La jueza penal Marcela Vargas –con nombre y apellido para que se sepa quién es quién– tomó una resolución digna de aplauso: garantizó la libertad de expresión (esa que está prevista en la Constitución) de Gustavo Penadés y su derecho a conceder una entrevista periodística al tiempo que amparó el derecho a buscar información (Pacto de San José de Costa Rica) y aseguró el libre ejercicio de la actividad periodística autorizando el ingreso del periodista entrevistador al instituto penal correspondiente. Bien por ella. Se dirá que eso de amparar los derechos y libertades de los ciudadanos es la principal tarea a cumplir por los jueces y que para eso son designados y por ello el Estado les paga.
Esto es: nosotros los contribuyentes les pagamos. Sin embargo, no es poca cosa. Y no lo es en momentos en que a lo largo y ancho del continente –y allende los mares– los tribunales judiciales se han transformado en instrumentos para violentar la libertad de expresión, limitar el libre flujo informativo, perturbar la actividad periodística fijando además privilegios y protecciones que impiden a la gente saber qué es lo que está pasando. De paso, se ponen obstáculos, limitaciones y prohibiciones a la tarea de informar plenamente sobre la actividad de jueces y fiscales. La gestión de unos y otros debe ser muy transparente; deben ser vigilados y controlados, como a cualquier otro, y más a ellos a quien la sociedad les confía tanto: son los únicos que legalmente nos pueden privar de la libertad.
Son funcionarios públicos y tienen que dar cuenta de lo que hacen. En las conclusiones de la reciente reunión de Medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, en la que se pasa revista a la situación de libertad de prensa en todo el continente, se afirma: “El acoso judicial continúa siendo una estrategia utilizada en varios países para acallar a la prensa. En Brasil, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela se registraron casos de acoso judicial, algunos mediante demandas penales y otros a través de demandas civiles en la que los jueces admiten indemnizaciones desproporcionadas que inhiben la libertad de prensa”. Se nos incluye y precisamente el informe sobre Uruguay dice que, “en este período (últimos 6 meses) se registraron señales inquietantes, generadas por funcionarios, personas públicas y algunos grupos de militantes que utilizan los tribunales para lograr amparos y así acallar a periodistas y medios de comunicación”.
“En los últimos meses –agrega el informe sobre nuestro país–, hubo múltiples denuncias penales y civiles en contra de periodistas, de la prensa escrita y la televisión, en las que se exigieron indemnizaciones millonarias”. El tema judicial y el fiscal fundamentalmente, más alguna legislación que va contra la libre información y el libre ejercicio periodístico –caso de la hoy tan sonada ley 19.580–, explican en mucho el por qué Uruguay a bajado en el ranking entre los países en que hay libertad de prensa. En su momento la SIP manifestó su inquietud sobre una o dos disposiciones de la ley 19.580 –que implican hasta un retroceso del país en la materia–, así como se interesó y manifestó su preocupación sobre actuaciones de fiscales que lesionan la libertad de prensa y que en su gestión trasuntan un enfoque –por llamarle así– muy diferente al que la jueza Vargas reafirmó con su decisión.
