La Asociación de Abogados Penalistas respaldó ayer la propuesta del presidente Luis Lacalle Pou de reformar la ley de violencia de género, que entiende que las modificaciones resultan necesarias para “restablecer las garantías procesales tradicionales de un Estado de Derecho”, según dijo en un comunicado.
El proyecto del Poder Ejecutivo implica cambios en cuatro de los principales artículos, relacionados con las pruebas que puede presentar el denunciado, el peso de las pericias, el castigo que reciben quienes hacen una denuncia falsa y la forma en que se reclaman los reparos económicos.
En entrevista con el programa Doble Click de radio Del Sol, el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Enrique Moller, dijo que esta ley es un “tema recurrente” por los “problemas” que presenta en su “funcionamiento”.
“Nosotros siempre estuvimos de acuerdo con que la ley hay que mantenerla”, aclaró. Sin embargo, el asunto “son estos cuatro artículos, el gran problema que se estaba creando”. “Cuando se habla de interpretación e integración, el artículo dice en caso de conflicto o duda, en la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia basada en género. Quiere decir que no hay forma de probar lo contrario. Esa es la realidad”, mencionó.
Lo que el proyecto mejora es que se agrega un inciso que no debilitará las garantías del debido proceso”, pero “dará la posibilidad a la defensa de poder presentar pruebas”, continuó Moller. “En ningún caso significará debilitar las garantías del debido proceso y las reglas de elaboración de la prueba establecidas en el artículo 4. Por lo menos, da la posibilidad de poder producir pruebas en contrario”, insistió.
En tanto, en otro artículo, el 46, se establece que, en el caso de niñas, niños y adolescentes, no resulta válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de los testimonios. “Y la redacción nueva dice: la defensa que pretenda hacerle argumentos técnicos requerirá el respaldo de prueba pericial evitando la revictimización secundaria. Quiere decir que se da la posibilidad de contrarrestar esto, pero con prueba indiciaria y no revictimizando”, explicó el abogado.
“Estas modificaciones que se proponen desde el Ejecutivo dan mayores garantías para todos los ciudadanos. Lo que queremos es eso. Nosotros no queremos desviar la ley. Queremos que se mejore por un tema de inequidades, como dice el propio proyecto. Pero esto no es un tema que se me ocurrió a mí. No. Somos la caja de resonancia, la asociación de todos los que nos plantean los problemas que se están dando”, subrayó Moller.
“Se han establecido estas modificaciones que son muy razonables. Hay que ver cómo funciona el sistema para darse cuenta de cómo es esto. Acá no hay perfecciones en el sistema procesal, penal uruguayo. Y para este tipo de delitos no hay perfecciones. Siempre estamos trabajando como se puede. Pero cuando uno ve esas inequidades tiene que hacerlas conocer para ver si se pueden mejorar”, dijo.
“Más equilibrada”
El pasado viernes, el presidente Lacalle Pou remitió al Parlamento un proyecto para modificar la Ley de Violencia Hacia las Mujeres Basada en Género (19.580). Entre otros cambios, la iniciativa del Poder Ejecutivo establece penas mayores para quienes presenten denuncias falsas, modificaciones en el mecanismo de reclamo de una reparación económica por parte de las víctimas, y habilita la presentación de pruebas de la parte denunciada.
El texto sostiene que esta ley “intentó corregir inequidades”, pero “no logró abatir el número de casos de femicidio”. Al mismo tiempo, la norma vigente no contuvo “las consecuencias del problema de la violencia de género, sino que ha sido pasible de críticas y cuestionamientos ante la Suprema Corte de Justicia, invocando sendas inconstitucionalidades que invariablemente la corporación desestimó”. El proyecto de ley contiene cuatro artículos que, de ser votados por el Parlamento, cambiarían parcialmente la actual normativa. “Tratamos de hacer una ley más equilibrada, en lo que hace a las pruebas, en lo que hace a las pericias, a las denuncias falsas”, aseguró el presidente el pasado viernes en rueda de prensa. “Si leen los cuatro artículos que modificamos van a ver que es de sentido común. No desvirtúa la ley y desde mi punto de vista trae más garantías”, agregó.
No es el primero
Este proyecto de ley no es el primero que llega al Parlamento para discutir cambios a la ley 19.580, informó El Observador. En marzo pasado, Cabildo Abierto presentó un proyecto para modificarla y uno de los puntos que coinciden en el cambio del artículo 59 para sancionar penalmente con simulación de delito para quienes presenten denuncias falsas. A su vez, el proyecto del diputado colorado Gustavo Zubía también coincide con modificar los artículos 46 para la valoración de la prueba y con cambiar el artículo 59 para sancionar a quienes presenten denuncias falsas. También pide modificar el artículo 3, al igual que el del gobierno y el artículo 80, de la reparación patrimonial.
Inhibidas
De su lado, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero, dijo el domingo, en rueda de prensa, que el presidente Lacalle Pou es “libre” de presentar un proyecto con estas modificaciones pero que, según afirmó, no está de acuerdo con todas.
“Particularmente”, le genera “mucha duda” poner “una penalización más severa y explícita en esta ley” a las denuncias falsas porque “puede llevar a que muchos miles de mujeres, que son las que denuncian cada día, se sientan inhibidas de hacerlo ante el temor de sufrir una penalización”.
“Lamentablemente, creo que la mayoría de los problemas que se han dado han sido por falta de recursos muchas veces y por falta de medios de la justicia para ejecutar los procesos más rápidamente y con mayor eficiencia”, aseguró.