La presencia de animales sueltos en la vía pública es un problema sanducero que permanentemente está generando accidentes de diversa entidad que van desde caídas o sin lesionados a personas que fallecen como consecuencia de esos eventos. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española (RAE) se entiende por accidente todo “suceso eventual o acción de que involuntariamente resulta daño para las personas o las cosas”. Pero como se dice comúnmente, “si se puede prevenir no es un accidente” y eso es lo que falta en relación con este tema en Paysandú: prevención. Asimismo, hay que tener en cuenta que los animales que se alimentan de residuos orgánicos en basurales constituyen un riesgo de propagación de enfermedades infecciosas a otros animales y a personas. A todo ello hay que sumarle que estos animales pueden atropellar a las personas –eso también ha sucedido– y que en todos los casos y en cada uno de ellos dan una pésima imagen de la ciudad.
A primera vista, este problema podría ser considerado únicamente desde la perspectiva del bienestar animal o de los riesgos sanitarios relacionados, pero la realidad es bastante más compleja de lo que establecen algunas normas vigentes. En efecto, eldecretoN°233/022 dictado por el Poder Ejecutivo el 01/08/22 establece que “La Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la División Sanidad Animal, dispondrá mediante resolución fundada, previa inspección, el decomiso definitivo, de todos aquellos animales de las especies bovina, ovina, porcina, caprina o equina, de dueño conocido o desconocido, retenidos (intervenidos) por las Jefaturas de Policía del Ministerio del Interior en todo el territorio nacional, por encontrarse en la vía pública, dentro de vertederos o basurales municipales, siempre que no fueran retirados por su titular en un máximo de setenta y dos horas luego de su notificación”. Por su parte el artículo 74 del Código Rural dispone que la policía no permitirá en los caminos públicos el estacionamiento de ninguna clase de vehículo, de tropa de ganado o arreos, ni la existencia de animales sueltos, ni pastoreo alguno.
Es importante tener en cuenta que de acuerdo con el decreto N°82/000 de 29/02/2000 toda persona física o jurídica que posea un animal doméstico o un animal silvestre en cautiverio, está obligada a: a) mantenerlo en condiciones físicas y sanitarias adecuadas, inmunizándolo contra las enfermedades transmisibles y combatir las que ya padezca; b) proporcionarle alojamiento, alimento y abrigo en cantidad y calidad suficientes a las características de su especie o raza; c) prestarle trato adecuado a su especie o raza; d) pagar los tributos nacionales o municipales que, en razón de la posesión del animal las autoridades establecieren; e) no dejarlo suelto o abandonado y f) dar libre acceso a las autoridades competentes a los efectos de la fiscalización y contralor de la tenencia del animal.
Es más: de acuerdo con la Ley N°19.471 de 27/03/09 toda persona física o jurídica que abandone deliberadamente un animal del cual es tenedora, seguirá siendo responsable del mismo y de los perjuicios que éste ocasionare a terceros, conforme con lo dispuesto por el Código Civil y a las sanciones previstas en esa norma legal, a saber: a) apercibimiento, b) multa de 1 a 500 UR (una a quinientas unidades reajustables), c) confiscación de los animales, d) cancelación o suspensión de autorizaciones, permisos o habilitaciones y e) prohibición temporal o definitiva de tenencia de animales. ¿Cuántos casos conocen nuestros lectores en los cuales se hayan aplicado tajantemente estas normas? ¿Cuántos tenedores o propietarios de animales han sido sancionados con todo el peso de la ley por las conductas tipificadas en estas normas? Pocos; muy pocos. Si así fuese, seguramente no habría ningún caballo deambulando por la calle, porque es verdad que para su propietario es muy importante, en algún caso su fuente de sustento, por lo cual jamás se arriesgaría a perderlo por soltarlo a la vía pública. Es así que la norma es “letra muerta”, una de las tantas que se vota a conciencia de que no se va a hacer cumplir, pero cumple la función de taparle el ojo a la ciudadanía como que se hizo algo para atender el problema.
Forma parte de la “inflación legislativa” que aqueja a nuestro Parlamento desde hace muchos años y en virtud de la cual lo importante es votar el mayor número de leyes posibles, para así dejar contentos a los eventuales votantes.
Pero más allá de la ley de utilería, hay algo que está por encima: la obligación de velar por la seguridad en el tránsito. Y eso en el área urbana es 100% responsabilidad de la Intendencia, que juega un papel fundamental en esta trama donde los responsable de los animales nunca aparecen cuando se produce una tragedia. Porque si bien no es resorte municipal controlar que cada animal tenga su marca o chip que permita identificar a su dueño, al no cumplir con el retiro de éstos de la vía pública resulta gratis largarlos a su suerte para que se alimenten a la vera de calles, caminos, en los jardines o en las volquetas. Por eso cuando ocurre una tragedia –como la que sucedió en Avenida de las Américas en la fatídica noche del pasado 10 de setiembre, en la que un caballo suelto provocó un siniestro que dejó a un joven en CTI luchando por su vida–, la Intendencia es cómplice del responsable directo, que es el dueño del animal. No hizo nada por evitarlo, aún cuando se le está advirtiendo todos los días del peligro que todos ven pero que la Intendencia ignora olímpicamente.
¿Qué autoridad se anima a dar la cara y pedirle disculpas a la familia Borthagaray – Soler por el irreparable daño y el dolor que produjeron por no cumplir con su rol, quizás para evitar perder algún voto?
Desde estas mismas páginas lo venimos advirtiendo desde hace más de 3 años, con más de 350 imágenes que documentan la inoperancia municipal. En ese tiempo sucedieron cosas terribles; varias. La última víctima fue Sebastián, un joven estudiante con un futuro prometedor que se vio truncado porque a “alguien” se le “escapó” un caballo.
El daño está hecho y es irreparable, pero si la Intendencia no asume su rol en el contralor de la seguridad en el tránsito, lamentablemente no será la última tragedia que tendremos que lamentar.