El daño es grande

El gran perdedor de este proceso electoral viene siendo el sistema de justicia de nuestro país. Y con ello, quienes perdemos somos todos los uruguayos. Puede argumentarse, y sería atendible, que el daño no se lo ha provocado el proceso electoral, incluso hay razones para fundamentar que el deterioro no viene de este período de gobierno, sino que empezó antes. Pero a raíz de recientes acontecimientos el debate sobre la calidad de la justicia que se imparte en nuestro país se ha puesto sobre la mesa y ha quedado envuelto –o revuelto, si prefiere–, en medio de la discusión electorera que nos damos cada cinco años supuestamente en busca de determinar quién es el mejor de los postulantes a tomar las riendas de la presidencia de la República durante el siguiente lustro, y todos los demás cargos. Y decimos electorera porque cada campaña electoral que pasa el nivel llega un poco más bajo. Esta vez envolviendo a la justicia y provocando una erosión en la confianza de la opinión pública en un sistema judicial que fue orgullo de todos. Y ojo, no podemos cerrar la puerta a que las cosas son realmente como se dicen y esa pérdida de confianza esté plenamente justificada. Un sistema judicial que, recordemos, viene además estresado desde el cambio del Código del Proceso Penal, y toda la discusión que envolvió ese proceso. En todo caso, es algo que debe abordarse con todas las garantías del caso, en un proceso interno que deberá emprender el sistema judicial en pleno y hacer la limpieza que haya que hacer para tratar de recuperar esta confianza que es la base de todo. Sin confianza en la Justicia, no hay república posible. Sin confianza en uno de los tres pilares en los que se debe apoyar, el sistema no funciona.
Por ello es tan grave lo que ha revelado el intercambio de mensajes entre el expresidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, y el exsenador Gustavo Penadés. La posibilidad de la existencia de fiscales que son “nuestros” o del enemigo, y que la suerte, la definición de un proceso judicial puede variar en función de a quién le toque ejercer esa función, pero ya no por características propias de la personalidad de quien ejerza el cargo, sino debido a simpatías o a lealtades políticas o de la materia que fuere. Eso pondría en evidencia que la justicia es influenciable. Eso es lo que sugirió Iturralde en sus conversaciones con Penadés, pero lo que es más grave, pareció ratificar a texto expreso el senador del Partido Nacional Sergio Botana, en una entrevista televisiva en el programa Lado B de TV Ciudad. “Era obvio que se moviera (Iturralde) para que la fiscal Alfaro no fuera la que actuara en el caso. Tenía que ser una mujer equilibrada como Ghione o como cualquier fiscal equilibrado”, dijo. “Si actuaba la fiscal Alfaro, Penadés ya estaba pre condenado. Estaba condenado antes de ser condenado, en ese momento todavía no era culpable, en ese momento era un hombre acusado. Creo que Iturralde ahí hizo bien en lo que tenía que hacer”, manifestó. Se entiende el sentido en que lo dice, justificando la actuación del entonces presidente del Honorable Directorio, pero llevándose puesto en el proceso al sistema de justicia.
Pero es que en este contexto hasta lo ocurrido con la incorporación a la campaña electoral por el Partido Nacional de la exfiscal Gabriela Fossati puede ser leído por la opinión pública como un movimiento en el que mínimamente no se cuidaron algunas formas, o cuando menos los tiempos.
Y es que si esto que Botana dice que existe, existe, no es a través de un chat de WhatsApp que se debe exponer, porque en todo caso, lo que quiso hacer Iturralde –siguiendo el razonamiento del senador– fue aprovecharse de las circunstancias de un poder judicial “contaminado”, en vez de denunciarlo y exponerlo para tratar de encontrar las soluciones necesarias, a través de los ámbitos oportunos, para que estos problemas se corrijan.
Pero también ha quedado en evidencia que si el/la fiscal no responde a uno, responde a otro; acá no hay santos. Y más grave aún es que el sistema judicial está perforado por todos lados, se terminaron las reservas y con ellas las garantías, desde que operadores políticos tienen “un McDonald” en la fiscalía –a decir del personaje radial y columnista “Darwin Desbocatti” en radio Del Sol– y acceden y difunden a la prensa audios, documentos y materiales de investigación a piacere, claro que para el lado que les queda bien. Y en esto es evidente el manejo político, porque hasta ahora no se conocen los chats ni los audios de los involucrados en los casos más sonados del gobierno anterior, como el “Plunagate” donde una foto –esta sí resultado de un trabajo verdaderamente periodístico– puso en evidencia que detrás de la supuesta venta de la aerolínea de bandera uruguaya había un entramado que involucraba directamente a ministros y jerarcas del más alto nivel del gobierno.
Todavía queda mucha campaña electoral por delante, en un mes tenemos las internas, después vendrán las nacionales y, a estar por lo que muestran los sondeos de opinión pública es más que factible que haya una segunda vuelta allá por noviembre. Debería el sistema político alcanzar una especie de pacto para “aislar” de la discusión electoral todo lo que envuelve a esta polémica de la fiscalía, de estas acusaciones cruzadas que van a seguir provocando la caída en desgracia de uno de los poderes del Estado, justamente el que debería quedar por fuera de estas lides. Ya han tenido contra las cuerdas más de una vez al sistema electoral, sólido como es, otro de los orgullos de los uruguayos, pero que una vez y otra también, termina siendo puesto en tela de juicio cuando los votos no alcanzan para cubrir las aspiraciones. Y después sí, cuando pase esta vorágine, hacer una revisión profunda y consciente de los problemas del sistema judicial, de cómo operaron los cambios recientes que se han hecho y de qué tan contaminado o no está por la influencia del sistema político.

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