Para Líber Trinidad, técnico constructor, integrante del registro de peritos del Poder Judicial, especialista en métodos constructivos no tradicionales, los serios problemas constructivos que afectan al complejo habitacional de 40 unidades habitacionales de la cooperativa de vivienda sindical Covioc, de Paysandú, responde sobre todo a determinados cambios que se introdujeron en la obra al sistema original, lo que se hizo bajo la dirección de obra del instituto de asistencia técnica CVS – PVS del Plan de Vivienda Sindical del Pit Cnt.
Este complejo fue construido en el predio de Vizconde de Mauá entre Purificación y Ayuí, pero ante los serios problemas constructivos que presenta, no fue ocupado por los cooperativistas, y se decidió entablar juicio a los responsables de estos problemas, en tanto la cooperativa Covisin 6 de Fray Bentos, con una problemática similar, fue igualmente habitada por los cooperativistas, pero sin que a través de obras propias de los ocupantes apelando a préstamos, se haya podido encarar reparaciones de fondo que los pongan a salvo de zozobras.
Recientemente Trinidad visitó el complejo sanducero e inspeccionó las viviendas, “aprovechando que estoy dando algunos cursos en Paysandú. Lo que hicimos fue relevar como viene el avance del deterioro de las viviendas, de la misma forma que sigo lo que viene sucediendo con la cooperativa Covisin 6 de Fray Bentos, donde están viviendo las familias dentro de las casas y tienen en alguna medida una problemática peor, porque corren peligro de que se caigan pedazos de pared y techos, como ha ocurrido, con ellos adentro”.
“De hecho en Fray Bentos algunos vecinos comenzaron a tirar alguna pared, a reforzar con ladrillos, porque tienen miedo de que se les venga abajo. Al final han conseguido un préstamo con la Intendencia de Río Negro –han sumado otro préstamo– para poder hacer arreglos, además de hacer rifas y otros beneficios, porque la gente tiene que vivir en algún lugar”, reflexionó.
“En esta cooperativa se jugaron a meterle algún ladrillo que hace como muro cortante, como salvataje o manotazo de ahogado, pero obviamente yo entiendo que esas viviendas deberían de hacerse de nuevo, no se puede pensar que tengan arreglo de otra forma”, subrayó Trinidad.
En el caso de Paysandú, como hemos informado, la problemática está en la esfera judicial desde hace unos tres años, y se espera una dilucidación o por lo menos algún avance significativo tras instancias judiciales que han dado lugar a sucesivas audiencias entre las partes en los últimos días.
Las responsabilidades por cambios
Consultado respecto a responsabilidades en este tema consideró el especialista en sistemas no tradicionales que a su juicio “no podemos decir que hay responsabilidades divididas en partes iguales, y eso por supuesto lo deberá dictaminar el juez a la culminación de este proceso, pero primero hay un instituto asesor –el CVS – PVS, contratado para el Plan de Vivienda Sindical del Pit Cnt– que estaba ejecutando un sistema con cambios, es decir que cambió sobre lo aprobado, por lo que se era consciente de que no se estaba respetando el proceso original. Después tendrán que demostrar unos y otros que es lo que yo digo, porque si se va al dato original, sobre el que yo hice un informe amplio para el Ministerio de Vivienda, se ve que el proceso tiene una malla, un metal desplegado que lo envuelve, que se proyecta, y eso no está desde el vamos, eso es un cambio sobre el proceso aprobado por el ministerio, porque el que lo aprueba es el DAT, el Documento de Aptitud Técnica del ministerio”.
“Después la ANV es la que otorga el préstamo y hace el seguimiento de obra, le vuelca la responsabilidad al instituto asesor que tiene la dirección de la obra. Es decir, se aprueba el sistema, la ANV toma un paquete de productos aprobados, está el préstamo, hay una figura que es el instituto asesor que es el que tiene que ejecutar, dirigir la obra y controlarla, y un beneficiario del préstamo que ejecuta por mano de obra benévola, por autoconstrucción –los cooperativistas beneficiarios– pero con la dirección del instituto”, destacó.
