Las economías de los países de América Latina y el Caribe crecerán poco durante 2024. El promedio se ubicará en torno al 2,1% y el escenario global será complejo porque las tasas de interés permanecen altas en los países desarrollados, con mayores costos de financiamiento para las economías emergentes.
La crisis de desarrollo se sustenta en varios pilares, pero se destacan la desigualdad y la baja movilidad social que limitan el desarrollo humano. El retraso en el resultado de los aprendizajes explica, en gran medida, el déficit del crecimiento en el continente latinoamericano y se perpetúa en la demora de la llegada de oportunidades para emplear de manera productiva a esa fuerza de trabajo.
En tiempos electorales en varios países, incluido Uruguay, conviene comprender que los resultados no se dan de un año para otro. Ni siquiera dentro de un período de gobierno, con la excepción de las mejoras en algunos indicadores.
No hay que olvidar la pandemia sanitaria que atravesó la mitad de las vidas de los niños que nacieron los años previos a la COVID-19. Si hoy tienen entre 6 y 8 años, enfrentan consecuencias de desarrollo y aprendizaje. Principalmente si son residentes en hogares pertenecientes a los quintiles 1 y 2.
Las condiciones de empleo que afectaron a las familias incrementaron los niveles de pobreza y afectaron el bienestar emocional. Por lo tanto, aumentó la cantidad de niños que nacen en hogares pobres, cuyo impacto se observó en las instituciones educativas.
El último informe publicado por Unicef, denominado “La infancia como prioridad, Seis desafíos claves de políticas públicas en Uruguay”, confirma que los cambios que se realizan en áreas prioritarias no impactan rápidamente. Y si las transfomaciones se demoran, puede pasar hasta una generación y no ver resultados que atraviesen a las infancias.
“Uno de cada cuatro estudiantes se retrasa durante su trayectoria educativa y la mitad no completa la educación obligatoria, pese a estar en el sistema por más de 12 años”. El documento analiza que en los últimos 20 años “no ha habido progresos significativos” y muestra los resultados que se reiteran en las últimas décadas a través de los estudios de distintos mecanismos.
Las pruebas Aristas y Pisa, así como los documentos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) han sido claros al revelar conclusiones similares.
En el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentado en junio pasado, Uruguay obtuvo una puntuación de 29 sobre 50 en pensamiento creativo. Pero los egresos en la educación media superior son bajos en los comparativos generales.
Unicef advirtió una “muy alta” inasistencia escolar y comparó que en 2023 los alumnos faltaron casi un mes a clases. El elevado índice de desvinculación en educación secundaria –que se arrastra desde hace décadas– permanece en los sectores más desfavorecidos.
En medio de este escenario, a mediados de agosto el Ministerio de Salud Pública dio a conocer los registros de natalidad que marcaron un descenso histórico desde 1900. El año pasado hubo 31.281 nacimientos o 920 menos que el 2022.
En la última Rendición de Cuentas, se promoverá una “hoja de ruta” para revertir la baja natalidad porque se prevé un descenso sostenido que puede ubicarse en menos de 3 millones de personas en los próximos 80 años. Menos población y más longevidad traen consecuencias en los sistemas de protección social. Y, naturalmente, Uruguay es uno de los ejemplos.
Aunque estos temas se discutan más en años electorales, con cifras comparativas entre gobiernos, todos deberán reconocer que el panorama de bajo desarrollo humano y social se extiende por 20 años de forma similar. Quiere decir que los últimos niños, adolescentes y jóvenes pertenecientes a los quintiles más bajos, viven en condiciones similares a pesar de los vaivenes de las economías en los sucesivos gobiernos.
Los resultados de los cambios culturales no se presentan con rapidez. Los planes de acompañamiento que protegen las trayectorias educativas visibilizan la necesidad de mejorar la asistencia en la educación pero requieren de un amplio financiamiento. Y que se sostengan a lo largo de las distintas administraciones. Es decir, establecer una política de Estado.
En Uruguay, era necesario instalar el sistema de escuelas de tiempo completo desde hace varios años para brindar una estabilidad y apoyo en los aprendizajes de una amplia población estudiantil, que sumara otras actividades curriculares.
Sin embargo, su instrumentación en los últimos tiempos demuestra que hubo niños que perdieron esta oportunidad. Algunos de ellos ya son adolescentes o jóvenes y presentan las consecuencias de esa desigualdad en los aprendizajes por las desvinculaciones tempranas.
La mejora en los resultados de lectoescritura y matemáticas –dos materias flojas en las evaluaciones de Uruguay desde hace años– es fundamental porque ambas sientan las bases de las capacitaciones que llegarán después.
Por lo tanto, es posible afirmar que la pandemia hizo lo suyo. Pero las transfomaciones vienen, necesariamente, desde los gobiernos de turno y la rapidez con la que se toman las decisiones.
Seguramente algunos estarán más convencidos que otros de los cambios sociales que trae la educación y que sin mejores resultados tampoco es posible un desarrollo humano ni, por ende, una mejora en los guarismos económicos. Por eso, todo los demás falla hacia abajo y atraviesa a las generaciones.
Al menos en Uruguay, en veinte años se han mantenido las brechas de desigualdad y marginalidad. Mientras tanto, la polémica se instala en los porcentajes que diferencian a un período de gobierno con otro.
Claramente, el problema viene desde mucho antes y su cronicidad no está visibilizada como tal.
