Cuando recién se han iniciado los contactos para la transición inherente al próximo cambio de gobierno, es oportuno traer a colación reflexiones sobre las alternativas de esta renovación en la conducción de los destinos del país, con el antecedente de lo que ha ocurrido cada vez que ha tenido lugar este proceso luego de cada elección nacional.
Debe tenerse presente que se estima que habrá una renovación de unos cuatro mil cargos en el gobierno nacional, particularmente cargos de particular confianza, y por lo tanto saldrán otros tantos funcionarios que los están ocupando actualmente, y que también vinieron con el gobierno ahora saliente.
Este período de transición y a la vez la instalación de las nuevas autoridades conlleva no menos de seis meses y hasta un año en que el manejo del gobierno está poco menos que en piloto automático, a la espera de definiciones y la puesta en marcha desde el punto de vista práctico de la gestión de las nuevas autoridades.
De todas formas, la experiencia indica que por más campañas electorales y propuestas que se generen a efectos de captar la adhesión del electorado a la causa, en los hechos ningún partido ha dado lugar a un cambio traumático en su acceso al poder, en particular porque desde el Poder Ejecutivo y el Parlamento el propio ganador se ha encargado de controlar a los grupos más radicales y a los que eventualmente tengan la intención de dar un vuelco explosivo, y en cambio felizmente ha primado el sentido común respecto a gobernar en una línea de cierta continuidad, más allá de que cada gobernante le ha dado su impronta a la gestión.
Es decir que a la hora de aterrizar los proyectos existe un statu quo y un esquema estructural sobre el que cada gobierno debe apoyar su gestión, y pese al talante que puedan tener algunos grupos de presionar para que se actúe en forma refundacional, en los hechos hay siempre un país en marcha, una gestión, un tramado institucional pero también un tejido socioeconómico que requiere una continuidad sin perder de vista la dirección y el énfasis de gobernar en base a las propuestas que han contado con el respaldo del electorado.
Y es lógico que se hagan las cosas de esta manera, porque ni siquiera en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, y más bien en los quince años en los que gobernó la izquierda, pese al anuncio de que “temblarán las raíces de los arboles”, en los hechos no se trató más que de una manifestación de enganche, tal vez para conformar a la base electoral más radical, porque a la hora de afrontar las responsabilidades de gobierno, se asume que hay un país en marcha y que los eventuales correctivos, en el mejor de los casos, responderán a un proceso gradual.
Así se evitan eventuales traumas, pero ello también hace que muchas veces y en diversas áreas todavía se esté en este proceso cuando ya se acerca la próxima elección, y así sucesivamente.
Además, porque pese a todo lo que se diga en campaña electoral, las medidas que se adopten no siempre serán simpáticas –si es que se quiere hacer las cosas bien– y por lo tanto este trago amargo debe enfrentarse en el primer año o a lo sumo en el segundo año de gobierno, mientras dure la sintonía o luna de miel con el electorado todavía esperanzado en los cambios que se anuncian.
La realidad es la que manda, consecuentemente, por encima de las intenciones que se tenga, y las primeras acciones deberían encaminarse primero a mejorar lo que ya está en marcha, en el marco de las políticas propias, en el entendido además de que los recursos son finitos, de que deben volcarse en una escala de prioridades y que con estas prioridades no todos van a estar de acuerdo, cuando hay tantas necesidades y planteos a considerar.
Hay demás un aspecto clave, y es el que tiene que ver con la instrumentación de políticas de Estado en áreas estratégicas, que tienen que ver por ejemplo con la energía, con la salud, la vivienda, el comercio exterior, el agro, entre otras, donde las acciones deben encaminarse dentro de determinados parámetros por tratarse de ciclos de mediano y largo plazo.
De ahí que tener resultados lleve su tiempo y se apele a lo que señalábamos, es decir no descartar de plano todo lo que está hecho y en marcha, y de estimarse positivo para el país o eventualmente resultar contraproducente o inconveniente desmontarlo, tratar de perfeccionarlo o modificarlo para lograr los mejores resultados.
Ello se dio claramente en lo que respecta a las inversiones forestales: cuando se aprobó la Ley de Desarrollo Forestal, en 1987, la izquierda, que estaba entonces en la oposición, una vez llegó al gobierno, cambió su postura y apoyó decididamente las inversiones y las políticas de desarrollo forestal, que llevaron a la instalación de las plantas de celulosa y otros proyectos enmarcados en esta dirección, al punto de que se trata del principal rubro exportador del Uruguay.
Es decir que se actuó a tono con las responsabilidades de gobierno más allá de todo lo que se había dicho y hecho cuando se estaba en la oposición, y ello es indicativo de estar a tono con lo que cabe esperar cuando se asume la conducción de un país, más allá de los enunciados cuando se está en la oposición.
Lo mismo debería esperarse respecto a proyectos y acuerdos y en marcha, entre los cuales el atinente a la ruta del hidrógeno verde, una política de energías renovables que atañe directamente a Paysandú, al ser parte de un proyecto de inversiones por más de cuatro mil millones de dólares, y cuando ha transcurrido poco tiempo desde que la Unión Europea y Uruguay firmaran un nuevo acuerdo para la implementación de la hoja de ruta de hidrógeno verde que contará con una subvención de dos millones de euros del bloque europeo a nuestro país, con el objetivo de “apoyar los sectores renovables” y “facilitar las inversiones”, en un nuevo paso que es significativo en cuanto a reafirmar objetivos y generar condiciones para que pueda materializarse en concreciones este camino de cooperación en intereses compartidos.
También es relevante la aprobación del acuerdo marco bilateral con el Banco Europeo de Inversiones, que implica que este organismo ahora puede financiar proyectos públicos de energía en nuestro país, en tanto se espera que en 2040 el país produzca un millón de toneladas de hidrógeno de cero emisiones, lo que posibilitaría una inversión de 18.000 millones de dólares y más de 30.000 puestos de trabajo para nuestro país.
Esta problemática debe valorarse especialmente en Uruguay, donde como en otros países del tercer mundo se ha instalado históricamente un círculo vicioso que contribuye a realimentar causas y efectos de los problemas estructurales y coyunturales, donde además las urgencias hacen postergar lo importante en aras de ir zafando de las crisis como se pueda, aunque a costa de condicionar el futuro.
Y es fundamental que estos aspectos se tengan en cuenta por el nuevo gobierno, pero también por la nueva oposición, para entre todos contribuir a que a todos nos vaya mejor, y que el país se encamine sostenidamente hacia un futuro más prometedor.
