Con la presencia de autoridades nacionales en el Centro Cultural Bastión del Carmen, se celebró el sábado en Colonia el Día Internacional del Cooperativismo, donde las instituciones que conforman la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop) elaboraron las propuestas programáticas que presentarán a los candidatos a la Presidencia de la República. En el documento, la entidad destacó que “es la expresión más representativa de la Economía Social y Solidaria en el Uruguay”, con más de 3.700 organizaciones de base, más de 1 millón de asociados, más de 26.000 empleos directos, y un impacto superior al 3% del PBI.
Allí reclamaron una mayor capacitación a las instituciones que tratan con los actos cooperativos, pero no cuentan con mayor conocimiento del modelo.
En el documento aprobado al finalizar el encuentro, expusieron la necesidad de “profundizar la participación del cooperativismo en la cogestión de las políticas públicas”, en tanto es un modelo que “ha demostrado su madurez y responsabilidad en la cogestión de la política pública, asumiendo con sentido proactivo su rol en el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y el Fondes”.
Representatividad
El informe final explicó que “es necesario profundizar este rol asignando iguales derechos a la representación de la economía social en Inefop; generando espacios específicos de representación en los ámbitos multipartitos de negociación laboral; y sumando la representación cooperativa ámbitos clave que hoy no cuentan con la perspectiva de la economía social como el Consejo Nacional de Innovación Ciencia y Tecnología (Conicyt) o la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)”.
Plantean la profundización de “la coordinación de las políticas sectoriales que atañen a las diferentes clases cooperativas desde diferentes instituciones del Estado. Esta tarea debe ser desarrollada por el Inacoop y para ello es necesario un ámbito de coordinación a nivel de ministros”.
En este marco, propusieron la constitución de un gabinete de economía social, bajo el liderazgo de Inacoop, así como la profundización de programas estratégicos, con la ampliación de la financiación.
“También es necesario ampliar el financiamiento y asegurar a largo plazo el apoyo de algunas iniciativas estratégicas para el desarrollo como lo son el Programa de Formación Cooperativa; la Incubadora de Cooperativas en sectores intensivos en conocimiento e innovación; así como el Sistema de Intercooperación (Sicoop)”.
“Riesgo público”
El informe analizó que durante “las últimas décadas, a partir de la crisis de principios de este siglo, las cooperativas del sector financiero, así como las cooperativas de consumo, se han visto enfrentadas a un proceso de creciente reducción de su participación de mercado. Esto debe ser considerado un riesgo público, en la medida que se produce frente a la concentración de los negocios por actores privados centrados en el lucro”.
Recomendó “una definición de política pública de expreso apoyo a la redinamización de estos modelos y la redemocratización de estos sectores de actividad”.
Agilidad
Las entidades plantearon “un cambio significativo respecto al sentido y formatos de registro y contralor de las cooperativas, que debe ser al menos tan ágil como ocurre con otras figuras empresariales, y lo suficientemente flexible como para distinguir entre organizaciones de menor y mayor porte, y de muy diferentes riesgos para sus asociados”. En tal sentido, reconocieron que “se requiere de un sistema integrado de información pública del sector que genere conocimiento y recomendaciones para su desarrollo”.
Formación
La legislación vigente establece que el Inacoop cuenta con las prerrogativas necesarias “para profundizar la educación cooperativa a lo largo del sistema. Sin embargo, ello no es posible sin la cooperación y compromiso de los organismos de la educación, y sin la formación de los docentes, a una escala que tenga verdadero impacto en términos territoriales y generacionales”. Expusieron la profundización de “la formación de los funcionarios de aquellos entes y organismos que tratan con la realidad cooperativa sin real conocimiento del modelo”.
Jerarquización
Las entidades cooperativas propusieron que se reconozca de manera integral al Acto Cooperativo, en tanto “significa comprender la verdadera esencia del sistema y, por ende, las políticas que se orienten a su promoción, incluyendo un tratamiento diferencial a los actos de comercio en términos de IVA será clave para su expansión”. Además, “la inclusión de normas específicas para la compra pública del sector, así como propuestas de estímulo específico a las iniciativas intercooperativas”.
Género y territorio
El documento analizó que las políticas públicas enfocadas al cooperativismo deben impactar “en términos de Género y Generaciones, alentando nuevos liderazgos, prácticas de erradicación de desigualdades y en particular de la violencia, promoviendo además la independencia económica de los colectivos más vulnerables. También debe profundizar la perspectiva sobre la promoción especial de iniciativas en territorios de menor desarrollo relativo, en alianza con las políticas nacionales de desarrollo y las estrategias locales”.
El INACOOP
El documento reconoce los esfuerzos por instalar y lograr que el sistema cooperativo sea una política de Estado en Uruguay. Sin embargo, expusieron que “ha existido un cierto retroceso en términos presupuestales y aún en términos de consolidación institucional. Mientras que los aportes del propio movimiento al Inacoop han ido aumentado en forma sucesiva, el presupuesto de Rentas Generales fue afectado en un 15% y además fue pesificado, lo que redunda en una consecutiva reducción de recursos anuales por esta vía”.