“Por lo tanto la Justicia lo que tendrá que dictaminar es dónde estuvieron los hitos de esta relación, que es un tema complejo y donde capaz que no se salva nadie”, precisó, al reafirmar que al instituto asesor lo provee el Pit Cnt por el Plan de Vivienda Sindical, “porque el Estado no construye, no se hace responsable y delega esa facultad en la figura de los institutos de asistencia técnica”, que en este caso particular ha hecho las unidades del Plan de Vivienda Sindical.
Pero en medio de esta discusión están los beneficiarios, que “deberían recibir una vivienda decorosa, y en este caso, todo el sistema está viciado, desde hace varios años, porque es una construcción que data ya de muchos años, y al problema lo vieron al final de la película, cuando se encontraron perfiles oxidados, ya en 2019, que es una cosa que yo había advertido bastante tiempo antes también”, puntualizó.
Ministerio responsabiliza al instituto de asistencia técnica
El Ministerio de Vivienda visitó en varias oportunidades el complejo de Fray Bentos, cuando era titular de la cartera Irene Moreira y ahora, más recientemente con el propio titular Raúl Lozano, quien responsabilizó al Instituto de Asistencia Técnica (del Plan de Vivienda Sindical) de la situación, tanto en Fray Bentos como en Paysandú.
Los problemas constructivos son inherentes al sistema Crupe –o a la modificación por el instituto técnico, lo que deberá determinar la justicia– tanto en Covisin 6 como en Covioc, debido a que se oxidan las estructuras metálicas sobre las que se va levantando la vivienda, y ello determina la caída de revoques y paredes, pero a la vez se debilita la vivienda con riesgo de caída porque se queda sin resistencia la construcción, según se ha indicado por los cooperativistas, basados a su vez en informes técnicos y cateos estructurales.
Sin embargo, el presidente de la Federación de Viviendas Sindicales, Eduardo Tropiano, dijo que el Programa de Vivienda Sindical ya había denunciado en 2019 –es decir que es un problema que se arrastra desde el anterior período de gobierno, cuando gobernaba el Frente Amplio– ante el MVOT a ese sistema constructivo, luego que se detectaran problemas de oxidación en las estructuras de las viviendas de las dos cooperativas del PVS ubicadas en Fray Bentos y en Paysandú.
“La cooperativa compra este sistema constructivo confiada en la certificación ministerial. A menos de 2 años de iniciada la obra y a punto de terminarla, aparece la oxidación en los perfiles de acero de las paredes”, dijo en su momento a su vez el arquitecto Pablo Antonaz, director del Instituto de Asistencia Técnica del PVS.
Argumentó que el producto de Crupe vino cerrado en una bolsa y que fue imposible darse cuenta antes de que se oxidaba, algo que fue visible solo cuando las viviendas estuvieron construidas.
Informaron que en su momento, las viviendas fueron visitadas por los propios dueños del sistema y por técnicos del Ministerio de Vivienda, quienes vieron la oxidación y aseguraron que no había problemas de colapso de estructuras, por lo que se podía seguir con la obra y ocupar las viviendas.
Según explicó Antonaz, cuando se empezaron a registrar los problemas, intentaron “por distintos medios” que la empresa garante asumiera las reparaciones, pero según cuenta, “no respondieron y desaparecieron”. La versión del IAT es por lo tanto distinta a la de Lozano. Pablo Antonaz señaló que el ministerio tuvo responsabilidad en las fallas que se dieron. En particular, recordó que en 2017 la cartera renovó el Documento de Aptitud Técnica (DAT) del método de construcción no tradicional Crupe, algo que a su juicio no debió suceder. Para ese año el sistema había ocasionado problemas similares en un complejo de viviendas en Paso Carrasco, y también en obras de cárceles para el Ministerio del Interior.
Surge claramente por lo tanto que las posturas sobre responsabilidades son controvertidas y ello ha sido expuesto en las audiencias judiciales en que se procura determinar responsabilidades y cuales serían los eventuales caminos a tomar.
