(EFE)
El programa de Residencia por Arraigo creado por el gobierno permitirá regularizar la situación de unos 20.000 migrantes –la mayoría de estos nacidos en Cuba– que podrán tramitar la residencia. Así lo explicó este jueves durante una rueda de prensa el canciller, Omar Paganini, quien indicó que este mecanismo hará que dichas personas abandonen una situación irregular y tengan la posibilidad de ser ciudadanos legales y obtengan documentación.
“Esto permite resolver el tema de la reunificación familiar de estas personas, que es uno de los temas muy importantes desde el punto de vista de sus derechos. Así que creemos que es una muy buena noticia para un colectivo importante que hay en nuestro país, que estaba esperando trámites en la Comisión de refugiados pero que eran trámites que podían no salir favorables en la medida en que no cumplen las condiciones de refugio político”, apuntó.
Paganini detalló que esto solucionará la situación de unas 20.000 personas que necesitan visa para ingresar a Uruguay y que lo hicieron sin tenerla bajo la figura de refugiados.
“Esto sobre todo tiene que ver con las personas que piden refugio porque no tienen la visa y no son elegibles para el refugio. Entonces básicamente estamos hablando de personas de origen cubano o de otros países que se requiere visa”, dijo.
Y añadió: “Entran como refugiados pero no son refugiados y ahí es que se genera este limbo reglamentario que es el que nos permite resolver el decreto”, puntualizó el ministro, quien añadió que la mayoría de estos son cubanos.
Por otra parte, explicó que para poder tramitar la residencia por arraigo las personas deben estar trabajando, alojados o deben tener familia en Uruguay.
Finalmente, el titular de la cartera remarcó que esta es una solución transitoria para toda la gente que ya inició el trámite y que luego se evaluará cómo sigue el proceso y los pasos a seguir.
“Por ahora no es una solución definitiva, por lo tanto no es ‘vengan, que esto funciona automáticamente’”, concluyó Paganini.
SINDICATO DE LA BEBIDA MANTIENE HUELGA
(SUBRAYADO)
El presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, Fernando Ferreira, dijo que desde este viernes instalaban la huelga. Esta decisión fue tomada por el sindicato luego de la reunión de este jueves entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el gremio y la empresa. Ferreira indicó que en principio hay stock de bebidas, pero dado que no es un producto de primera necesidad no se comprometen a que todo el producto esté en la calle.
La empresa mantiene el cierre de la planta de la ciudad de Minas, por lo tanto el gremio mantiene las medidas de lucha. Las mismas estarán condicionadas a revisión continua según lo que vaya ocurriendo en las mesas de negociación. “Si los avances satisfacen a la empresa y al sindicato, se van a ir levantando las medidas”, explicó.
El sindicato espera la convocatoria del Ministerio de Trabajo para la próxima semana.
Según Ferreira, la empresa mantiene la decisión de cerrar la planta ya que no ha recibido respuesta del Poder Ejecutivo sobre las medidas de apoyo a la industria nacional.
Por su parte, el ministro de Trabajo Mario Arizti dijo que la reunión fue positiva ya que ambas partes revisarán sus pretensiones iniciales, la huelga por parte del sindicato y el cierre por parte de la empresa.
Arizti destacó que la huelga ya no será por tiempo indeterminado.
HAY 3.588 DESPLAZADOS POR INUNDACIONES
(TELENOCHE)
De acuerdo al informe publicado por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), hay ocho departamentos afectados por las inundaciones. Se trata de Artigas, Cerro Largo, Durazno, Paysandú, Rocha, Salto, Soriano y Tacuarembó. En total, 3.588 personas están fuera de sus hogares. El Sinae informó que de ese total 1.848 corresponden a Paysandú, 839 a Salto, 640 a Durazno, 115 a Artigas, 48 a Tacuarembó, 39 a Soriano, 33 a Rocha y 26 a Cerro Largo.
Actualmente hay tres cortes de ruta en todo el territorio nacional y varios hogares permanecen sin suministro de energía eléctrica.
BENEFICIOS PARA AFECTADOS
(PRESIDENCIA)
El presidente interino de UTE, Pablo Ferrari, informó que las personas damnificadas por las inundaciones en Salto, Paysandú, Soriano, Durazno, Cerro Largo y Treinta y Tres recibirán un 10% de descuento en su factura y un 10% adicional por cada día fuera del hogar. Además, será descontado un complemento de unos 1.450 pesos a los cargos de facturación y tendrán una prórroga de hasta 60 días en el vencimiento para el pago. Las personas inscriptas como damnificadas en el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) automáticamente adquieren los beneficios de UTE.
