En pocos días ingresaremos en 2024, un año que en nuestro país tiene la connotación especial de ser un año electoral, es decir donde comienza el cronograma de elecciones, que corresponde primero a las internas de cada partido, luego a las nacionales, para el año siguiente celebrar las departamentales, por lo que la sucesión de consultas populares genera una profunda distorsión en el relacionamiento político, que también permea a la problemática del ciudadano común, a su vida diaria, por más que sea poco inclinado a participar en la confrontación político-ideológica.
Además, los tiempos electorales no son precisamente amigables para los contribuyentes, más allá del resultado de la elección y de la inclinación partidaria o ideológica del ciudadano, porque por regla general, todo partido que está en el poder, en procura de generar condiciones propicias para mantenerse en el poder, suele resultar generoso con los gastos de Rentas Generales, con el gasto estatal en determinadas obras o medidas para lograr mejorar el humor ciudadano y por lo tanto rastrillar más votos en la siguiente elección.
Y al ingresar a este período, tienden a aflojarse los controles y a promoverse medidas puntuales que suelen ir en dirección contraria a lo que se ha pregonado respecto a la necesidad de cuidar el dinero de todos, que es lo que recauda el Estado. Se dejan de lado premisas básicas de buena administración, apuntando en cambio a satisfacer reclamos que a menudo se han venido postergando durante décadas. Ergo, se atienden planteos sectoriales o corporativos para contener las críticas ante la opinión pública que podrían afectar la imagen que se pretende transmitir al electorado, en procura de lograr votos.
En general, salvo a la salida de la crisis de 2002, con el gobierno de Jorge Batlle, en que se ajustó el gasto pese a la cercana contienda electoral, todo intento más o menos bien encaminado para adecuar el gasto estatal a las necesidades del país ha quedado a medias y, peor aún, en algún momento se ha querido dar un barniz de austeridad, pero a la hora de la verdad, al acercarse el tiempo de la confrontación en las urnas, a sabiendas de que las medidas de este tenor son impopulares, se tendió a retroceder y a que las cosas volvieran a ser como antes.
Tampoco se han materializado anuncios que todos sabemos respondían a necesidades impostergables como ha sido el caso la “madre de todas las reformas del Estado” anunciada en su momento por el entonces presidente Tabaré Vázquez, que ni siquiera inició porque las corporaciones interesadas en que todo siguiera como estaba –como los gremios de funcionarios estatales y sectores radicales de izquierda– trancaron el tema desde las propias filas del partido entonces en el poder.
Es decir, todo el mundo sabe lo que hay que hacer, aplicando el sentido común, salvo aquellos que siguen aferrados a la venda ideológica de que el Estado es el que debe proveer todo y no se resignan a aceptar la dura lección que significó la caída en cascada de los regímenes del socialismo real. El problema pasa por la resistencia a las modificaciones estructurales, que son los que realmente permiten cambiar la pisada, en lugar de seguir con los retoques y maquillajes que solo significan encubrir los problemas y “seguir tirando” sin abordar respuestas que realmente vayan a la causa de los problemas y no a las consecuencias.
Seguir inflando las plantillas laborales del Estado, sus competencias, promover monopolios y sus ineficiencias que hacen recaer costos en los sectores productivos y la población, es la mejor forma de seguir dando vueltas en la noria de la escasez de recursos, su mala distribución y el desestímulo para los emprendimientos de riesgo, que son los que crean la riqueza que hace sustentable a un país.
Sobre esta problemática es oportuno traer a colación reflexiones del economista Carlos Steneri, quien tuvo una muy destacada participación en encontrar una salida a la crisis de 2002. Aludiendo a la crisis, dijo que “fue una experiencia única y espero que irrepetible para el país. Ojalá nunca estemos en una situación similar, pero también creo que sirvió para consolidar y refundar temas que están insertos en el funcionamiento de nuestra sociedad como el cumplimiento de los contratos, la plena vigencia de la ley”.
En cuanto a su visión del actual escenario socioeconómico, el economista evaluó que “lo veo estabilizado, aunque obviamente me habría gustado que se hubiera consolidado más desde el punto de vista macroeconómico. De vuelta el déficit fiscal se ha escapado, no a niveles preocupantes pero sí a niveles que generan distorsiones y problemas en la economía. Tener un déficit fiscal alto y un gasto muy elevado tiene impactos negativos, pone un lastre muy importante a la actividad productiva y genera pérdida de competitividad al país, porque implica altos impuestos. Por otro lado, produce distorsiones que tienen un efecto que no se ve en el corto plazo, pero en el largo plazo nos vamos acostumbrando a que el gasto público sea parte del funcionamiento y que eso esté bien. Pero no es así, acá hay mucho gasto público innecesario, que de alguna forma está tironeando al sector productivo”.
Lamentablemente, este esquema, con mayor o menor énfasis, se ha mantenido incambiado y determina gran parte del costo país, como consecuencia de tener que financiar el gasto del Estado, el que ante el gasto desproporcionado aplica impuestos que luego se trasladan al precio final. Estos altos costos en realidad nos desalojan de los mercados, conjugado con una relación cambiaria que al tener un dólar barato en lo interno, hace que coticemos nuestros bienes y servicios a valores muy elevados en dólares en los mercados.
A este escenario estructural se agregan elementos distorsionantes –según Steneri– como leyes y propuestas que se van planteando, “que fueron aprobadas o están en vías de aprobación, que hacen que el gasto público vaya aumentando lentamente”, caso de reformas de las cajas paraestatales “que requieren recursos del Estado, son cientos de millones de dólares que se agregan al gasto público, no instantáneamente, pero se van agregando a lo largo de los años. Tenemos colectivos que entienden que el Estado, que en definitiva es el bolsillo de todos los contribuyentes, tiene que solucionarles o aliviarles un problema particular, y eso va alimentando el gasto público. Si uno mira lo que ha pasado los dos o tres últimos años, se van agregando pequeñas capas, una arriba de la otra, que son cargas fiscales que después crean este tipo de problemas. Esto viene de antes, es un crecimiento muy pequeño, año tras año, pero que siempre crece. Nunca ocurre lo contrario”.
Lamentablemente, lo que indica Steneri no es un tema nuevo, sino que se ha dado sucesivamente en todos los gobiernos, con efectos acumulativos, y ello explica que sigamos atrapados en un gasto estatal excesivo, que no se traduce en buenos servicios al ciudadano, con precios muy elevados de la energía y en general, de los insumos de empresas.
Ello nos da la pauta de que los retoques que se han encarado no van al fondo en ninguno de los temas estructurales pendientes y, por supuesto, en año electoral como el que se nos viene, las cosas lejos de mejorar, van a registrar un deterioro significativo para atender presiones corporativas y otros reclamos sobre necesidades a los que el gobierno de turno suele ser sensible cuando lo que está en juego es la permanencia en el poder. Pero de las soluciones, de las respuestas sustentables, ni cerca.