Se espera cumplir en un lapso relativamente corto con el objetivo de llevar la electrificación rural al 100 por ciento del territorio nacional, destacaron autoridades de UTE, a la vez de señalar que además el tendido de redes de distribución, en algunos lugares se instalan generadores fotovoltaicos para atender a familias que están residiendo en lugares muy alejados de las redes, habida cuenta de los altos costos que requieren, entre otras obras, líneas de Media Tensión Monofásica y la construcción de subestaciones de Transformación.
La presidenta del organismo, Silvia Emaldi, destacó en este sentido que ya están conectadas más de dos mil familias rurales. “Nos resta el último tramo y vamos a cumplirlo gracias al esfuerzo de todos los que estamos participando para lograr el Uruguay 100 % electrificado. Cuando se tiene un objetivo claro, con voluntad y perseverancia se alcanza”.
Las acciones se enmarcan en el programa interinstitucional que busca promover el desarrollo de obras de electrificación en el interior del país, procurando cubrir la demanda insatisfecha, reducir los costos operativos de producción y mantener el asentamiento de la población rural.
Con el objetivo de lograr el acceso universal a la energía eléctrica de pobladores y productores rurales, está vigente un Convenio Interinstitucional que promueve el desarrollo de obras de electrificación en el interior del país, procurando cubrir la demanda insatisfecha, reducir los costos operativos de producción y mantener el asentamiento de la población rural.
Las instituciones que participan en este Convenio son la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República (OPP), el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Ministerio de Vivienda, el Instituto Nacional de Colonización, la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir), UTE y Antel.
Para alcanzar la meta de la universalización se trabaja desde el territorio promoviendo la organización de los vecinos para el ingreso al programa, identificando sus necesidades energéticas, fomentando la inclusión de todos los pobladores y productores rurales que vivan en la zona.
La obra se considera de forma global y recibe un subsidio estatal en el entorno del 30% – 50%, respetando los acuerdos que surjan en la comunidad en torno a cómo afrontan y reparten los costos restantes, que pueden ser financiados por el Estado en un plazo máximo de 5 años. El monto del subsidio total a una obra específica se analiza en función de las características de la misma, y de la caracterización de los productores que se agrupan para el proyecto. La finalidad del subsidio es apoyar a los pobladores y productores rurales, particularmente a aquellos que tienen dificultades de afrontar el costo de una obra de electrificación, para viabilizar su realización.
Las instituciones con presencia en el territorio acompañan a las comunidades en las etapas de organización y apoyo para la consecución del proyecto.
A su vez en la implementación del Programa reciben un tratamiento especial los productores familiares y los pobladores rurales en situación de extrema vulnerabilidad socio-económica a fin de disminuir el costo que los mismos deben afrontar. La decisión del monto del subsidio específico a cada grupo se define en función de las siguientes características socioeconómicas: ingresos de la familia, número de integrantes del núcleo familiar, extensión de la propiedad, arrendamiento de toda o parte de la propiedad del conjunto de personas que conforman el grupo y solicitan el subsidio.