CUESTIONADA POR PRESUNTAMENTE USAR BANCO DE DATOS DE LA INTENDENCIA
(MONTEVIDEO PORTAL)
La precandidata del Frente Amplio Carolina Cosse fue cuestionada en las últimas horas por, presuntamente, contactarse con proveedores de la Intendencia de Montevideo (IM) para invitarlos a una cena que se realizará el próximo lunes a las 20:30 en una chacra privada. El programa radial La pecera (Azul FM) dio cuenta del hecho y su conductor, Ignacio Álvarez, realizó una llamada en vivo para corroborar la información. Tras no dar su verdadera identidad, Álvarez recibió datos por parte de una persona que dijo que estaba organizando la cena. Según se desprende de la charla en el citado programa, organizadores del evento se habrían comunicado en las últimas horas con proveedores de la IM para hacerles la invitación. “Es una cena que se está organizando junto a la candidata a la Presidencia, es un ámbito social y de networking del sector empresarial”, le respondió la persona. En cuanto al costo, se mencionan dos opciones: un tique individual con un costo único de U$S 1.000, o una mesa empresarial que tiene 10 lugares por un costo de U$S 10.000. El objetivo de la cena es dar a conocer “el compromiso” de Cosse hacia el sector empresarial, según respondió la persona que atendió a Álvarez. El tema no pasó desaparecido por la bancada de ediles opositores en Montevideo, y algunos curules, como el colorado Matías Barreto y el blanco Diego Rodríguez, adelantaron que realizarán un pedido de informes para tener más datos. Rodríguez aseguró que “Cosse utilizó la base de datos de proveedores de la IM para vender tique”. “Las malas prácticas en la administración pública son una constante. Presentaremos pedido de informes”, agregó.
ACUERDO DE COLABORACIÓN
(MSP)
El Ministerio de Salud Pública del Uruguay y la Cámara Argentina de Turismo Médico (CATM) suscribieron un Acuerdo de Cooperación Bilateral en materia de salud. Este acuerdo, resultado de las reuniones realizadas en 2023, representa un nuevo avance en la cooperación bilateral en el sector entre ambos países. Para acercar a las partes y con el objetivo de mejorar la complementación entre las entidades de salud argentinas y uruguayas, entre otras, hospitales generales, universitarios, clínicas, sanatorios y prestadoras de servicios de salud, se desarrolló una reunión este miércoles en Montevideo. La firma del acuerdo entre la ministra Karina Rando, y el presidente de la CATM, Alejandro J. Muñiz, se concretó este jueves en la sede del Ministerio de Salud, donde estuvieron presentes directivos y funcionarios del Fondo Nacional de Recursos, de la Embajada Argentina, instituciones asociadas a la CATM y otras entidades de ambos países. El Acuerdo de Cooperación establece el compromiso de las instituciones que conforman la Cámara Argentina de Turismo Médico y del Ministerio de Salud Pública del Uruguay de trabajar en conjunto para ofrecer asistencia a los pacientes uruguayos en determinados casos como cuando requieran atención de complejidad, enfrenten largos tiempos de espera en prácticas ya existentes o que puedan ampliarse vía el Fondo Nacional de Recursos.
CONDENADOS
(TELEMUNDO)
La Justicia condenó en las últimas horas al escribano Álvaro Fernández García y a su pareja Patricia Medina Rodríguez por facilitar documentación uruguaya a ciudadanos rusos para las partidas de nacimiento falsas con las que sacaban el pasaporte uruguayo. En primera instancia se pensó que el exjefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, facilitaba información y se lo detuvo en setiembre de 2022. Luego se descartó. Este fue el comienzo del denominado “caso Astesiano” que tuvo derivaciones lejanas a esta causa judicial y terminaron con Astesiano condenado y en prisión.
Ambos alcanzaron un acuerdo con Fiscalía. Fernández fue condenado a dos años de prisión con descuento de lo ya cumplido por un delito continuado de suposición de estado civil agravado y otro delito de asociación para delinquir. Se dio por cumplida una pena de 11 meses y medio de prisión –estuvo ese tiempo en reclusión preventiva– así, que cumplirá el resto de la pena en libertad a prueba. Su esposa fue condenada por los mismos delitos y se impuso una pena de 22 meses de prisión. El sistema será el mismo: ya cumplió con diez meses y 23 días de prisión y ahora cumplirá el resto de la pena en libertad a prueba.
En ambos casos se impusieron medidas como informar el lugar donde se reside, presentarse una vez a la semana en la seccional policial correspondiente a su domicilio y la prestación de servicio comunitario. No podrán salir del país.
Según la acusación fiscal, el escribano “intervenía especialmente en la confección de algunos documentos, recibía los pagos y realizaba gestiones tanto en la Dirección Nacional de Identificación Civil como en la Dirección General del Registro de Estado Civil, entre otros”. Su esposa “estaba autorizada a realizar algunos de los trámites y a actuar como apoderada, creando empresas para así generar residencia o domicilio en el país”.
