La posibilidad de un tránsito más seguro para todos es una meta que los diferentes países se han planteado como una cuestión básica para sus sociedades, razón por la cual este asunto ha sido incluido entre los denominados “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS) de la Agenda 2030, un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. A su vez, también representa una cuestión central para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021–2030, de acuerdo a la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, con la meta de reducir un 50 % las muertes y traumatismos en el tránsito en ese período de tiempo.
A pesar de esto, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los siniestros de tránsito son la principal causa de muerte de niños y jóvenes de entre 5 y 29 años. Lamentablemente, los países de América Latina y el Caribe superan por casi el doble las tasas de muertes en siniestralidad infantil por accidentes de tránsito de los países desarrollados.
Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundación Mapfre, los datos de Europa, Asia Central, Canadá y Estados Unidos muestran que el porcentaje de muertes de niños con respecto al número total de muertes por accidentes de tránsito es de aproximadamente 4,7%, mientras que en los países de América Latina y el Caribe es del 7,6%, más del 160% de los valores de referencia.
En nuestro país desde el sector público y privado se vienen realizando, desde hace años, muchos esfuerzos tendientes a abatir la siniestralidad en el tránsito, objetivo que incluye también a aquellos siniestros que involucran niños, niñas y adolescentes.
En consonancia con las estadísticas de otros países, también en Uruguay los siniestros de tránsito son la principal causa de muerte en los niños y jóvenes de entre 5 y 29 años, habiendo causado 431 fallecidos y más de 25.000 lesionados, y con un costo tremendo en vidas pero también un costo económico de más de U$S 1.500.000.000 en el año 2022.
Como bien lo trasmitió la delegación uruguaya –integrada por el subsecretario de Obras Públicas, Juan José Olaizola, y el Dr. Leonardo Ramos por la Unidad Nacional de Seguridad Vial– en el reciente Foro Internacional de Seguridad Vial Infantil, organizado recientemente por la Fundación Gonzalo Rodríguez en El Salvador, Uruguay cuenta con un marco normativo moderno y fuerte que ha permitido la aprobación y aplicación de leyes específicas para proteger a los niños en siniestros de tránsito.
En este sentido, en 2007 se aprobó la Ley 18.191 que, entre otros aspectos, estableció normativas sobre equipamiento de los vehículos automotores, incluyendo el uso obligatorio del cinturón de seguridad para determinadas plazas en distintas categorías de vehículo.
A su vez, en 2010 los Decretos 206 y 427 reglamentaron el uso obligatorio del cinturón de seguridad; previendo que los vehículos afectados al servicio de transporte escolar (niños y adolescentes), cuenten con cinturones de seguridad de tres puntas en todos sus asientos.
Luego, en 2013 se aprobó la ley 19.061, que hace foco en los sistemas de retención infantil, estableciéndolos obligatorios para niños de 0 a 12 años, o adolescentes hasta 18 años que midan menos de 1,50 metros de estatura. Además, es obligatorio que viajen en el asiento trasero.
Esta batería de medidas, conducentes a establecer políticas públicas de seguridad vial, ha contribuido a bajar las cifras infantiles en materia de siniestralidad.
En este sentido, Ramos expresó que en los años 2022 y 2023 la participación de los niños y niñas en los siniestros de tránsito fatales se ha sostenido en un 1,4% del global de siniestros de tránsito del país; con un 2,9% de heridos graves y un 5,3% de heridos leves para el año 2023.
Por su parte, Juan José Olaizola, subsecretario de Transporte y Obras Públicas, sostuvo que la herramienta de fiscalización que comenzó a operar en agosto de 2023 en las rutas colabora en la mejora del plan de movilidad y seguridad vial del país.
“La recolección de datos en carreteras era un tema clave. La necesidad de información y de fiscalización superaba la capacidad instalada. Hoy mediante el uso de tecnología se tiene información en tiempo real y control total de las carreteras nacionales. Mencionó que hay 100 radares instalados en las rutas nacionales, recibidos con rechazo de la población en un principio”, dijo.
Respecto a la evolución del incumpliendo de velocidad reglamentaria agregó que previo a la puesta en marcha del sistema de fiscalización alcanzaba el 56% pero luego de su implantación se sitúa sólo en 3,7%. Destacó que el “70% de los vehículos en la red nacional de URU no incumplen la ley de tránsito,”, considerándolo “un caso exitoso de aplicación de tecnología en sus primeros meses”.
Por otra parte, las campañas de concientización y publicidad también son importantes como medio de divulgación y sensibilización.
En este sentido, se destaca la larga trayectoria de la Fundación Gonzalo Rodríguez que, por ejemplo, con el apoyo de Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) y de la Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS), a fines del año pasado lanzó una campaña llamada “Test de conciencia”, que tomó como referencia el test oftalmológico que realiza a cada persona que concurre para sacar o renovar la libreta de conducir en todo el territorio nacional.
La campaña buscaba mantener la temática de la movilidad segura en la agenda pública, recalcando la importancia de tener usuarios informados sobre el tema; creando conciencia acerca del rol que cada uno desarrolla en la sociedad y cómo desde su lugar puede contribuir positivamente.
Debería resultar sencillo de comprender que en las calles y carreteras hay algunos usuarios más vulnerables que otros. Por ejemplo, hay personas que por el medio de transporte que utilizan o por determinadas características físicas, corren un mayor riesgo de sufrir lesiones en caso de un accidente de tránsito y son también quienes más sufren las consecuencias de la falta de seguridad vial.
Como adultos, priorizar la seguridad vial de nuestros niños y adolescentes en el tránsito es una responsabilidad ineludible. El uso adecuado de los sistemas de retención infantil que son obligatorios por ley, el uso de casco en bicicletas y ciclomotores, la promoción de conductas seguras y hasta el estado de la infraestructura vial son elementos a tener muy en cuenta para evitar siniestros que los afecten de forma que en el peor de los casos podría llegar a ser irreversible.
No es un tema menor, especialmente porque estudios realizados en Uruguay indican que mientras los padres y madres creen saber cómo deben viajar sus hijos de entre 0 y 14 años para estar seguros, en los hechos, la concepción general de “niño seguro en el vehículo” no se ajusta a las recomendaciones internacionales en materia de seguridad vial infantil y, en consonancia, la forma en la que son transportados la amplia mayoría de los niños resulta insegura. ¿Cómo nos iría realmente en un test de conciencia?
