Concepción, Chile, (Por Horacio R. Brum).- Llovía cuando el avión de Buenos Aires llegó a Santiago de Chile; llovía más fuerte aún cuando el vuelo de conexión arribó a Concepción, 500 kilómetros al sur de la capital y, con unos breves períodos de sol, siguió lloviendo hasta el momento de enviar este artículo. En el apartamento donde se alojó este corresponsal, que había estado cerrado desde el verano, varios muebles y superficies de las habitaciones estaban cubiertos por una capa de polvo. Al pasar un paño húmedo, ese polvo se transformó en una película negra y pegajosa, huella de los grandes incendios forestales que virtualmente rodearon la ciudad durante la anormalmente seca estación estival.
Aquí comienza la zona de las grandes plantaciones que alimentan la industria de la celulosa, con las que se ensañaron los fuegos veraniegos; en otros tiempos, Concepción marcaba el límite norte de las muy húmedas regiones sureñas del país, pero las precipitaciones cumplían siempre con la aseveración popular: “Siempre que llovió, paró”. Este mes, la frase pareció una rotunda mentira; hasta la altura de Santiago, ha sido el junio más lluvioso de los últimos veinte años y las precipitaciones llegaron con intensidad hasta Coquimbo, una ciudad a 470 kilómetros de la capital, que se supone está en la región semiárida conocida como el Norte Chico, antesala del Atacama, el desierto más seco del mundo.
Salir a la calle en Concepción fue una verdadera batalla contra los elementos, porque la lluvia se combinaba con los vientos fuertes, para hacer que los paraguas se dieran vuelta, los zapatos se ensoparan y ningún impermeable resistiera la humedad. De pronto, parecía llover de arriba, de abajo y de los costados; por las noches, el viento llegaba con ruidos de locomotora y al agua la acompañaba algún granizo. De todos modos, uno podía regresar a un departamento confortable y calefaccionado, lo cual no era posible para miles de damnificados, víctimas de una precariedad de la construcción de las viviendas que alcanza incluso a la clase media, cuyas familias hacen grandes sacrificios para comprar unas casas construidas por empresas más interesadas en la especulación inmobiliaria que en la calidad de las construcciones.
Notorio fue, en 1997, el caso llamado “de las casas Copeva”, que afectó a un conjunto de viviendas sociales de los suburbios de Santiago. Durante otro invierno muy lluvioso, varios bloques de departamentos se llovieron como si no tuvieran techos; para reparar el daño, la empresa constructora -de propiedad de la familia de un ministro del gobierno de la época-, distribuyó entre los damnificados grandes hojas de nailon, con las que debían cubrir las techumbres. El asunto causó un escándalo, pero sólo 15 años más tarde la justicia concedió una compensación a las familias afectadas.
Desde entonces, se han promulgado algunas normas de calidad de las construcciones, en su mayor parte diluidas por la presión de las asociaciones inmobiliarias y las constructoras, por lo cual las fallas siguen siendo comunes en Chile en las obras públicas y privadas. Debido a ello, muchos establecimientos educacionales quedaron inhabilitados y en Concepción y otras ciudades hubo suspensión de las clases durante una semana y más. Las carreteras también sufrieron los efectos de la mala construcción, que bien puede relacionarse con el sistema de concesión de obras públicas. Para resolver las carencias históricas de infraestructura, cuando el expresidente Ricardo Lagos fue ministro de Obras Públicas (1994-1998), creó un mecanismo para entregar a la empresa privada la responsabilidad de construir las carreteras, a cambio de que pudieran sacar ganancias de las vías de comunicación mediante los peajes.
Así, en poco tiempo Chile contó con una red vial modernizada, pero con grandes disparidades en la calidad. Un ejemplo del problema es la Ruta de la Madera, en la región de Concepción, que fue el primer camino construido mediante la concesión. Desde que fue abierta, en terrenos blandos y sin reforzamientos adecuados, esta ruta ha estado sujeta a problemas de deslizamientos de tierra. Ahora tuvo 26 cortes en 100 kilómetros; sin embargo, el fenómeno más impresionante se produjo en una carretera de Viña del Mar, donde un socavón de decenas de metros de extensión y profundidad creó grandes riesgos para el tránsito.
Otro déficit que pone al país en vulnerabilidad frente al cambio climático es la escasez de colectores de aguas pluviales. Tales obras no ofrecen una rentabilidad que sea atractiva para los privados y en el norte no eran necesarias por la sequedad del clima. En la capital, los últimos grandes colectores se construyeron alrededor de 1908. Además, como lo dijo una autoridad de la región de Concepción, hay un atraso en los planes reguladores de las ciudades. Curanilahue, una localidad al sur de esta capital regional que tuvo el mayor número de damnificados, con más de 2.000 viviendas afectadas, no ha actualizado el plan regulador desde 1982. Por eso, en todo Chile se continúa construyendo en zonas no aptas, especialmente en las márgenes de los cauces de agua, los cuales tienden a crecer rápidamente y con grandes caudales, por descender en su mayoría desde las pendientes de la Cordillera. Por el río Bío Bío, que bordea a Concepción, bajaron más de 4.000.000 de litros por segundo, lo que determinó la suspensión del tráfico en el puente del ferrocarril, construido hace 133 años.
En todo este panorama catastrófico, un factor positivo ha sido la reacción del gobierno frente a la emergencia. Unos días atrás, el celular de quien esto escribe comenzó a sonar con un timbre inusual y apareció en la pantalla un mensaje que anunciaba la evacuación de un sector de la ciudad. Esta alarma era parte del sistema del Servicio Nacional de Prevención de Riesgo de Desastres (Senapred), que comunica a todos los celulares de una zona o una región la existencia de un riesgo y las medidas para prevenirlo. En Concepción y las zonas aledañas sonaron 24 alertas en una semana, por inundaciones o deslizamientos de tierra.
Desde el presidente Gabriel Boric hasta cada ministro de su gabinete con responsabilidades para paliar los efectos de las catástrofes, las autoridades nacionales estuvieron codo a codo con los vecinos y los funcionarios locales. Por otra parte, se puso en marcha un programa de entrega de bonos, con un valor de entre 400 y 1.600 dólares por hogar, para la rehabilitación de las viviendas y la compra de los enseres perdidos. Otras ayudas económicas se están entregando para la alimentación de los animales en el campo, así como fondos especiales para las empresas pequeñas y medianas. La asistencia económica se complementa con la distribución de alimentos y hay campañas de vacunación de emergencia, para controlar las enfermedades que podrían causar los virus usuales del invierno y las malas condiciones de higiene.
Balmaceda, a dos horas y media de vuelo desde Santiago, es un pueblo de la Patagonia chilena, cercano a la provincia argentina de Neuquén. El día 24 pasado, la dirección meteorológica nacional registró allí una temperatura de 22 grados bajo cero, que fue un récord mundial, con la excepción de las regiones polares. En otras épocas, como bien lo sabe este corresponsal por sus viajes a la región, una temperatura muy baja para ese lugar no pasaba de los 15 grados bajo cero. Entre los temporales del invierno y los incendios del verano, el cambio climático va haciendo que Chile se parezca más a un país condenado por la naturaleza, que a la “copia feliz del Edén” que describen los versos de su himno nacional.
