En los últimos tiempos el relato de que somos una “penillanura suavemente ondulada” alejada de lo que pasa en otros países e inmune a la corrupción de la clase política ha estallado en mil pedazos en nuestras propias narices. Un día sí y otro también se difunden en la prensa casos de figuras nacionales y departamentales cuya conducta dista mucho de lo que debe ser la honestidad, la probidad y la decencia de quien ha recibido una tarea pública que debería ser ejercida en beneficio de la sociedad y no del bolsillo propio.
Es importante dejar bien en claro que la corrupción no es de un solo partido político en nuestro país. Ojalá lo fuera, porque de esa forma terminar con esa práctica sería tan sencillo como votar por otro partido, pero la historia demuestra que sin importar a quien se vote, la corrupción no tiene ideales, ni historia, ni grandes figuras históricas… muchos de esos actores públicos en un momento u otro han cedido a la tentación de considerar a los dineros públicos como su billetera personal. Billetera que, bueno es decirlo, pagamos todos los ciudadanos de este país y cuyos fondos se restan a la implementación de soluciones para las urgencias que tiene Uruguay, las cuales son muchas y muy importantes. Es así como debemos visualizar la corrupción de los dineros públicos, sea éste mucho o poco: las cosas que faltan en un hospital público, o en una escuela pública, en la seguridad pública o en el dinero miserable que cobran los jubilados a fin de mes está en los bolsillos de algunos políticos. El político corrupto les roba dinero público a todos, pero especialmente a quienes más lo necesitan. Lo que falta donde se necesita sobra donde nunca debió ni debe estar. Clarito y al pie.
La corrupción tampoco es un fenómeno nuevo. Como explica el escritor y ensayista italiano Carlo Alberto Brioschi, “en el siglo XXI, la corrupción se ha convertido en una especie de bacilo de la peste que, sin embargo, padecemos desde hace siglos. Y así es, porque delitos tan actuales como el cohecho, el tráfico de influencias, el robo de las arcas del Estado, la extorsión, la adjudicación de obras públicas a amigos poderosos o la compra de votos colapsaron a muchos gobiernos de la antigua Roma, que tuvieron que establecer toda una serie de leyes para perseguirla. (…) Como denunció en aquella época el historiador romano Salustio, ‘los poderosos comenzaron a transformar la libertad en licencia. Cada cual tomaba lo que podía, saqueaba, robaba. El Estado era gobernado por el arbitrio de unos pocos’”. Seamos claros: siempre hubo corrupción, y siempre existieron los corruptos. La diferencia es que ahora es imposible disimularlo y la difusión que alcanzan los hechos gracias a las redes sociales y las nuevas tecnologías es tal, que no hay forma de tapar la suciedad, que inevitablemente salpica para todos lados. Además, desde que misteriosamente en los últimos años cualquier periodista –si es de izquierda, mucho más—tiene acceso a las comunicaciones telefónicas y mensajes de textos supuestamente privados, y se difunden con total libertada, ya nada se puede esconder por mucho tiempo y las evidencias son irrefutables. Si bien es claro que la mayoría de las filtraciones se deben a que la muy degradada Fiscalía General de la Nación es un colador y claramente está al servicio de la oposición, lo cierto es que lo que se denuncia y publica son verdades que de otra forma no se conocerían, como jamás sabremos los negociados los Frente Amplio con Venezuela, Fripur, Ancap o Pluna entre tantos otros, que se sabe que existieron pero faltan las pruebas irrefutables de los audios de los protagonistas para recibir la condena social correspondiente. Pero como se sabe, esto es un ida y vuelta y las prácticas que hoy se aplican con éxito seguirán existiendo en el futuro –afortunadamente, porque así se podrán destapar todos los chanchullos, no solo los del lado que conviene a unos–.
Pero ante este panorama actual ¿de qué sirven leyes, decretos, pedidos de informes, interpelaciones, acceso a la información pública, citaciones a comisiones parlamentarias, instituciones tales como la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), etcétera, si al final del día quienes crearon esas normas o instancias de información las desconocen y se ríen en forma más o menos disimulada de cómo resultan totalmente ineficaces para sus propios fines? Al fin y al cabo, resuena en los oídos de los ciudadanos honestos (“los nabos de siempre”, como los definiera el periodista Tomás Linn) aquella antigua frase que resume el descrédito de los mismos en el sistema democrático: “hecha la ley, hecha la trampa”.
Tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional, el Partido Colorado o Cabildo Abierto han tenido en los últimos años casos de corrupción en los cuales se vieron envueltos dirigentes de distintos niveles y ámbitos de actuación, ya sea nacional, departamental o municipal; algunos más “graves” que otros, pero en definitiva son actos de corrupción. Ello se agrava porque se trata de partidos políticos que cuentan con representación parlamentaria por lo que tiene una posición clara y directa para legislar las formas de prevenir o combatir según el caso un cáncer que se continúa extendiendo por todo el sistema político y por la administración pública en general, alentando el creciente descreimiento que los uruguayos tienen en la democracia como instrumento. Cuando los políticos se preguntan por qué la participación ciudadana en las elecciones internas continúa cayendo desde tu implementación, la respuesta está a la vista: no les interesa votar a quienes no respetan el manejo de los dineros públicos, riéndose en la cara de los propios electores que tratan de convencer mientras defienden como pueden a sus compañeros de partido acusados de hechos de corrupción. Si bien Raúl Sendic es el desgraciado autor de una frase que muestra el sectarismo del Frente Amplio (“si es de izquierda no es corrupto y si es corrupto no es de izquierda”), la misma representa la forma de pensar de los políticos en general: salvemos el cuero de aquel que pertenezca a nuestro partido y si no podemos salvarlo, tratemos de “echarle agua a la leche” para tratar de suavizar las consecuencias.
Frente a esta situación, vienen a la cabeza de los ciudadanos dos instituciones que podrían dar una solución a la corrupción que practican muchos políticos uruguayos: el Poder Judicial por un lado (uno de los poderes del Estado) y la Fiscalía General de la Nación (FGN, responsable de la investigación y persecución penal de crímenes, delitos, faltas y atención de víctimas y testigos) por el otro. Lamentablemente tanto uno como el otro han faltado y faltan no solo a sus cometidos institucionales sino también al más mínimo decoro en el ejercicio de sus funciones, desamparando un día también a los ciudadanos “de a pie” a quienes se supone deberían servir. Con inocencia uno podría decir que falta sentido común en ambos ámbitos, pero cuando uno “afina el lápiz” en el análisis descubre que se trata de un plan muy claro y ajustado: proteger a toda costa a los políticos corruptos contando para ello con varios recursos, desde la prolongación innecesaria e injustificada de procesos hasta la imposición de penas que, en caso de no ser trágico, llamarían a la risa. Pensemos simplemente en los recientes casos del departamento de Artigas que involucran a la familia Caram y a la exdiputada Valentina dos Santos.
Lamentablemente se aplica a Uruguay la frase del escritor y político romano Petronio, cuando se preguntó, impotente, en el siglo I: “¿Qué pueden hacer las leyes, donde sólo el dinero reina?”
