A principios del presente mes el gobierno nacional decretó la emergencia vial para todo el país, a partir de la compleja situación que se registra en el estado de las vías de comunicación terrestres del país, principalmente la caminería rural y suburbana.
La necesidad de contar con una medida como la declaración de emergencia vial fue planteada por varios gobiernos departamentales y tratada en el Congreso Nacional de Intendentes, debido al estado crítico de las redes de caminos del Interior.
En este panorama, el inicio y normal desarrollo de cosechas de algunos cultivos de importancia para la exportación se ve amenazado ante el riesgo de no poder sacar la producción. La declaración de emergencia por el presidente Luis Lacalle Pou y el Consejo de Ministros, viene acompañada de un fondo de 15 millones de dólares para reparaciones, habiéndose encomendado la ejecución de obras al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la Dirección Nacional de Vialidad. Serán llevadas adelante con criterio de urgencia y en acuerdo con las intendencias con la finalidad identificar y priorizar las zonas afectadas de mitigar y recuperar los daños que se registran en la red vial y que perjudican fundamentalmente a los habitantes del medio rural y las empresas que allí operan.
De acuerdo a lo informado desde el MTOP, la prioridad será abordar los tramos viales más críticos, aquellos que aún permiten circulación pero presentan un deterioro considerable, y restaurar los caños y alcantarillas dañados. El plazo establecido para estas acciones no debería superar los 30 a 45 días, de forma de poder disminuir los problemas de movilidad y circulación por esas vías de comunicación que resultan fundamentales para garantizar la conectividad, seguridad de circulación de los habitantes de la zonas afectadas.
Parece paradójico que un país que basa gran parte de su economía en el sector agropecuario y siendo la producción de este sector una de sus principales riquezas, no se realice un mantenimiento adecuado de las vías de circulación que permiten llevar la producción a los lugares de acopio, industrialización o puntos de exportación.
No obstante, se trata de un tema complejo donde las responsabilidades son varias. Claramente hay una responsabilidad de los organismos del Estado correspondientes –llámese MTOP, intendencias o municipios–, pero también deben considerarse las de los usuarios de la red vial.
En el medio rural coexisten dos grandes grupos de usuarios de los caminos: las empresas que allí producen y las personas que ahí viven. Se trata de dos grupos que generalmente están interrelacionados (algunas empresas ocupan trabajadores de la zona, por ejemplo) pero generalmente sus intereses no son los mismos. Tampoco sus posibilidades de acción.
Si bien se considera que Uruguay ha tenido avances en pos de mejorar la calidad de vida de quienes viven y trabajan en el campo, y aunque todos tenemos los mismos derechos y deberes, es claro que no todos tenemos las mismas oportunidades.
En la práctica, la población rural, que demográficamente es cada vez más escasa, suele encontrarse en situación de desventaja con respecto a quienes viven las ciudades. Las distancias y el territorio juegan un rol muy importante que condiciona en múltiples aspectos la vida diaria de las familias, como por ejemplo en lo que respecta a las posibilidades de acceso a actividades e instituciones culturales, a oportunidades de recreación e incluso de trasladarse para atender la salud o llegar a la escuela o el liceo.
Muchas veces, el acceso de estas personas a los servicios así como a la educación y comunicación depende de la región en la que se encuentran y la topografía del lugar.
“En muchos lugares, cuando llueve mucho, quedan rápidamente aisladas por la crecida de arroyos y ríos, no siempre hay buenos caminos para trasladarse (..) y muchas veces ven limitada su educación y la de sus hijos”. Esta frase proviene de una conclusión de un trabajo publicado recientemente por un grupo de mujeres docentes de la Facultad de Agronomía, Ciencias Sociales y del Centro Universitario Regional (CenuR) Litoral Norte con el título de “Mujeres a la intemperie: historias de mujeres rurales” (la edición especial de la revista Cangüé, de la Estación Experimental Dr. Mario A. Cassinoni de Facultad de Agronomía), resulta un buen ejemplo de cómo el territorio puede condicionar la vida de la población rural.
Por eso mismo, el Estado tiene que actuar. Le asiste razón al intendente Nicolás Olivera cuando pretende poner en primer plano algunas cuestiones básicas de las responsabilidades en el cuidado de la caminería rural. Se trata de un tema que genera polémica que, en el contexto de la situación actual de la caminería rural, tiene gran vigencia.
Las declaraciones y denuncias del intendente de Paysandú, que se ha expresado duramente respecto a empresas forestales que han incumplido la normativa vigente en cuanto a la prohibición de circulación de cargas pesadas durante los días de lluvia y siguientes, ponen el foco en un asunto de responsabilidades y colocan en la agenda un tema crucial para la población rural y la producción nacional.
Olivera entiende que hay “situaciones y situaciones”, dado que si bien es necesario atender la situación apremiante de la realidad productiva de las materias primas perecederas o a procesos de extracción de esa producción –como la lechería y la agricultura–, que no pueden esperar pues son perentorios para sacar su producción, hay otros sectores que “manejan producciones copiosas con volúmenes grandes de materia prima que no necesariamente están sujetos a estos ciclos más perecederos”.
Apuntó así al sector forestal que, en su opinión, puede “esperar perfectamente en sus acopios, en sus campos; tienen una enorme red de caminería interna por la cual transitar y los días de lluvia hay una norma que indica que no pueden circular”. En este sentido, recordó que hubo instancias de diálogo y acuerdos con el sector forestal que no se han cumplido y anunció el envío a la Junta Departamental de una actualización normativa para atender la salida de la producción perecedera y “castigar severamente a quienes sienten que la norma no los compromete”.
Las lluvias y la polémica generada sobre los caminos rurales ha puesto en la agenda un tema realmente importante para el sector productivo nacional pero que también está relacionado con la calidad de vida de los habitantes del medio rural. Que un niño no pueda ir a la escuela o un adolescente al liceo porque el camino no se lo permite o que alguien suspenda una consulta o tratamiento médico porque no puede llegar a la ruta a tomar el ómnibus es algo que no debería pasar. No en el Uruguay que queremos. Las lluvias han incidido pero no son todo el problema. Son varios los actores con responsabilidades en el mantenimiento de las vías de circulación en estado adecuado. La conciliación de intereses no es sencilla pero los intereses generales deben ser los primeros en atenderse.
