Tiene su explicación que tal vez las nuevas generaciones no hayan sido “sacudidas” por la noticia conocida sobre el fin de semana anterior, cuando la Justicia ordenó el procesamiento con prisión del subcomisario retirado Ricardo Zabala, uno de los responsables de la muerte de Cecilia Fontana de Heber en 1978, por tratarse de un crimen ocurrido hace 46 años, y cuando gran parte de los uruguayos contemporáneos no había nacido.
La jueza Silvia Urioste procesó al subcomisario Zabala con prisión “en calidad de presunto coautor penalmente responsable de un delito de homicidio especialmente agravado y muy especialmente agravado”.
Es preciso situarse en aquel período de la dictadura que se instauró en el Uruguay el 27 de junio de 1973, cuando ya los tupamaros habían sido desmantelados, y contrariamente a la fábula que se encargaron de difundir, no llegaron a disparar un solo tiro contra la dictadura, por cuanto su alzamiento había tenido lugar desde la década de 1960, cuando había un régimen democrático en Uruguay. La lucha armada había sido extinguida a principios de la de 1970, también todavía durante la vigencia de un régimen democrático, aunque ya con signos evidentes de autoritarismo.
Quiere decir que este asesinato vinculado a operadores de la dictadura no tuvo lugar durante el “combate” del terrorismo de izquierda, sino que es signo inequívoco de fuerzas represoras que se dirigían contra dirigentes opositores al régimen, en este caso del Partido Nacional.
Respecto al crimen de Fontana de Heber, más allá de la conmoción por el acto en sí, evidentemente tuvo ribetes propios de una novela negra y producto de una mente febril dedicada full time a operar en las sombras con el objetivo de acallar y atemorizar a quienes procuraban el retorno de Uruguay a la democracia por la vía pacífica, con el apoyo de las grandes mayorías populares.
Fernando Heber, hijo de Fontana y hermano del senador del Partido Nacional Luis Alberto Heber expuso en estos días que “hace más de 20 años, al influjo del Prof. Carlos Julio Pereyra y el Dr. Javier Barrios Bove decidimos no dar por terminada la búsqueda de la verdad, concurriendo nuevamente a los juzgados, en silencio una y otra vez”.
“Salvo los ya nombrados (Pereyra y Barrios) y nuestro Partido Nacional, no encontramos colaboración. Como que algo molestaba que nuestra madre y nuestro Partido hayan sido blanco de la dictadura por su incesante búsqueda y lucha por la libertad y defensa de la democracia”, agregó.
“Basta recordar las palabras resentidas del senador José Korzeniak en nombre del Frente Amplio, dichas en el Parlamento cuando en nuestra búsqueda de la verdad intentábamos su declaración como de Lesa Humanidad para que no prescribiera y llegar a que se haga Justicia”, suscribió.
La comisión investigadora de la Cámara de Senadores presentó su informe en agosto de 1986 y no arribó a conclusiones que asignaran responsabilidades materiales ni políticas. La causa fue reabierta en 2006 y archivada en 2017, pero en 2020 se solicitó nuevamente la reapertura del caso.
Cecilia Fontana falleció el 5 de setiembre de 1978. Una semana antes, habían llegado tres botellas de vino blanco a las casas de los senadores nacionalistas Luis Alberto Lacalle Herrera, Carlos Julio Pereyra y Mario Heber, esposo de Fontana. La mujer probó el vino que contenía fuerte concentración del pesticida Fosdrin, lo que le produjo la muerte por envenenamiento.
Fontana tenía cinco hijos —entre ellos el hoy senador del Partido Nacional Luis Alberto Heber— y 49 años cuando falleció.
El procesamiento de Zabala, que se rige por el viejo Código del Proceso Penal, fue dictado por la jueza Silvia Urioste tras el pedido del fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe.
En su pedido de procesamiento, emitido en diciembre de 2023, Perciballe señaló a Zabala por haber formado “parte del grupo de conjurados que premeditadamente orquestaron la remisión de las botellas con veneno hacia tres reconocidos opositores políticos al régimen dictatorial”. Subrayó que esta entrega resultó en la muerte de Fontana pero que “pudieron haber corrido igual suerte los destinatarios de las otras botellas y aún quienes estos convidaran con la bebida”.
La prueba más fuerte para acusar a Zabala como el responsable de esta entrega fue la presencia de sus huellas dactilares en una de las botellas, un hecho que se conoció diez años después del crimen, pero se presume que otras personas estuvieron vinculadas al crimen de Fontana.
Este es otro capítulo aciago de nuestro pasado reciente, pero sin dudas no ha formado parte de los reclamos de manifestaciones como la Marcha del Silencio, que también refiere a un tema muy sensible, de enorme impacto en nuestro país, como es el reclamo de que se conozca la verdad sobre detenidos desaparecidos durante la dictadura. Es que la toma del poder por gobiernos militares o cívico militares en la región, pero sobre todo en el caso concreto de Uruguay y Argentina, con la institucionalidad aplastada, se cometió un largo reguero de crímenes, entre ellos asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y detenciones sin juicio en condiciones infrahumanas.
En este tema particularmente sensible no puede obviarse la “manija” ideológica, porque los reclamos, si bien son invocados en nombre de “todo el pueblo”, proceden unidireccionalmente de los grupos más radicales de izquierda, entre ellos los propios exguerrilleros tupamaros y grupos afines, algunos de ellos los mismos grupos que apañaron por acción o por omisión los actos terroristas del movimiento tupamaro, que comenzaron en la década de 1960, con la intención de instalar un régimen similar al de Cuba, desde que los guerrilleros estaban inspirados en los postulados de la revolución cubana, que había tomado el poder años antes en la isla caribeña. Incluso algunos tupamaros fueron entrenados por la guerrilla urbana y rural en la Cuba de Castro.
Por lo tanto, en un mundo en blanco y negro, tuvieron enorme responsabilidad los guerrilleros urbanos al sacar de sus cuarteles a los militares, por haber sembrado el caos con sus actos terroristas y hacer que la policía, que es el instrumento que tiene el Estado para defender la paz interna, resultara impotente para reprimir estos grupos altamente organizados, entrenados y equipados por Cuba y la Unión Soviética, solapados en las sombras, en tanto los tupamaros que eran llevados ante la justicia –civil– cuando eran capturados, eran sacados de los juzgados por los propios compañeros de guerrilla en acciones comando, cuando todavía no había dictadura.
Y una vez más, para todos los demócratas, que estamos por los derechos humanos en cualquier situación y no ponemos como prioridad los derechos de unos sobre los de otros por motivos ideológicos, de género o de lo que sea, la premisa que corresponde anteponer por cualquiera otra consideración es de reclamar “nunca más terrorismo”; a secas, del signo que sea, tanto desde las instituciones del Estado, como de los grupos radicales violentos.
