El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), emitió un comunicado en las últimas horas en relación a la situación del Grupo Larrarte, aclarando que “la información manifestada por Grupo Larrarte en relación a que el MGAP está realizándole una auditoría es errónea, el MGAP no está auditando dicha empresa”.
Como fuera anunciado oportunamente, “el MGAP no tiene potestades para auditar, intervenir, habilitar o prohibir negocios de naturaleza financiera, recayendo esta potestad en otras órbitas del Estado”, agrega. “La participación del MGAP en este hecho está relacionado exclusivamente en su rol de contralor de propiedad y tránsito del ganado, a través del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) y como autoridad sanitaria”.
Ante las denuncias y consultas recibidas por parte de los inversores de Grupo Larrarte, que son tenedores de ganado ante el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG), “el MGAP ha procedido a relevar los números de Dicose correspondientes y las existencias de ganado declarados que pudiera haber relacionados a esos números, a través de inspecciones en los campos, para constatar efectivamente la existencia de ganado”.
La información surgida de estas inspecciones “es de carácter reservado para los propietarios del ganado o para la justicia en caso que así sea requerida”, agrega el comunicado.
El MGAP “reafirma su compromiso con la transparencia y en ese sentido destaca el funcionamiento del sistema de trazabilidad y del SNIG, bienes públicos que dan garantías al sistema y a los usuarios”.
100 damnificados: más de U$S 10 millones
Nuevas denuncias penales se presentaron en los últimos días contra el Grupo Larrarte por supuestas apropiaciones indebidas de ganado vacuno al no realizar las compras de animales comprometidas en contratos firmados entre la empresa e inversionistas.
El caso es hoy investigado por la fiscal de Flagrancia, Sabrina Flores, pero como las denuncias de supuestos afectados señalan que los perjuicios sufridos superan los U$S 100.000, el expediente podría pasar al fiscal especializado en Delitos Económicos, Alejandro Machado, quien ya está al tanto de los escritos presentados por varios abogados.
El abogado Nicolás Ghizzo, indicó a El País que “estamos esperando que se defina a qué fiscalía pasarán nuestras denuncias. Tenemos nueve clientes afectados los cuales superan los U$S 1.400.000 de pérdidas. Los damnificados son más de 100 inversionistas y los perjuicios superan los U$S 10.000.000. Se estima que cada uno de ellos perdió U$S 100.000 o más de promedio”.
Juan Pablo Decia, otro profesional que nuclea a inversionistas, coincidió que “las pérdidas deben rondar los U$S 10 millones. (El Grupo Larrarte) tiene deudas además con proveedores y dueños de los campos por arriendos impagos”.
Ghizzo y su socio, Santiago Alonso, presentaron el miércoles 11 un escrito ante la fiscal Flores donde señalan que el Grupo Larrarte incurrió en supuestos delitos de estafa, apropiación indebida y en un caso hay una posible falsificación de una firma.
Según Ghizzo, la empresa no mostró receptividad y empatía con los damnificados porque los dividió en dos grupos: aquellos que estaban dispuestos a continuar manteniendo negocios con la empresa y los que pretendían retirar sus capitales.
“Los inversionistas que estaban dispuestos a escuchar una propuesta de un cronograma de pagos participaron en una reunión virtual con el Grupo Larrarte. Y los que no, dicha reunión jamás se efectivizó”, sostuvo.
El abogado señaló que el miércoles 18 la empresa cerró sus oficinas en el barrio Pocitos y puso un cartel donde se leía el número de un celular. Ghizzo coincidió con Decia sobre que el Grupo Larrarte enfrenta juicios de desalojos por mal pagador en campos que arrendó y laborales por incumplimientos de sueldos.
CESACIÓN DE PAGOS
“La empresa entró en cesación de pagos. El sistema de inversión se asemeja a un ‘esquema Ponzi’. Solo los primeros inversionistas recibieron sus ganancias y les pagaron con las inversiones de los que venían detrás. Ofrecían una oferta muy tentadora con una rentabilidad por encima del mercado”, sostuvo Ghizzo.
Según el abogado denunciante, el Grupo Larrarte tenía enormes gastos operativos porque arrendaba la mayoría de los campos que utilizaba en su negocio y agregó que en un momento se manejó que manejaría 25.000 cabezas de ganado, lo que implicaría poseer 30.000 hectáreas de campo.
“Eso requiere mucho dinero. Hubo una bajante de un 30% del precio del ganado y eso explica por qué la empresa no cumplió con el cronograma de pagos pactados con sus clientes”.
REESTRUCTURACION
El Grupo Larrarte explicó que para mejorar los servicios que presta la empresa “se ha comenzado una reestructuración”, y en la misma “optamos por la puesta en marcha de la organización de un fideicomiso de administración ganadero, el cual ya está avanzado el contrato jurídico que permitirá la seguridad para los inversores y reglas claras de gestión empresarial”.
Actualmente la empresa se encuentra informando y enviando documentos relacionados a los clientes que serán parte de esta nueva etapa y atendiendo paralelamente aquellos casos que no se incorporarán al fideicomiso. “Para ello la empresa viene trabajando en la estructuración financiera a los efectos de cumplir con los compromisos asumidos”, expresaron a través de un comunicado.
El comunicado sostuvo que “Jairo Larrarte en estos meses ha gestado, junto a su equipo, esta nueva etapa y de forma presente continúa abocado a la producción de los campos que están produciendo en el norte”.
