2000 sobre la cual manifestó que “la UIAF posee escasos recursos humanos y tecnológicos. Ello limita la capacidad de llevar a cabo la labor de supervisión, análisis operativo y estratégico y, a la vez cooperar eficazmente con las autoridades de aplicación de la ley. Es importante destacar que este déficit se ha sostenido en el tiempo, atravesando cinco períodos de gobierno, lo cual contrasta con la situación de los organismos homólogos de la región, que han experimentado un notorio desarrollo en los últimos veinte años en cuanto a aspectos estructurales y funcionales”.
El panorama en el Poder Judicial tampoco es alentador. Los casos en los cuales se otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a narcos “pesados” es otra muestra del divorcio que existe entre los poderes del Estado a la hora de enfrentar este grave problema. Por otra parte, confirma algo que hace mucho se sospechaba y ahora quedó en evidencia: el sistema judicial está “contaminado”, en mayor o menor escala. El problema es que una vez instalado el narcotráfico en el país –ya sea a través de lavado, tránsito, etcétera–, el volumen de dinero que se mueve a través de estas redes es tal que terminan comprando hasta las voluntades más incorruptibles. Es algo para lo que tenemos que estar preparados.
Ante un panorama tan desolador, el sistema político debería establecer la lucha contra el narcotráfico y el lavado como una política de estado que trascienda períodos de gobierno y partidos políticos en el ejercicio del poder, firmando y renovando según el caso la cooperación internacional con los distintos gobiernos y organismos especializados. Todo ello exigirá un sinceramiento de los políticos uruguayos sobre cómo financian sus campañas electorales, algo que no será fácil ya que como lo expresa un artículo publicado el pasado 12 de setiembre en el diario español El País bajo el título “La financiación de los partidos políticos, el lado oscuro de la democracia uruguaya”, “a casi un año de las elecciones generales, los partidos políticos uruguayos no han llegado a un acuerdo para modificar la regulación de su financiamiento interno y de los dineros volcados en las campañas electorales. En el Parlamento funciona una comisión especial que estudia este asunto desde 2020, pero hasta el momento no ha arrojado resultados concretos”. Si los partidos políticos, que son la base de la democracia, son incapaces de dar el ejemplo, ¿qué clase de señales le están dando a la ciudadanía? La respuesta es una sola: “haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”.
